Jurisprudencia

El Tribunal Supremo resuelve que a través de una autoliquidación del IS extemporánea puede compensarse las bases imponibles negativas (BIN´s) pues este mecanismo se erige como un verdadero derecho del contribuyente y por otro lado, sirve al principio constitucional de capacidad económica (art. 31 CE) como principio de ordenación del sistema tributario y no es posible impedir por vía interpretativa el ejercicio de un derecho a través de una declaración extemporánea, pues refleja la voluntad inequívoca y válida de compensar las BIN generadas en ejercicios anteriores, aunque la presentación de esa autoliquidación se produzca fuera del plazo reglamentario.

En la sentencia de 30 de noviembre de 2021, se establece el criterio de que los contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades tienen derecho a la compensación de las bases imponibles negativas (BINs) con las rentas positivas de los períodos impositivos siguientes, aún cuando la autoliquidación se presente de manera extemporánea, sin que la decisión de compensarlas o no, constituya una opción tributaria de las reguladas en el artículo 119.3 de la Ley General Tributaria (LGT).

Esta decisión se alcanza desde el análisis del art. 119 LGT y la normativa del IS. En primer lugar, constata el Tribunal que el art. 119.3 LGT no contiene una definición de opción tributaria. Tampoco se define el concepto "opción tributaria" en ninguno de los reglamentos de desarrollo de la LGT, por lo que no resulta coherente anudar consecuencias económicas y jurídicas que pueden resultar altamente desfavorables para el contribuyente sobre la base de la indefinición y equivocidad que el ordenamiento tributario exhibe con relación a las opciones tributarias, alejadas de los parámetros de claridad y precisión exigible. Por tanto, esta indefinición normativa no puede perjudicar al obligado tributario, puesto que el no la ha generado.

Durante la segunda quincena de noviembre de 2021, el Tribunal Supremo ha publicado diversos pronunciamientos de especial interés. Entre las distintas sentencias destacamos:

• La comunicación de la Administración ante la solicitud de declaración formal de caducidad del procedimiento de comprobación limitada constituye una mera comunicación no susceptible de reclamación económico-administrativa
• Valor probatorio de las cuentas anuales: lo establecido en unas cuentas objeto de reformulación no hacen fe por sí solas ni mantendrían la presunción, que no sería fáctica, a los efectos de imputar en el IS a un ejercicio u otro
• A efectos de aplicar la reducción del 95 por 100 en la base del ISD por transmisión de una empresa familiar, no se exige mantener durante diez años la misma actividad económica a la que estaba destinada

• Derecho a la tutela judicial efectiva contra el requerimiento de información de otro Estado miembro en el ámbito de la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad
• TJUE: Si la identificación de un sujeto pasivo del IVA ha sido anulada y este continúa con su actividad, la Administración puede obligarle a percibir el IVA devengado si pueda solicitar una nueva identificación y deducir el IVA soportado
• El TC anula la modificación efectuada en Cataluña en 2020 que elevaba el mínimo personal del IRPF para los contribuyentes catalanes con rentas bajas
• Los complementos que integran la base imponible del Impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica (IVPEE) también se incluyen en la base de las sanciones
• La Audiencia Nacional considera acreditado que la participación de la AIE en la toma de decisiones en la producción de películas no era simulada, lo que posibilita la aplicación en la deducción en el IS por inversiones en producciones cinematográficas
• El TSJ de Catilla y León se separa del criterio seguido en otros TSJ y confirma lo que ha mantenido el TEAC en repetidas resoluciones de que no es posible compensar bases negativas del IS mediante declaraciones presentadas fuera de plazo
• Resulta improcedente girar intereses de demora por la diferencia entre las cantidades ingresadas y las resultantes de las liquidaciones provisionales por simples diferencias interpretativas
• Se anula el cambio a urbana de unas fincas que carecen de urbanización alguna efectuado por el Catastro sin motivarlo en vía administrativa ni ahora y las deficiencias palmarias que provocan una grave indefensión
• Se anula la modificación del índice de situación del IAE aplicable sólo a una de las categorías de las calles del municipio por falta de justificación
• El coeficiente de ponderación del IAE a aplicar se determinará en función del importe neto de la cifra de negocios del grupo mercantil

