Jurisprudencia

No es posible sostener la nulidad de un acuerdo e retribución de los administradores supliendo la inactividad de los legitimados para la impugnación, pues en tales casos, la inactividad de estos subsana o convalida el acuerdo, por lo que debe entenderse que estamos ante un gasto deducible en la medida en que la Administración no niega la realidad de la actividad de los administradores.

Comienza la Audiencia Nacional en su sentencia de 16 de febrero de 2022 señalando que no hay infracción de la doctrina de los actos propios y del principio de confianza legítima ni tampoco incongruencia en el acuerdo de liquidación al considerar nulo el acuerdo de aprobación de las retribuciones del órgano de administración mientras que en sede de la persona física se considera válido.

A juicio de la Sala, cuando se sostiene que el acuerdo de retribución de los administradores es nulo lo que debe hacer la sociedad que ha procedido a la retribución es reclamar al administrador la restitución de lo percibido, lo que no puede pretender es no ejercitar las acciones de restitución que tiene contra el administrador y que la Inspección considere que estamos ante un gasto deducible.

Es decir, la inactividad de la sociedad a la hora de recuperar lo indebidamente abonado no puede justificar que se le admita la deducción del gasto, pues nadie puede alegar su propia inactividad o torpeza para obtener una ventaja (nemo audiatur propiam turpitudinem allegans).

• El TJUE desestima el recurso de la Comisión contra la exención polaca del impuesto especial los productos energéticos para las empresas de elevado consumo energético sujetas al régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión
• Exigir al expedidor verificar la exactitud del documento de acompañamiento en la circulación en régimen suspensivo de productos sujetos a impuestos especiales vulneraría la la libre circulación de mercancías y con ello la Directiva 92/12
• Los cónyuges que ejercen una actividad agrícola utilizando el patrimonio de su sociedad de gananciales pueden ser considerados sujetos pasivos distintos a efectos del régimen común de tanto alzado de los productores agrícolas del IVA
• Se opone a la libre circulación de capitales someter a una retención en la fuente a los dividendos distribuidos por sociedades residentes y percibidos por un organismo de inversión colectiva no residente y a los pagados a organismos residentes no
• Impugnación del acuerdo de alteración catastral por incremento del valor a consecuencia de la realización de obras subsanando las deficiencias detectadas en la ITE
• Se anula la valoración catastral a efectos del IBI del concesionario del aprovechamiento hidroeléctrico del embalse, debido a que está acreditada una titularidad inferior ante la existencia de otros aprovechamientos prioritarios
• La AN confirma que no resulta suficiente disponer de unos inmuebles arrendados y transmitirlos para afirmar que existe rama de actividad y que la escisión parcial en que se segregue esa parte del patrimonio social podrá acogerse al régimen FEAC del IS
• Vulnera el derecho a la tutela administrativa efectiva que comprende el derecho a una resolución en un plazo razonable, la dilación al dictar la nueva resolución en ejecución de otra que ordenaba la retroacción de actuaciones
• Los fondos de pensiones no ejercen actividades empresariales y, por ende, no se les puede incluir en el Registro de grandes empresas
• La utilización de una entidad interpuesta con la finalidad de obtener ilícitamente un ahorro fiscal en el beneficio o margen obtenido en la comercialización de los bloques de mármol desde la cantera donde se extraen al cliente final

