Doctrina Administrativa

El Tribunal Económico-Administrativo Central, en su resolución de 8 de mayo de 2014, analiza las distintas situaciones que se pueden dar ante la comunicación tardía del contribuyente a la Administración tributaria de la interposición de un recurso contencioso administrativo con solicitud de suspensión, cambiando el criterio respecto a la liquidación en ejecución dictada sin haber practicado el interesado la comunicación a que se refiere el art. 233.8 de la Ley 58/2003 (LGT) pero después de haber solicitado al órgano jurisdiccional la suspensión.

La Dirección General de Tributos ha analizado en su consulta, de 26 de marzo de 2014, la posibilidad de aplicar la deducción por inversión de beneficios del art. 37 RDLeg. 4/2004 (TR Ley IS) a las obras de adecuación de un local que se pretende utilizar como almacén afecto a la actividad de restaurante.

• Legitimación para la impugnación de la diligencia de embargo
• Cómputo de los intereses de demora: fecha final de devengo
• Prorrata general y prorrata especial: Revocabilidad/ Irrevocabilidad de la opción ejercitada
• Cambio de criterio del TEAC respecto de las devoluciones a no establecidos
• Cómputo de la caducidad en los procedimientos tributarios: efecto de los intentos de notificación
• Las costas judiciales deben incluir las cuotas devengadas por IVA
• Digitalización certificada de facturas
• Consideración de gastos e ingresos financieros a los efectos de la aplicación de la limitación en su deducibilidad del gasto financiero neto
• No se pierde la exención de la indemnización por despido en caso de relación laboral previa con entidad vinculada
• Tipo reducido para entidades de nueva creación constituidas a partir de 1 de enero de 2013
• Análisis a fondo del Impuesto sobre los gases fluorados de efecto invernadero

La Dirección General de Tributos ha publicado su consulta de 21 de marzo de 2014, que contiene el análisis de una interesante situación de hecho en relación con una operación de compraventa sometida al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales.

En concreto, se trata de una operación de compraventa entre una conocida entidad bancaria, intervenida por el FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria), ente público adscrito a la Administración General del Estado, a través de su control del BFA (Banco Financiero y de Ahorros), del que la entidad bancaria vendedora es filial.

El Tribunal Económico-Administrativo Central, en su resolución de 8 de mayo de 2014, resuelve, en recurso extraordinario de alzada para la unificación de criterio, que resulta requisito esencial para la rectificación de la autoliquidación la acreditación de perjuicio en los "intereses legítimos" del obligado tributario y, ante la presentación de una autoliquidación por IRPF con rentas superiores a 1.800 euros por parte de un contribuyente que no estaba obligado a dicha presentación, puede considerarse como “interés legítimo” del presentador de esa autoliquidación el interés de sus ascendientes en aplicar en sus propias autoliquidaciones reducciones ligadas a la existencia del descendiente que son incompatibles con la presentación de la autoliquidación por parte de este último.

El Tribunal Económico-Administrativo Central, en su resolución de 8 de mayo de 2014, resuelve, en recurso extraordinario de alzada para la unificación de criterio, que en relación con la posibilidad de que el nudo propietario pueda erigirse en beneficiario de la deducción por inversión en vivienda habitual, existe diferencia en virtud de si la adquisición lo ha sido por un negocio jurídico intervivos o mortis causa.

Pues bien, son muchas las resoluciones judiciales relativas a la cuestión planteada, que exponen el criterio compartido por el TEAC de que en supuestos de adquisiciones por actos o negocios intervivos, no procedería la deducción por adquisición de vivienda habitual, pues no se cumple dicho requisito de inversión en la modalidad de adquisición de la vivienda habitual cuando lo que se adquiere es meramente la nuda propiedad desgajada del derecho a usar y disfrutar de la cosa, facultad que se confiere a un tercero mediante la constitución de un derecho de usufructo, y ello con independencia de que el derecho de uso a su vez se lo vuelva a recibir por cualquier acto o negocio jurídico que le permita utilizar, ocupar y habitar la vivienda.

• Liquidaciones aduaneras: Validez de pruebas con posterioridad al levante de las mercancías
• Efectos derivados de la utilización improcedente del procedimiento de verificación de datos para comprobar actividades económicas
• Devolución del “céntimo sanitario”
• Viviendas de protección pública acogidas a la normativa autonómica
• Reserva para inversiones en Canarias (RIC): incumplimiento del plazo de mantenimiento
• La dotación a la provisión por depreciación de existencias basada en meras expectativas no es deducible
• Si los ingresos financieros forman parte de la actividad ordinaria de la empresa deben incluirse dentro de la cifra de negocios
• La notificación de un nuevo acuerdo en respuesta a las alegaciones del interesado no desvirtúa el dies ad quem que es la fecha de notificación del acuerdo de liquidación
• Imputación de la ganancia patrimonial procedente de la parte adicional de justiprecio reconocida en sentencias del Tribunal Supremo que adquieren firmeza en un determinado ejercicio
• Gastos deducibles: retenciones de trabajo personal correspondientes a ejercicios anteriores
• Concepto de entidad comercializadora inscrita en la CNMV a efectos de la aplicación del régimen de diferimiento a la transmisión de participaciones en IIC
• Modificación de la base imponible: remisión del documento rectificativo por burofax
• Digitalización certificada de facturas
• El régimen de “kafala” da derecho al mínimo por descendiente
• La prestación por desempleo en su modalidad de pago único no debe incluirse en el modelo 347

El Tribunal Económico-Administrativo Central, en sus resoluciones de 30 de abril de 2014, RG 3155/2010 y RG 3335/2010, resuelve que en las actuaciones de comprobación e investigación la competencia territorial de los órganos de Inspección viene determinada por el domicilio fiscal del contribuyente en el momento del inicio de las actuaciones inspectoras, sin que quepa confundir la norma de atribución de competencia territorial con la del lugar en que cabe desarrollar las actuaciones inspectoras.

El Tribunal Económico-Administrativo Central, en su resolución de 8 de abril de 2014, en recurso extraordinario de alzada para la unificación de criterio  determina que las compras a particulares de objetos usados de oro y otros metales por parte de quienes ostenten la condición de empresarios o profesionales, quedan fuera del ámbito del IVA al no tener los transmitentes tal condición de empresarios o profesionales.

• Plazo para interponer reclamación económico-administrativa o recurso: el sábado no festivo no es inhábil 
• El devengo del IVA en los contratos de arrendamiento de bienes con cláusula de transferencia de la propiedad vinculante para ambas partes
• Notificaciones realizadas en el domicilio fiscal del obligado tributario a persona distinta del representante de la entidad
• Cuantificación del canon de regulación y tarifa de utilización del agua: exclusión de los fondos FEDER y repercusión del IBI
• Imposibilidad de aportar en recurso de reposición pruebas o documentos que pudieron ser aportados previamente: indefensión
• El arrendamiento de vivienda por una sociedad mercantil para destinarla al uso de una persona física perteneciente a la misma no está exento
• Consolidación fiscal: eliminación de dividendos internos y dotaciones a la RIC
• La DGT insiste en la irregularidad de la pensión compensatoria abonada en pago único a pesar de la posición contraria del TS
• La DGT, siguiendo al TS, admite la posibilidad de probar más allá de los límites establecidos en el art. 1.227 CC la realidad de la operación