• El TJUE determina que no cabe supeditar la rectificación del IVA a que el crédito no satisfecho no se hubiera adquirido en los seis meses anteriores a la declaración del concurso de la sociedad deudora si el crédito puede resultar incobrable
• Vulnera la libertad de circulación de trabajadores impedir la exclusión de la masa de la quiebra en del plan de pensiones autorizado en otro Estado miembro (implicaciones del BREXIT)
• El TS, conforme a la jurisprudencia del TJUE confirma la proporcionalidad de la sanción cuando se eludió el pago del recargo por declaración extemporánea del IVA sin requerimiento, aunque se haya ingresado toda la deuda
• ATS: ¿vulnera el principio de proporcionalidad y la libre circulación de capitales el recargo por regularización extemporánea de las ganancias patrimoniales no justificadas en el IRPF puestas de manifiesto por la presentación tardía del modelo 720?
• ATS: ¿Vincula a la Administración foral la calificación del préstamo participativo por la AEAT en el marco de un procedimiento de regularización practicado a una sociedad vinculada residente en territorio común?
• Son motivos económicos válidos de la fusión apalancada las sinergias derivadas de la integración, que evitan la disolución de la absorbente, aumento de cartera de clientes, unificación de la política comercial y la disminución del riesgo
• No se imputa como ingreso de ejercicios anteriores del IS que hubieran adquirido firmeza la devolución por inconstitucionalidad del impuesto extremeño sobre las instalaciones que inciden en el medio ambiente
• La imputación en el IS del ingreso en un periodo anterior a su devengo por su inscripción contable es admisible debe corregirse en virtud del principio de correlación de ingresos y gastos
• La actividad de servicios financieros realizada por Correos, primero para una entidad bancaria y después para otra, es la misma por lo que no resuelta aplicable la exención en el IAE
• En aplicación de la jurisprudencia del TS no está necesitada de prueba la calificación de los bienes que por razón de su naturaleza, la Administración debe excluir del ajuar doméstico a efectos del ISD

Puede denegarse la deducción del IVA autorepercutido, cuando el sujeto pasivo ha indicado deliberadamente un proveedor ficticio en la factura en caso de aplicar el régimen de inversión del sujeto pasivo, si faltan los datos necesarios para comprobar quién es sujeto pasivo o si se acredita que cometió un fraude en el IVA.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en una sentencia de 11 de noviembre de 2021, ha resuelto las cuestiones prejudiciales planteadas por nuestro Tribunal Supremo [Vid., ATS de 11 de febrero de 2020, recurso n.º 1820/2018] sobre la posibilidad de negar el derecho a deducir cuotas del IVA auto-repercutidas y, al mismo tiempo, auto-soportadas por la entidad recurrente al emitir una factura en régimen de inversión del sujeto pasivo, cuando, si bien la operación de que se trata se llevó efectivamente a cabo, se ocultó el verdadero proveedor de los citados materiales de recuperación mediante la indicación en dicha factura de un proveedor ficticio e inexistente.

La sentencia del Tribunal Supremo resuelve que las aportaciones monetarias otorgadas por la Fundación Deporte Galego están sujetas a IVA, dado que los deportistas y entidades que percibían dichas cantidades de la se comprometían a difundir la actuación de ésta en favor del deporte con el consiguiente “retorno publicitario” que ello comporta para la misma y que califica de “contraprestación” a las cantidades abonadas por la Fundación a tales entidades y deportistas, aunque no equivalga al dinero recibido por éstas. 

La sentencia del Tribunal Supremo de 26 de octubre de 2021, cuyo fallo se adelantó una nota de prensa publicada en la página web del Tribunal Supremo, establece un criterio claro sobre la fiscalidad en el IVA de contratos de patrocinio, en el sentido de que la aportación económica de una Fundación y la actividad de publicitación o patrocinio, asumida por los deportistas y entidades deportivas, se perfilan con los caracteres definidores de una prestación de servicios, sujeta a IVA y puede constituir un referente importante en futuras controversias sobre el tratamiento fiscal de determinadas actividades de patrocinio en el mundo del deporte.

Excluida la circunstancia de que el otorgamiento de tales aportaciones económicas respondiese al ejercicio de funciones públicas, el Tribunal Supremo considera que tales actividades se sujetaban a IVA, dado que los deportistas y entidades que percibían dichas cantidades de la Fundación Deporte Galego se comprometían a difundir la actuación de ésta en favor del deporte (imagen corporativa entre los socios, miembros del club, espectadores...) con el consiguiente “retorno publicitario” que ello comporta para la misma y que califica de “contraprestación” a las cantidades abonadas por la Fundación a tales entidades y deportistas, aunque no equivalga al dinero recibido por éstas.

El Pleno del TC admite a trámite el recurso de inconstitucionalidad del Gobierno y suspende  la nueva deducción autonómica en el IRPF por la obtención de subvenciones y/o ayudas para paliar el impacto provocado por la covid-19 en sectores especialmente afectados por la pandemia establecida en la Ley del Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2021

Mediante una nota informativa publicada en la página web del Tribunal Constitucional, se hace público  que el  Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno de la Nación contra el artículo 14 nonies del texto refundido de las disposiciones legales del Principado de Asturias en materia de tributos cedidos por el Estado, aprobado por Decreto Legislativo 2/2014, de 22 de octubre, en la redacción dada por el artículo 39.ocho de la Ley 3/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales para 2021, y que establece una nueva deducción autonómica en el IRPF por la obtención de subvenciones y/o ayudas para paliar el impacto provocado por la covid-19 en sectores especialmente afectados por la pandemia, deducción que podría exceder las competencias del Principado e incumplir el régimen de cesión de tributos del Estado a las Comunidades Autónomas.

En el BOE de 9 de noviembre de 2021, se ha publicado la admisión a tramite de este recurso de inconstitucionalidad número 6179-2021.