• Es inconstitucional y nula la deducción asturiana en el IRPF por obtención de subvenciones y/o ayudas para paliar el impacto provocado por la Covid-19 al incurrir en un exceso competencial, pues el Estado es el titular de los tributos cedidos
• El TC declara la inconstitucionalidad y nulidad del precepto legal que supedita la bonificación en Impuesto sobre los depósitos de clientes en las entidades de crédito de Canarias a que el domicilio social de la entidad radique en las islas
• ¿Cuál es la tributación derivada de la modificación de una permuta que ya devengó el IVA de forma anticipada, consistente en la subrogación de un nuevo operador jurídico en la posición de una de las partes?
• Si la Administración es parte, los informes o dictámenes elaborados por los peritos de la Administración, no gozan de imparcialidad y no pueden considerarse prueba pericial y no tendrán más valor que el de documentos administrativos
• Nulidad del procedimiento de liquidación y sancionador tramitado sin audiencia del interesado, en tanto que quien actuaba como representante de la sociedad había falsificado la firma de la administradora única y presentó un poder falso
• Existe una operación vinculada por la cesión a la entidad de los derechos de imagen y TV del socio (futbolista), pues este pudo cederlos directamente al club de fútbol, sin la intermediación de la sociedad recurrente
• No puede iniciarse un nuevo procedimiento de comprobación limitada para comprobar la deducibilidad de los gastos si ya se inició un procedimiento anterior para la comprobar deducción de intereses de demora de un Acta/Liquidación provisional previa
• Resulta contrario a Derecho mantener el embargo respecto a la liquidación y sanción anuladas mediante sentencia judicial que declaró incorrecta la repercusión del IVA en la operación de dación en pago de deudas a entidad bancaria
• El TSJ de Madrid modifica su doctrina sobre las cantidades tomadas a préstamo de un tercero para la adquisición de la nueva vivienda habitual a efectos de la exención en el IRPF por reinversión en la nueva vivienda habitual
• Procede la devolución en parte del ITP y AJD al haberse rescindido la compraventa la participación indivisa de la zona deportiva por una prohibición estatutaria, pero se mantiene la cuota relativa al uso y utilización de la plaza de garaje

En el ámbito de la deducción por reinversión de beneficios extraordinarios del IS, con independencia del tiempo de permanencia de los elementos transmitidos en el patrimonio de la recurrente, lo relevante es que esta ha sido capaz de justificar en relación a los mismos la realización de una actividad de preparación del bien para su futura explotación empresarial y, al mismo tiempo y de forma paralela, un aprovechamiento significativo.

La Audiencia Nacional en una sentencia de 26 de enero de 2022, analiza la procedencia de la deducción por reinversión de beneficios extraordinarios en relación con una serie de operaciones realizadas por parte de la entidad recurrente.

La Administración, en línea con lo resuelto por el Tribunal Económico-Administrativo Central, consideró que es el efectivo destino duradero a la actividad social lo que define los elementos del inmovilizado, sin que una supuesta intención de afectación duradera contradicha por los hechos pueda prevalecer frente a estos. Afirma que los distintos avatares o impedimentos urbanísticos que dificulten o impidan llevar a cabo los planes iniciales del adquirente del terreno no le eximen a este de la obligación de reclasificar el terreno a existencias en el momento de su venta, caso de no haber sido objeto finalmente de explotación y que una utilización accidental, mínima o irrelevante de un determinado elemento no permite por sí la calificación del mismo como de inmovilizado, que exige un destino duradero a servir de forma no irrelevante o puramente residual en la actividad en la empresa.

Junto a ello, añade la Administración demandada que el criterio de permanencia de las fincas en el patrimonio de la entidad no es, en absoluto, un criterio delimitador de la calificación de las parcelas transmitidas como elementos del inmovilizado.

Y en cuanto a los elementos en que se materializó la reinversión, sostiene la Administración que no consta en el expediente ninguna justificación de que la parcela en cuestión forme parte del inmovilizado de la empresa puesto que no se ha acreditado en ningún momento que haya sido objeto de explotación en arrendamiento por parte del contribuyente ni de que se haya destinado al uso propio, señalando en este sentido que a día de hoy todavía no ha comenzado la construcción del supuesto hotel.

De acuerdo con la STJUE de 11 de noviembre de 2021  que resuelve las dudas sobre la aplicación del Derecho de la UE, el Tribunal Supremo afirma que se puede denegar la deducción del IVA autorrepercutido -en el régimen de inversión de sujeto pasivo- cuando en la autofactura no conste deliberadamente el proveedor de los bienes a éste y ello impide a la Administración tributaria la identificación de aquél y acreditar su condición de sujeto pasivo, como requisito material del derecho a deducir el IVA, pues no está condicionada la falta de derecho a deducir a la causación de una ventaja fiscal en favor del sujeto pasivo o de un tercero.

