Doctrina Administrativa

• La entrega del inmueble debe entenderse devengada en la fecha de formalización de la escritura pública de compraventa
• Vínculo entre subvenciones y precio: no es necesario que el beneficiario directo de la prestación sea el destinatario del servicio
• Plazo para dictar una nueva liquidación derivada de una resolución económica-administrativa
• Tratamiento en el IRPF del derecho de “arrimo recíproco”
• Tratamiento en el IRPF de la deducción por vivienda habitual cuando exista cesión del condominio del inmueble mediando el pago de un precio

La Dirección General de Tributos ha preparado un Informe, de fecha 23 de diciembre de 2014, sobre la vigencia del listado de paraísos fiscales contenido en el RD 1080/1991 (Paraísos Fiscales), que a pesar de la nueva concepción de paraíso fiscal adoptada por nuestro ordenamiento jurídico en los últimos años no ha sido superado por otro posterior en el tiempo, manteniéndose vigente con parches, en el sentido de que el listado puede no ser aplicado si los territorios o países contenidos en él ha aprobado instrumentos de intercambio de información tributaria con España.

• Normativa aplicable en la devolución del ingreso realizado en concepto de pago previo de la tasa
• Eventos denominados “Call TV”: determinación del sujeto pasivo
• Devengo de las tasas aeroportuarias
• Recurso “per saltum”: elegido un procedimiento, éste es indisponible tanto para el interesado como para la Administración
• Delimitación entre personal de alta dirección y miembro del Consejo de Administración: si la relación es mercantil la indemnización por renuncia no goza de reducción
• La Administración tiene facultad para comprobar bases imponibles negativas de ejercicios anteriores prescritos que afectan a períodos no prescritos
• Imposibilidad de aportar en vía de revisión documentos o pruebas que pudieron aportarse en el procedimiento de aplicación de los tributos
• Calificación de los juros: ¿dividendos o intereses?

El Tribunal Económico-Administrativo Central, en su resolución de 4 de diciembre de 2014, en recurso extraordinario de alzada para la unificación de criterio fija como criterio que, cuando para un mismo período y concepto impositivo objeto de un procedimiento inspector, existen motivos de regularización en la que se aprecian indicios de delito contra la Hacienda Pública junto con irregularidades meramente administrativas por hechos distintos y sin conexión con los hechos presuntamente delictivos, es posible su desagregación, dictando la correspondiente liquidación provisional en la parte en la que no concurren los elementos característicos del tipo penal.

La consulta de la Dirección General de Tributos, de 20 de octubre de 2014, arroja un poco de luz sobre una cuestión de la que no es fácil encontrar documentación doctrinal o jurisprudencial, cual es la relativa a las consecuencias jurídicas que se derivan del asesoramiento defectuoso.

Más específicamente, lo que se aborda en la consulta es la deducibilidad en el Impuesto sobre Sociedades de las sanciones impuestas al contribuyente de las que se hace cargo el asesor.

• Consideración fiscal como “fábrica” de una instalación de producción de energía eléctrica: requisitos y consecuencias del incumplimiento de los mismos
• Tratamiento fiscal de la devolución indirecta de aportaciones a los socios
• Consideración como firme de una sentencia que no lo era: ¿Error de hecho o de derecho?
• Valoración de documentos obrantes en el expediente no traducidos a ninguna lengua oficial
• Relación entre la prescripción de la acción para liquidar y recaudar
• La devolución a no establecidos y la importancia de la calificación de la operación -entrega de bienes o prestación de servicios- para determinar el lugar de realización
• Alquilar una plaza de garaje a efectos de IRPF e IVA
• Contabilización y tributación en el IS de las indemnizaciones reconocidas por sentencia firme y pendiente de recurso
• La interposición de demanda de juicio ordinario que se produce una vez archivado el procedimiento monitorio está sujeta a la tasa judicial
• Liquidaciones provisionales y definitivas en el ICIO

En la página de la Agencia Tributaria, se ha publicado la Instrucción 3/2014, de 19 de noviembre, de la Directora del Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, para la suscripción de acuerdos singulares con obligados declarados en concurso de acreedores, la cual tiene por objeto sistematizar los criterios en la materia para homologar y coordinar las actuaciones de los órganos de recaudación de la AEAT, estableciendo para ello las condiciones generales para la suscripción de acuerdos singulares con obligados declarados en concurso de acreedores, si bien se advierte que los referidos criterios no son nuevos ni discrepan de los anteriores sino que lo que pretender es aclarar ciertos aspectos que han venido resultando confusos y lograr con ello una igualdad de actuaciones en situaciones similares.

La Dirección General de Tributos en una consulta vinculante de 11 de septiembre de 2014, de acuerdo con la línea jurisprudencial del Tribunal Supremo señala que, procede la sujeción a la tasa tanto en la interposición de recursos de casación contra autos como sentencias, por lo que ha de entenderse sujeta a la tasa citada el recurso de casación interpuesto contra un auto judicial dictado en procedimiento de ejecución definitiva.

En una consulta vinculante de 10 de diciembre de 2012, la Dirección General interpretaba que el alcance objetivo de la norma reproducida se circunscribía de forma exclusiva a los recursos contra sentencias.  Sin embargo el Tribunal Supremo, en su Auto de 27 de junio de 2013, ha considerado, con fundamento en la literalidad de la norma, que en los supuestos de recursos de casación, al no hacerse distinción alguna, procede la sujeción a la tasa tanto en los casos de interposición contra autos como sentencias, por lo que ha de entenderse sujeta a la tasa citada el recurso de casación interpuesto contra un auto judicial dictado en procedimiento de ejecución definitiva.

• La Administración no está obligada ope legis a acudir a los métodos de comprobación de valores para determinar el alcance de la responsabilidad tributaria
• Para atribuir la condición de empresario al titular de un terreno se exige que este asuma el coste de la transformación física del mismo, no siendo suficiente con que satisfaga gastos administrativos
• Recargos por declaración extemporánea: espontaneidad versus requerimiento previo
• Notificación realizada por agente tributario: valor jurídico del aviso de llegada
• La Administración goza de discrecionalidad para elegir el método de comprobación de valores procedente de entre todos los posibles
• Prescripción administrativa cuando todavía no hay prescripción penal: si el delito está vivo, lo está la responsabilidad civil -la deuda tributaria ingresada-
• Prohibición del efecto vertical descendente -aplicación directa de la norma europea en perjuicio del obligado tributario-
• No procede la reducción del 25% de la sanción cuando se aportan garantías distintas a las exigidas por el art. 188.3.a) Ley 58/2003 (LGT)
• La DGT aclara cómo debe hacerse el cómputo de los días de desplazamiento a efectos del cálculo de la exención por trabajos realizados en el extranjero

El Tribunal Económico-Administrativo Central, en su resolución de 30 de octubre de 2014, en recurso extraordinario de alzada para la unificación de criterio analiza, una vez concretados cuales son los elementos de partida para determinar cuál es el alcance de la responsabilidad del presunto responsable solidario, las actuaciones que lleva a cabo la Administración tributaria para la valoración de los bienes ocultados o transmitidos que hubieran podido embargarse o enajenarse.