Jurisprudencia

Las ganancias patrimoniales de un contribuyente pueden ser compensadas con las pérdidas patrimoniales arrastradas por su causante.

No es poco frecuente encontrarnos en sucesiones mortis causa en las que el causante tiene en el momento de su fallecimiento saldos negativos pendientes de compensación derivados de sus declaraciones en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Como consecuencia de las reglas de integración y compensación establecidas en la Ley del IRPF, quedaría excluida la posibilidad de aplicar en la declaración del adquirente el remante negativo no aprovechado por quien lo generó en su momento. La sentencia número 29/2021, de 20 de enero de 2021, del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, recurso número 661/2020 tiene ocasión de pronunciarse sobre esta cuestión.

• Vulnera la libre circulación de trabajadores la normativa que implique que un contribuyente residente pierda ventajas fiscales por percibir rendimientos sujetos en otro Estado miembro, pero exentos en el primero
• La impugnación diferida de la entrada y registro en un domicilio constitucionalmente protegido
• Si no hay finalidad defraudatoria, en el IP son la deducibles las deudas que disminuyan el valor del bien aunque la entidad prestamista es no residente en territorio español
• Anulación de la liquidación del IIVTNU (plusvalía), pues la incorrecta valoración urbanística de los terrenos conllevó que la cuota superase el valor catastral en el momento de la transmisión
• La contribuyente no ocultó la cesión de derechos de aprovechamiento urbanístico en pago y venta con precio aplazadoyexistía duda razonable sobre la sujeción a AJD, pues la operación no quedaba completada
• Aunque el Código Civil entiende que la fianza legal arrendaticia no se considera fianza sino depósito, la entrega de una fianza de un mes de renta, constituye hecho imponible de TPO
• Procede la devolución de ingresos indebidos del IAE e IBI de los ejercicios en que la actora estuvo injustamente privada de su condición de Asociación de Utilidad Pública
• La cuantía de las operaciones de intermediación en la venta de ampliación de garantía de los productos que vende el sujeto pasivo no ha de excluirse del denominador en el cálculo de la prorrata de deducción del IVA
• La prueba de la residencia fiscal en países sin Convenio
• La suspensión de la ejecución y la inexistencia de rentas y patrimonio de los no residentes

Dado que, según el Derecho español el sujeto pasivo infractor no puede reclamar el IVA no repercutido, debe considerarse que las cantidades entregadas y recibidas con ocasión de las operaciones ocultadas y descubiertas por la Administración en el marco de una inspección tributaria incluyen en el precio pactado el IVA, pues otra interpretación sería contraria al principio de neutralidad.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en una sentencia de 1 de julio de 2021, resuelve la cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia relativa así en las operaciones no declaradas a las Autoridades Tributarias, ni facturadas ni registradas en la contabilidad), la contraprestación real descubierta por las Autoridades Tributarias el IVA o no en un sentido afirmativo, concluyendo que a la luz del principio de neutralidad del IVA, cuando unos sujetos pasivos del IVA no hayan comunicado a la Administración tributaria la existencia de una operación, ni hayan emitido factura, ni hayan hecho constar los ingresos obtenidos gracias a dicha operación en una declaración de impuestos directos, la reconstitución efectuada por la Administración tributaria interesada, en el marco de la inspección de dicha declaración, de las cantidades entregadas y recibidas con ocasión de la operación controvertida debe considerarse un precio que incluye el IVA, a menos que, con arreglo al Derecho nacional, los sujetos pasivos tengan la posibilidad de proceder posteriormente a la repercusión y a la deducción del IVA controvertido a pesar del fraude.

La homologación y reconocimiento de títulos y estudios extranjeros son ajenos a la aplicación de una deducción.

Las Comunidades Autónomas pueden establecer deducciones en la cuota íntegra autonómica del IRPF por circunstancias personales y familiares, por inversiones no empresariales y por aplicación de renta, siempre que no supongan, directa o indirectamente, una minoración del gravamen efectivo de alguna o algunas categorías de renta.

Equiparación fiscal entre las pensiones compensatorias y las compensaciones económicas por ruptura de parejas de hecho.

Aunque el legislador ha equiparado a algunos efectos las parejas de hecho al matrimonio como, por ejemplo, para la percepción de una pensión de viudedad, dicha equiparación no ha sucedido con la pensión compensatoria reconocida en el art. 97 del Código Civil. El Tribunal Supremo en sentencia 17/2018, de 15 de enero de 2018, rec. n.º 2305/2016 estableció que son admisibles genéricamente los pactos entre los convivientes por los que, al amparo del art. 1.255 CC, adopten acuerdos en los que prevean compensaciones por desequilibrios en el momento de la ruptura de la convivencia. Sin embargo, no existe una previsión legal que contemple para el caso de extinción de la pareja una compensación de ningún tipo (ni alimenticia en caso de necesidad, ni por desequilibrio, ni por haber trabajado para el hogar o para el otro cónyuge).