El Tribunal Supremo, en varias sentencias esencialmente iguales, de 22, 23 y 24 de febrero último, aún no publicadas y cuyo fallo se adelanta en una nota de prensa publicada en la página web del Consejo General de Poder Judicial,  ha resuelto una cuestión de Derecho tributario, la relativa a la denegación de las cuotas satisfechas en concepto de IVA, autorrepercutidas en el régimen de inversión de sujeto pasivo cuando en la autofactura expedida no conste el proveedor de los bienes adquiridos, conforme a lo dispuesto en la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido, la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, sistema común del impuesto sobre el valor añadido, y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea -TJUE-., en un supuesto en el que regía el sistema de inversión del sujeto pasivo, al tratarse de la adquisición de materiales de desecho o recuperación -chatarra-, afirmando que se puede denegar la deducción del IVA autorrepercutido -en el régimen de inversión de sujeto pasivo- cuando en la autofactura no conste deliberadamente el proveedor de los bienes a éste, cuanto tal falta de constancia no es puramente formal o errónea, sino deliberada, esto es, si no se ofrece razón sobre la identidad de dicho proveedor, cuando con ello se impida a la Administración tributaria la identificación de aquél y acreditar su condición de sujeto pasivo, como requisito material del derecho a deducir el IVA, pues no está condicionada la falta de derecho a deducir a la causación de una ventaja fiscal en favor del sujeto pasivo o de un tercero.

En esta segunda quincena de febrero de 2022, el Tribunal Supremo ha publicado numerosos recursos de casación para aclarar determinadas cuestiones fiscales sobre las que no existe jurisprudencia o es necesario que el Tribunal se pronuncie para fijar un sentido unívoco respecto. Entre las sentencias publicadas, destacamos las siguientes:

• El Tribunal Supremo se pronuncia sobre la posible alegación de la caducidad del procedimiento de comprobación de valores respecto a las primeras liquidaciones con ocasión de la impugnación de la segunda liquidación dictada en un procedimiento de tasación pericial contradictoria
• La solicitud reiterada de aplazamiento o fraccionamiento de pago en período voluntario que resultó denegada anteriormente impide el inicio del período ejecutivo antes de que venzan los plazos previstos en el art 62.2 LGT
• Las actuaciones recaudatorias posteriores contra el obligado fallido carecen de virtualidad para interrumpir el plazo de prescripción para exigir el pago al responsable subsidiario

La imputación de costes en las promociones inmobiliarias ha de atender a las normas específicas del sector, por lo que la alteración en la contabilización del ingreso, necesariamente va a repercutir en la contabilización del gasto para su obtención, lo que obliga a la Administración a realizar una íntegra regularización en relación a los gastos de la promoción inmobiliaria, ya que la regularización debe serlo en aquello que perjudica, pero también que beneficia al sujeto pasivo.

La Audiencia Nacional en su sentencia de 26 de enero de 2022, se pronuncia sobre un caso en el que la recurrente se dedica a la promoción inmobiliaria y efectúa la venta de una promoción, contabilizando los ingresos obtenidos en el ejercicio en que se firmaron las escrituras de compraventa (2007), en la que concluye que habiéndose firmado los contratos privados de compraventa y de reserva en el ejercicio 2006, por más que la tradito desde el punto de vista del Derecho Civil no se haya producido, a efectos fiscales la obra estaba en condiciones de ser entregada y deben computarse los ingresos en la contabilidad de 2006, y no en 2007 como hizo la actora.

Por su parte, la Administración considera que se cumplen los requisitos establecidos en la norma de valoración de la de la Orden de 28-12-1994, que exige que los ingresos procedentes de la venta de inmuebles se imputen al ejercicio en que estos estén en condiciones de entrega material, esto es, en el Impuesto sobre Sociedades de 2006.

