Doctrina Administrativa

Es ya habitual encontrarnos  con distintos establecimientos de nuestro entorno que nos posibilitan la adquisición o recarga de las tarjetas de transporte público que a diario utilizamos, conocidas como Bono Bus. La entidad jurídica encargada de la actividad de transporte público contrata con diversos establecimientos –expendedores- tales como quioscos y estancos para que  estos presten el servicio, abonándoles por el mismo una comisión.

 El Tribunal Económico-Administrativo Central, en su resolución de 20 de marzo de 2014, analiza el devengo en relación con una escritura pública de compraventa de un inmueble en la que expresamente se pacta que la vendedora se quedará en posesión del bien hasta la fecha prevista en una cláusula de dicha escritura.

Así, se entiende por entrega de bienes la transmisión del poder de disposición sobre un bien corporal con las facultades atribuidas a su propietario. Para aclarar el término “puesta a disposición” del adquirente del bien objeto de la operación, acudimos a la jurisprudencia del TJCE que se ha pronunciado sobre este concepto en reiteradas ocasiones identificándolo con el de “entrega del bien”. El concepto no se refiere a la transmisión de la propiedad en las formas establecidas por el derecho nacional aplicable, sino que incluye toda operación de transmisión de un bien corporal efectuada por una parte que faculta a la otra parte a disponer de hecho como si ésta fuera la propietaria de dicho bien -STJCE, de 8 de febrero de 1990, asunto nº C-320/88-.

• Existiendo un trato equivalente para residentes y no residentes, la normativa comunitaria no exige la eliminación completa de la doble imposición 
• No procede esperar a la firmeza de una regularización inspectora para trasladar los efectos de ésta a las liquidaciones practicadas en periodos impositivos posteriores 
• Deducción por gastos de publicidad y propaganda de proyección plurianual 
• La aportación no sujeta a una sociedad de una universalidad total o parcial de bienes no implica necesariamente la transmisión de un inmueble
• Las bases imponibles negativas generadas en territorio foral son compensables en territorio común
• La carne y el pescado no se consideran alimentos básicos a pesar de serlo para las personas con intolerancia a la fructosa

Como se recordará el artículo 25 de la Ley 14/2013,  de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, introdujo en el texto refundido de la ley del Impuesto sobre Sociedades (art. 37) la deducción por inversión de beneficios, la cual ha sido interpretada por la Dirección General de Tributos a través del Informe de 30 de enero de 2014, sobre cuestiones relacionadas con la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, en materia del Impuesto sobre Sociedades.

El Tribunal Económico-Administrativo Central, en su resolución de 5 de marzo de 2014, abandona el criterio mantenido hasta ahora en relación con la temporaneidad de la adopción del acuerdo de ampliación de plazo, sobre la base de varias sentencias del Tribunal Supremo, determinando ahora que para computar si el acuerdo de ampliación de la duración del procedimiento inspector se ha adoptado dentro del plazo máximo inicial de 12 meses no han de tomarse en consideración, es decir, no deben descontarse, ni eventuales interrupciones justificadas ni dilaciones imputables al contribuyente.

La Dirección General de Tributos en consulta, de 25 de febrero de 2014, pone de manifiesto la no deducibilidad como gasto de la actividad económica, del alquiler de una vivienda situada en Lisboa, al cual ha tenido que recurrir el contribuyente debido a los numerosos viajes que realiza a la capital portuguesa por motivos profesionales.

• El incumplimiento de la formalización de la garantía en plazo deja sin efecto el aplazamiento/fraccionamiento sin necesidad de comunicación expresa al deudor 
• Suspensión de actos de contenido negativo
• Procedimientos terminados por caducidad y necesidad de declaración expresa de la misma
• Inicio del procedimiento sancionador con anterioridad a la notificación de la liquidación de la que trae causa
• La acreditación de la sujeción a IRPF o a IS posterior al momento de la transmisión no determina el derecho a la devolución de ingresos indebidos de la retención efectuada
• Cantidades satisfechas en compensación por la reducción de la aportación de la empresa al plan de pensiones por acceso del trabajador a la jubilación parcial
• Inicio del procedimiento de inspección: denuncia anónima
• El pago con bienes privativos de la indemnización derivada de la disolución de una sociedad de gananciales es una dación en pago no exenta
• Tributación de las consecuencias derivadas de los laudos arbitrales sobre participaciones preferentes
• Deducción por los miembros de una comunidad de propietarios justificada con facturas expedidas a nombre de dicha comunidad

La Dirección General de Tributos acaba de publicar su consulta de 25 de febrero de 2014, que versa sobre la tributación de unos hechos de rabiosa actualidad que consisten en el desistimiento de la promoción de unas viviendas de protección oficial para la que en su día se solicitó la correspondiente exención respecto del ITP y AJD, al no ser posible su ejecución por no haber aceptado la entidad financiera las posibles subrogaciones en los préstamos hipotecarios cualificados de los adjudicatarios de las viviendas de la promoción y verse estos avocados a la renuncia a las viviendas en cuestión, lo que ha conllevó a la postre la devolución por parte de la promotora de las cantidades que le habían sido satisfechas hasta ese momento.

Parece que con la consulta de la Dirección General de Tributos, de 18 de febrero de 2004, se pone punto y final a una polémica entre los dos órganos administrativos respecto de la equiparación entre la figura del préstamo y la del crédito.

Hace unos meses, el Tribunal Económico-Administrativo Central publicó dos resoluciones que resolvían, haciendo un resumen profundo de la doctrina administrativa de la DGT en la materia, su propia conclusión al respecto, la cual se puede resumir en la idea de que cabe equiparación entre las dos figuras a efectos de la exención regulada en el art. 9 de la Ley 2/1994 (Subrogación y modificación de préstamos hipotecarios).

La AEAT, ha incluido en su página web, en relación con el Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero, una relación de preguntas frecuentes relativas al mismo.

A continuación, se recogen todas estas preguntas frecuentes que, con formato pregunta-respuesta, dan solución a posibles dudas que pudieran plantearse en relación con el citado Impuesto.