El Tribunal, suspende la vigencia y aplicación del precepto impugnado desde la fecha de interposición del recurso (30 de septiembre de 2021) para las partes del proceso y desde el día en que aparezca publicada la suspensión en el Boletín Oficial del Estado, para los terceros.

El Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad contra la disp. final primera, apdo cuarto de la LEY 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal pues puede vulnerar la disp. adic tercera de la Constitución así como varios artículos del Estatuto de Autonomía de Canarias, en lo relativo a su régimen económico y fiscal (REF).

Mediante una nota informativa publicada en la página web del Tribunal Constitucional, se puso en conocimiento que el  Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Parlamento de Canarias contra la disposición final primera, apartado cuarto, de la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, de transposición de la Directiva (UE) 2016/1164, del Consejo, de 12 de julio de 2016, por la que se establecen normas contras las prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en el funcionamiento del mercado interior, de modificación de diversas normas tributarias y en materia de regulación de juego, ya que dicha disposición podría vulnerar la disposición adicional tercera de la Constitución, que establece que  la modificación del régimen económico y fiscal del archipiélago canario requerirá informe previo de la Comunidad Autónoma o, en su caso, del órgano provisional autonómico así como varios artículos del Estatuto de Autonomía de Canarias, en lo relativo a su régimen económico y fiscal (REF).

En el BOE de 9 de noviembre de 2021, se ha publicado la admisión a tramite de este recurso de inconstitucionalidad número 6003-2021.

Esta disposición que se somete a enjuiciamiento del Tribunal Constitucional  ha quedado derogado por la LEY 14/2021, de 11 de octubre, por la que se modifica el Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer frente al impacto económico y social del COVID-2019, desde el 12 de octubre de 2021.

Durante la segunda quincena de octubre de 2021, el Tribunal Supremo ha publicado diversos pronunciamientos de especial interés, además de la sentencia en la que el TS declara la obligación de la AEAT de devolver la documentación incautados en el registro cuya autorización fue anulada (con efecto ex tunc) por vulnerar el derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio, ya comentada. Entre las restantes destacamos:

• Cuando el administrador concursal, designado por el juez del concurso, sea una persona física, los rendimientos obtenidos por esa concreta actividad concursal habrán de declararse como ingresos sujetos a IRPF
• Aplicación del régimen de diferimiento del IS cuando las aportaciones no dinerarias distintas de rama de actividad consistan en la transmisión conjunta de elementos patrimoniales y deudas

Entre las nuevas cuestiones que se plantean al alto tribunal, consideramos de interés las siguientes:

• ¿Vulnera el principio de capacidad económica y puede ser confiscatorio el sistema de cálculo del IIVTNU en los supuestos en los que se ha puesto de manifiesto un incremento de valor del terreno?
• ¿Puede negarse la rectificaciónde autoliquidación por IRPF, por considerarse no sometida a plazo de prescripción la tributación de las ganancias patrimoniales no justificadas regularizadas por la presentación extemporánea del modelo 720?
• ¿Es posible la impugnación de la liquidación dictada como desenlace de un procedimiento de tasación pericial contradictoria si toma como valor de los bienes la valoración del perito tercero?
• Necesidad de justificar la procedencia de la comprobación y la causa indiciaria de la discrepancia de la administración con el valor declarado
• ¿Qué consecuencias tiene la omisión de si se trata de una insolvencia total o parcial de la declaración de fallido sobre el acuerdo de derivación de responsabilidad?
• ¿Procede tomar el resultado de explotación de la entidad como referencia para el cálculo de la deducción por doble imposición internacional del IS?
• Tratamiento en el IVA de las subvenciones percibidas por programas de información y promoción de productos agrícolas en el mercado interior y en terceros países
• Determinación a efectos de IVA de la residencia habitual del adquirente, a los efectos de aplicar la exención por exportación de bienes en régimen de viajeros
• ¿Puede el sujeto repercutido solicitar la devolución del Impuesto sobre Hidrocarburos de la cuota ingresada indebidamente?

El TSJ de Madrid en una sentencia de 24 de marzo de 2021 hace una serie de reflexiones sobre el concepto de residencia fiscal y su prueba. La Sala considera que la residencia real y efectiva en un país no equivale a residencia fiscal, ni cabe vincular la residencia fiscal con la estancia en un país por motivos laborales, pues existen otros puntos de conexión distintos del criterio de permanencia.

En el caso decidido, el recurrente alegó que en el año 2014 residió por motivos laborales en Perú, por lo que carece de la condición de contribuyente del IRPF durante ese ejercicio. Que no pudo aportar el certificado de residencia fiscal, pues las autoridades peruanas solo lo emiten en relación con los países con los que tiene suscrito Convenio.

La Sala considera que el medio habitual para acreditar la residencia fiscal es el certificado emitido por las autoridades tributarias del país de residencia en el que conste que el interesado satisface en él los tributos de naturaleza personal. El demandante ni siquiera acreditó haberlo solicitado y menos aún que le haya sido denegado. Ante la ausencia del certificado de residencia fiscal, lo razonable era justificar la tributación en el país de residencia mediante la aportación de los documentos de pago de los impuestos en Perú por obligación personal.