En esta segunda quincena de junio de 2021, el Tribunal Supremo ha publicado numerosos recursos de casación para aclarar determinadas cuestiones fiscales sobre las que no existe jurisprudencia o es necesario que el Tribunal se pronuncie para fijar un sentido unívoco respecto. Entre las sentencias publicadas destacamos las siguientes:

• Están exentos en el IVA los servicios (actividad fiscal y concesión del derecho de uso de un programa informático) prestados por un tercero a sociedades de gestión de fondos comunes de inversión, si son específicos y esenciales para la actividad
• A efectos del IBI se considera urbana la parcela clasificada catastralmente como tal con independencia del retraso que se haya producido en la aprobación del proyecto de urbanización
• No se aplica la reducción en el IS por cesión de intangibles a los ingresos derivados del cumplimiento de hitos contractuales, aunque la Administración USA los haya conceptuado como canon o royaltie
• Efecto preclusivo de una comprobación limitada referida al volumen de ingresos o cifra de negocios respecto a una comprobación inspectora que aplicó la estimación indirecta por anomalías contables
• El hecho de que el vendedor conserve el control de la sociedad no implica que la venta de las participaciones fuera simulada a efectos del IS
• No están exentos en el IS los dividendos por participaciones preferentes pues deben calificarse como intereses y no dividendos
• La disp. trans 29 TR Ley IS permite la deducción del deterioro dotado por la diferencia de fondos propios al inicio del ejercicio de adquisición de la participación y al cierre del primer ejercicio iniciado en 2008
• El pago por el uso de la aplicación en el móvil para el pago de la tasa por estacionamiento no tiene naturaleza tributaria, de forma que la resolución impugnada no es una modificación de la ordenanza
• La responsabilidad por el incumplimiento de la orden de embargo y el certificado de estar al corriente con las obligaciones tributarias
• La responsabilidad de los sucesores de una sociedad concursada y disuelta

El TC declara constitucionales el impuesto catalán a las estancias en embarcaciones de crucero turístico en puertos de Cataluña (IEET) y el recargo de Barcelona, pues no existe equivalencia o duplicidad respecto de la tasa estatal portuaria del buque (T-1) que se exige por la utilización especial de las instalaciones portuarias por parte del buque, al tratarse de categorías tributarias diferentes, aunque el impuesto catalán tenga naturaleza recaudatoria. Tampoco supone una restricción injustificada a la libre circulación de personas y servicios dentro del territorio nacional ni vulnera el principio de igualdad del art. 31.1 CE en relación con el art. 14 CE, pues la embarcación de crucero turístico se considera establecimiento turístico susceptible de prestar los servicios de alojamiento. Finalmente, estima el Tribunal que el legislador autonómico no ha invadido la competencia estatal al establecer la posibilidad de que el Ayuntamiento de Barcelona pueda establecer un recargo sobre las tarifas de este impuesto, puesto que no estamos ante un nuevo tributo local.

El Tribunal Constitucional, en una Nota de prensa, anunció su sentencia, publicada en el BOE de 7 de julio de 2021, recurso de inconstitucionalidad 4192/2020, que declara constitucionales el impuesto catalán a las estancias en embarcaciones de crucero turístico en puertos de Cataluña (IEET) y el recargo de Barcelona, pues entiende que no se produce la vulneración del art. 6.2 LOFCA, ya que no existe equivalencia o duplicidad respecto de la tasa estatal portuaria del buque (T-1) que se exige por la utilización especial de las instalaciones portuarias por parte del buque, al tratarse de categorías tributarias diferentes.

No aprecia el Tribunal la finalidad extrafiscal en el IEET de mejora de la competitividad de Cataluña como destino turístico (y de garantía de su sostenibilidad) en el hecho imponible (que grava sin más el consumo de servicios de alojamiento en establecimientos turísticos) ni en sus elementos cuantificadores, ya que la cuantía del IEET aumenta en función no solo del tiempo de estancia sino de la categoría del establecimiento turístico utilizado por los contribuyentes. Es la capacidad económica gravada en el hecho imponible (y no la finalidad extrafiscal) la que funciona como criterio de imposición, la razón por la que este Impuesto posee una finalidad primordialmente recaudatoria. Sin embargo, considera el Tribunal que la diferente naturaleza tributaria entre impuesto y tasa radica en el contenido de su hecho imponible procede desestimar la impugnación del nuevo art. 26.1 de la Ley 5/2017 por vulneración del art. 6.2 LOFCA (por la coincidencia material de hechos imponibles, sujetos pasivos y devengo afirmada por los recurrentes).

En esta primera quincena de junio de 2021, el Tribunal Supremo ha publicado numerosos recursos de casación para aclarar determinadas cuestiones fiscales sobre las que no existe jurisprudencia o es necesario que el Tribunal se pronuncie para fijar un sentido unívoco respecto. Entre las sentencias publicadas destacamos las siguientes:

• Está obligado al pago del impuesto especial el transportista de productos sujetos a impuestos especiales a otro Estado miembro si tiene la posesión material en el momento del devengo, aunque no tenga derecho o interés alguno
• La denegación automática de la deducción del IVA correspondiente a operaciones imponibles anteriores a la apertura del procedimiento concursal se opone a la Directiva del IVA
• El TJUE considera que un inmueble que no dispone de ningún recurso humano que lo haga capaz de obrar de manera autónoma no puede ser calificado de establecimiento permanente a efectos de IVA
• La residencia fiscal del contribuyente y la permanencia en territorio español del cónyuge y de los hijos menores por razones de estudios
• El recargo por extemporaneidad y el retraso de la Administración en contestar una consulta tributaria
• Debe anularse la liquidación del IIVTNU (plusvalía) referida a una finca rústica girada con el único argumento de que figura en el Catastro como urbana y pese a haber certificado el Ayuntamiento que se trata de una parcela rústica
• No tributan en el ISD las cantidades procedentes de contrato de seguro de vida no percibidas por la beneficiaria por haberse transferido en ejecución de la prenda constituida sobre un crédito por el causante
• Se confirma la sanción pues no cabe admitir bajo el principio de «regularización integra» una extrañísima formula creada ad hoc para vincular -20.000 euros de gastos inexistentes deducidos- con la regularización voluntaria complementaria (DTE)
• Es nula la modificación de la ordenanza del IAE que fijó el índice de situación aplicable basándose en una expectativa frustrada de que la zona se transformase en el centro comercial del municipio
• Responsabilidad contractual del asesor fiscal por proponer y presentar una autoliquidación tributaria que no se ajustaba a la legislación