Jurisprudencia

En esta primera quincena de octubre de 2021, el Tribunal Supremo ha publicado diversos pronunciamientos de especial interés, además de la sentencia del IRPF en la que el Tribunal determina que para calcular la amortización deducible respecto de inmuebles arrendados a efectos de IRPF cuando fueron adquiridos por herencia o donación, en los que se equipara el valor de adquisición con el valor dado al inmueble en la sucesión o donación, más los gastos y tributos, destacamos las siguiente:

• El Tribunal Supremo reitera su doctrina respecto a las exigencias para la autorización judicial de entrada y registro en un domicilio constitucionalmente protegido pese a los cambios introducidos en la nueva Ley contra el fraude fiscal
• La declaración de un conflicto en la aplicación de la norma puede determinar -sobre la base de considerar que se discute la aplicación de una norma general antiabuso interna- la inadmisión de la solicitud de tramitación de un procedimiento amistoso
• El TS determina que la magnitud sobre la que se ha de aplicar la reducción de la base imponible del ISD por vivienda habitual es su valor real, minorado conforme al art. 12 Ley ISD
• El TS fija como doctrina, aunque con un voto discrepante, que sí resulta respetuoso con los principios de capacidad económica, igualdad y equivalencia el método de cuantificación de las tasas por la cobertura del servicio de prevención de incendios para el sujeto pasivo y del sustituto

Entre los autos destacamos los siguientes:

• ¿La exención relativa a las operaciones de arrendamiento que tengan la consideración de servicios y a la constitución y transmisión de derechos reales de goce y disfrute alcanza a los arrendamientos de terrenos rústicos con un aprovechamiento cinegético?
• ¿Se aplica el plazo de tres meses al incumplimiento de un deber formal de presentación en plazo de una declaración tributaria, como ocurre con la declaración de bienes y derechos situados en el extranjero del Modelo 720?

La Audiencia Nacional en una sentencia de 4 de mayo de 2021 señala que no cabe derivar la responsabilidad solidaria a un franquiciado por asumir el negocio de una anterior franquiciada.

La Administración Tributaria derivó la responsabilidad solidaria a la recurrente por considerar que hubo una sucesión de actividad entre la obligada principal y la nueva franquiciada, ya que ambas mercantiles se dedicaron sucesivamente a la misma actividad en una misma zona geográfica debido a un contrato de franquicia. La Inspección reconoció que la responsable no adquirió ningún bien de la obligada principal, pero justificó la derivación de responsabilidad en el contrato de franquicia, pues este contrato supuso la continuidad de la actividad que desarrollaba por la obligada principal.

La Audiencia Nacional en una sentencia de 18 de junio de 2021 estableció que los pagos realizados a una sociedad estadounidense por la cesión del uso de derechos sobre programas informáticos en los que se permite al cliente modificar el software cedido mediante la aplicación de una serie de módulos al programa base, no pueden calificarse como beneficios empresariales, sino que son cánones, pues no se trata de la cesión de un software estandarizado.

En el caso analizado, la entidad pagadora había realizado una consulta tributaria a la DGT que respondió afirmando que los pagos efectuados eran rentas empresariales y no cánones, pues se trataba de la cesión de uso un software estándar y no a la medida.

El Tribunal de Justicia en seis sentencias desestima los recursos de casación interpuestos contra las sentencias del Tribunal General que confirmaron la calificación del régimen fiscal español de amortización del fondo de comercio financiero (goodwill) como ayuda de Estado incompatible con el mercado interior.

El 6 de octubre de 2021, el TJUE publicó un comunicado de prensa en el que se daba cuenta de las sentencias recaídas en el en el asunto C-50/19 P Sigma Alimentos Exterior/Comisión, en los asuntos acumulados C-51/19 P y C-64/19 P World Duty Free Group/Comisión y España/Comisión, en el asunto C-52/19 P Banco Santander/Comisión, en los asuntos acumulados C-53/19 P y C-65/19 P Banco Santander y Santusa/Comisión y España/Comisión (respectivamente) y en los asuntos C-54/19 P Axa Mediterranean/Comisión y C-55/19 P Prosegur Compañía de Seguridad/Comisión en las que el Tribunal de Justicia desestima los recursos de casación interpuestos contra las sentencias del Tribunal General que confirmaron la calificación del régimen fiscal español de amortización del fondo de comercio financiero (goodwill) como ayuda de Estado incompatible con el mercado interior.

La medida controvertida, introducida en 2001 en la Ley 43/1995 (Ley IS) por la Ley 24/2001 (Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social), dispone que, en caso de adquisición, por parte de una empresa que tribute en España, de participaciones en una «sociedad extranjera», si el porcentaje de participación es de al menos el 5% y dicha participación se posee de manera ininterrumpida durante al menos un año, el fondo de comercio financiero resultante de esta adquisición podrá deducirse, en forma de amortización, de la base imponible del impuesto sobre sociedades que deba pagar esa empresa. Para tener la consideración de «sociedad extranjera», una sociedad debe estar sujeta a un impuesto idéntico al impuesto aplicable en España y sus ingresos deben proceder principalmente de la realización de actividades empresariales en el extranjero.