• Una sanción del 50 % o 100 % de las cantidades facturadas por operadores de otros Estados miembros en caso de incumplir una obligación documental vulnera la libertad de prestación de servicios al no existir una sanción equivalente para operaciones interna
• Sujeción al IVA de las prestaciones consistentes en reparar o sustituir componentes de aerogeneradores en garantía y realizar informes de disconformidad
• La Directiva sobre el IVA no se opone a que las autoridades tributarias nacionales suspendan un procedimiento de reclamación administrativa dirigida contra una liquidación que deniega el derecho a la deducción del IVA soportado
• Las Directivas 2003/49, 2011/96 y 2008/7 no se oponen al gravamen sobre el importe bruto de los intereses presuntos relativos a un préstamo sin intereses concedido por una sociedad matriz no residente a una filial residente
• La Audiencia Nacional considera que ninguna de las razones aducidas por la Administración tributaria para considerar que la verdadera naturaleza jurídica de la operación sea la de una aportación de capital, y no un préstamo participativo, avala suficiente
• La paga extraordinaria que anualmente se reconoció a los mutualistas pasivos por parte de la Mutualidad General de la Abogacía constituye una liberalidad no susceptible de deducción al no existir obligatoriedad para su pago antes de 2011
• El RD 198/2015 que ordena que el canon por utilización de aguas continentales para la producción de energía eléctrica se exija desde el 1 de enero de 2013 incurre en una extralimitación reglamentaria
• Después de la adición en la Ley de Presupuestos para 2021 del Epígrafe 151.6 “Comercialización de energía eléctrica”, debe anularse la resolución que incluía dicha actividad en el Epígrafe 659.9
• La situación de insolvencia de la mercantil permite considerar que el crédito de los herederos frente a ella es incobrable y no puede ser incluido en la masa hereditaria
• La aplicación del método de estimación indirecta a los odontólogos por declarar ingresos superiores a los contabilizados

El TS reconoce la posibilidad de iniciar a instancia de parte el procedimiento de revocación de la liquidación del IIVTNU, y por otro lado afirma que, es posible que los actos de aplicación de una norma que es declarada inconstitucionalidad puedan configurar un supuesto de infracción manifiesta de la Ley y entrar en juego la revocación de dicho acto.

En una sentencia del Tribunal Supremo del 9 de febrero de 2022, que se ha hecho pública por vía extraoficial y que aún no ha sido publicada por el CENDOJ, se reconoce la posibilidad de iniciar a instancia de parte el procedimiento de revocación de la liquidación del IIVTNU, haciendo así derivar efectos ex tunc de la sentencia del Tribunal Constitucional publicada después de haber adquirido firmeza las liquidaciones tributarias litigiosas, si bien para acoger la pretensión de devolución de ingresos indebidos es necesario que exista infracción manifiesta de la Ley, con lo que esta sentencia resulta acorde con la jurisprudencia consolidada de este Tribunal recaída en supuestos en los que se solicitaba la devolución de ingresos indebidos en el ámbito del IIVTNU, derivados de liquidaciones firmes como consecuencia de la declaración de inconstitucionalidad de los arts. 107.1 y 107.2 a) del TRLHL, debe efectuarse por los cauces establecidos en la LGT -procedimientos especiales de revisión-.

En esta primera quincena de febrero de 2022, el Tribunal Supremo ha publicado numerosos recursos de casación para aclarar determinadas cuestiones fiscales sobre las que no existe jurisprudencia o es necesario que el Tribunal se pronuncie para fijar un sentido unívoco respecto. Entre las sentencias publicadas, además de la referida a la exigencia del ITP y AJD por la concesión de un uso privativo de dominio público radioeléctrico en la que la Sala afirma que contraviene el Derecho de la UE al aplicarse de forma concurrente a la Tasa por reserva del dominio público radioeléctrico, destacamos las siguientes:

• En un supuesto de «responsabilidad en cadena», encuadrada en el art.42.2.a) LGT, la inexistencia de esa declaración puede ser impugnada por el responsable solidario en el procedimiento seguido contra él
• En las infracciones por incumplir obligaciones de facturación o documentación, la determinación de la cuantía a efectos de interponer el recurso de alzada ante el TEAC, se atenderá al período de liquidación