Doctrina Administrativa

El Tribunal Económico-Administrativo Central, en su resolución de 27 de febrero de 2014, en recurso extraordinario de alzada para la unificación de criterio, unifica criterio en relación con la posibilidad de obtener la reducción prevista en el art. 188.3 de la Ley 58/2003 (LGT) por el responsable cuando las sanciones susceptibles de reducción ya lo estuvieran en parte -en un 30 por ciento- como consecuencia de la conformidad del deudor principal.

Dicho de otro modo, la cuestión planteada consiste en determinar en los casos de aplicación retroactiva de lo dispuesto en el art. 41.4 de la Ley 58/2003 (LGT), en los que no proceda la anulación del acuerdo de declaración de responsabilidad porque las sanciones susceptibles de reducción ya lo estuvieran en parte -en un 30 por ciento- como consecuencia de la conformidad del deudor principal, si cabe o no que los Tribunales Económico-Administrativos ordenen la notificación por segunda vez del correspondiente acuerdo de declaración de responsabilidad a los efectos de que el declarado responsable pueda optar por la opción de beneficiarse de la reducción de las sanciones regulada en el art. 188.3 de la misma Ley 58/2003 (LGT), esto es, del 25 por ciento.

El Tribunal Económico-Administrativo Central, en su resolución de 6 de febrero de 2014, en recurso extraordinario de alzada para la unificación de criterio, fija criterio en relación con la siguiente cuestión: la deducibilidad o no en el IS de las cantidades satisfechas por una sociedad a su administrador, cuando el cargo de administrador es gratuito de acuerdo con los estatutos sociales y el administrador ejerce funciones de dirección.

• Falta de autorización administrativa para el ejercicio de la actividad de alquiler de vehículos
• Los requerimientos individualizados de obtención de información formulados por las unidades de módulos no suponen el inicio de un procedimiento de comprobación o investigación
• Cómputo del plazo para interponer una reclamación económico-administrativa: de fecha a fecha
• Autoliquidación complementaria con resultado a ingresar cuando la autoliquidación inicial fue erróneamente a devolver
• La comunicación de modificación de la base imponible por un contribuyente a la Administración no supone el inicio de procedimiento alguno
• El valor real del coste de la obra no puede ser otro que el de ejecución material de la misma
• Otorgamiento de escritura pública de compraventa sometida a condiciones suspensivas
• La comprobación de valores en la transmisión hereditaria de acciones
• La ejecución hipotecaria instada por un avalista impide la devolución del ITP relativo a la adjudicación del bien
• Condonación de créditos por la sociedad dominante de un grupo empresarial
• El ejercicio de funciones de dirección no exige su efectiva remuneración para que concurra la exención en el IP en quien las ejerce
• El régimen especial de los trabajadores desplazados exime de la obligación de información sobre los bienes y derechos situados en el extranjero

El Tribunal Económico-Administrativo Central, en su resolución de 19 de febrero de 2014, cambia el criterio hasta ahora sostenido en resoluciones anteriores, y se ajusta al mantenido por la Audiencia Nacional en su reciente jurisprudencia en relación con el plazo para la modificación de la base imponible en los procedimientos concursales.

La Agencia Tributaria ha hecho pública una serie de preguntas sobre la declaración informativa de bienes y derechos situados en el extranjero cuyo plazo de declaración finaliza el próximo 31 de marzo.

Como se recordará su regulación legal se encuentra en la disposición adicional 18ª de la Ley General Tributaria –Ley 58/2003-, en los artículos 42 bis, 42 ter y 54 bis del Reglamento  General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos – Real Decreto 1558/2012- y por último, la aprobación del modelo de esta declaración y el procedimiento para su presentación, se ha llevado a cabo a través de la Orden HAP/72/2013, de 30 de enero.

La Dirección General de Tributos ha analizado en su consulta, de 27 de enero de 2014, la posibilidad de aplicar la reducción del art. 18.2.a) Ley 35/2006 (Ley IRPF),a los premios a la constancia  que habitualmente establecen los convenios colectivos -en el supuesto concreto analizado, cuando se cumplan 15 y  25 años de servicio-.

La consulta de la Dirección General de Tributos, de 20 de enero de 2014, ha dado respuesta a la pregunta sobre la exigencia o no de una permanencia mínima para poder aplicar la deducción por alquiler de vivienda habitual que se regula el art. 68.7 Ley 35/2006 (Ley IRPF).

A este respecto, hay que tener en cuenta que a  pesar de utilizarse en la rúbrica del art. 68.7 antes citado la expresión “vivienda habitual” y teniendo desarrollado tal concepto en la propia Ley 35/2006 (Ley IRPF) en su Disposición Adicional vigésimo tercera y en el RD 439/2007 (Rgto IRPF) en su art. 41.bis, donde se establece que tendrá dicha consideración la edificación que constituya su residencia durante un plazo continuado de, al menos, tres años, debiendo ser habitada de manera efectiva y con carácter permanente por el propio contribuyente, en un plazo de doce meses, contados a partir de la fecha de adquisición, bien es cierto que tanto la Disposición Adicional vigésimo tercera como el art. 41.bis antes referidos, en su rúbrica especifican qué debemos entender por vivienda habitual a efectos de determinadas exenciones.

• Aplicabilidad de la reducción de rentas procedentes de determinados activos intangibles en el IS cuando la cesión se realiza a un Ministerio de Defensa o Fuerza Armada
• Plazo de reposición de activos perdidos por un siniestro en los que se ha materializado la RIC
• Las plazas de garaje y los trasteros también dan derecho a la reducción por el arrendamiento de vivienda
• Penalización por incumplimiento de permanencia en una compañía telefónica
• Nuevo tratamiento de las rentas negativas en el régimen especial de las UTES
• Grupo fiscal en el IS y reversión de pérdidas por deterioro

Al prestatario de un crédito hipotecario, se le plantea por la entidad prestamista la posibilidad de eliminar la cláusula suelo de su préstamo a partir de una determinada fecha, reduciendo el interés de forma temporal hasta alcanzar la eliminación total de la cláusula.

Pues bien, la supresión o modificación de esa cláusula suelo debe entenderse como una modificación relativa al tipo de interés del préstamo, lo que hace recaer de lleno la tributación de la operación, una vez escriturada, por el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados.

La Dirección General de Tributos, en consulta de 29-01-2014, aclara que la transmisión de créditos origina dos situaciones jurídicas autónomas e independientes: por una parte, la adquisición de un derecho de crédito que sirve como compensación de una deuda preexistente y, por otra, la subrogación en la posición del acreedor inicial frente al deudor en relación con los créditos que la componen pero, y esto es lo importante, sin que por ello asuma la posición jurídica de sujeto pasivo respecto de la operación que originó el crédito que va a adquirir.

Dicho esto, en este caso, nos encontramos ante una transmisión de créditos como compensación de una deuda preexistente que resultan también incobrables.