• Se opone a la Directiva del IVA a una normativa nacional que supedita la reducción a posteriori de la base imponible del IVA a la posesión de una factura y no pueda demostrarse por otros medios la realización de la transacción que da lugar a dicha devolución
• El TJUE confirma que no se opone a la libre circulación de capitales una normativa nacional que exige realizar pagos que superen un determinado importe exclusivamente mediante transferencia o ingreso en una cuenta de pago
• El régimen excepcional de imposición sobre el margen de beneficio del art. 392 de la Directiva del IVA se aplica únicamente a los terrenos edificables que se adquieren con vistas a su reventa
• El TJUE afirma que un sujeto pasivo no puede hacer valer el Reglamento n.º 904/2010  con el fin de impugnar, debido a una duración excesiva, la legalidad de la suspensión de la inspección tributaria, ya que no establece plazo alguno
• El elemento intencional en la responsabilidad subsidiaria por levantamiento del velo
• La prescripción del derecho a cobrar los créditos litigiosos embargados y el tiempo transcurrido en el proceso civil
• No procede la exención en el IP de la totalidad de la totalidad de las acciones o participaciones pues la actividad principal de la empresa es la gestión de un patrimonio mobiliario o inmobiliario
• Tratándose del impuesto de donaciones, el fallecimiento del donante carece de efecto interruptivo
• No cabe exigir el ICIO por las obras en el Museo de las Colecciones Reales licitado por Patrimonio Nacional, cuyo interés general excede del marco competencial municipal, y no necesitan licencia
• Una vez más se anula la sanción por el incumplimiento en plazo de la obligación de información bienes y derechos situados en el extranjero (Modelo 720) por la no motivación del elemento subjetivo de este injusto tributario

Para calcular la amortización deducible respecto de inmuebles arrendados a efectos de IRPF cuando fueron adquiridos por herencia o donación en el coste de adquisición satisfecho está incluido el valor del bien adquirido en aplicación de las normas sobre Impuesto sobre Sucesiones o Donaciones o su valor comprobado en estos gravámenes.

El Tribunal Supremo en una sentencia de 15 de septiembre de 2021, ha resuelto que para calcular la amortización deducible respecto de inmuebles arrendados a efectos de IRPF cuando fueron adquiridos por herencia o donación en el coste de adquisición satisfecho está incluido el valor del bien adquirido en aplicación de las normas sobre Impuesto sobre Sucesiones o Donaciones o su valor comprobado en estos gravámenes.

El Tribunal Supremo, en esta sentencia resuelve el recurso de casación planteado por el Abogado del Estado, que discrepa del parecer manifestado por la Sala juzgadora y que es admitido parcialmente por el Tribunal que casa y anula parcialmente la sentencia recurrida.

• El TJUE afirma que el servicio prestado por una televisión pública financiado mediante subvención queda fuera del ámbito del IVA
• La adquisición de un inmovilizado con cargo a beneficios es una materialización indirecta de la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC) en el IS correcta, encontrándonos ante una legítima economía de opción
• Alcance de la "reformatio in peius": Imputación temporal de ingresos y gastos en el IS a unos ejercicios prescritos por lo que se impide su traslado a otros ejercicios que no le correspondan
• Los coeficientes de amortización previstos en las tablas del Anexo del Rgto IS que se deben aplicar serán los correspondientes al grupo de la actividad que lleva a cabo la entidad
• Relevancia de los informes motivados del Ministerio de Ciencia e Innovación respecto de los gastos susceptibles de integrar la base de la deducción por innovación tecnológica en el IS por software avanzado
• Al no justificarse la perpetración del delito contra la Hacienda Pública y de blanqueo de capitales atribuidos a varias personas y a la Fundación de ftbolista, la AN sobresee provisionalmente y archiva las actuaciones
• Tiene un motivo económico válido la aportación no dineraria que permite la deducción de gastos de alquiler y deducción por reinversión de renta obtenida al trasmitir acciones recibidas por aportación no dineraria del bien a otra entidad del grupo
• La preclusión de la comprobación limitada en 2011 pugna con un requerimiento del procedimiento inspector de 2013 en el que se pedía al contribuyente que justificara documentalmente los ingresos financieros
• Se ha desvirtuado el informe del sujeto pasivo que acreditaba que la finca había perdido valor por el paso del tiempo y no existía hecho imponible del IIVTNU (Plusvalía) mediante los tres informes aportados por el Ayuntamiento
• Se anula la sanción por el incumplimiento de la declaración de bienes en el extranjero (Modelo 720), pues a la vista de las especiales circunstancias y el cuestionamiento en la Unión Europea de la normativa aplicable no se ha acreditado la culpabilidad

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea anula la resolución del Tribunal General por considerar que asumió erróneamente que no se cumplían las condiciones del art.1.d) del Reglamento (UE) 2015/1589 y por ello anuló la Decisión de la Comisión en la que concluía que el sistema de exención de los beneficios extraordinarios de las entidades belgas que forman parte de grupos multinacionales de sociedades constituye un régimen de ayudas ilegal e incompatible con el mercado interior.

En un comunicado de prensa, se ha compartido el fallo de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 16 de septiembre de 2021, en el asunto C-337/19 P en la que el Tribunal de Justicia anula la sentencia del Tribunal General, ya que este último había incurrido en varios errores de Derecho al interpretar la definición de «régimen de ayudas».

El TJUE recuerda que la calificación de una medida estatal como régimen de ayudas presupone la concurrencia de tres requisitos acumulativos (las ayudas pueden concederse individualmente a las empresas basándose en un dispositivo; no se requiere medida de aplicación adicional alguna para la concesión de dichas ayudas y las empresas a las que pueden concederse las ayudas individuales deben definirse «de forma genérica y abstracta».

Así pues, el Tribunal de Justicia concluye que el Tribunal General incurrió en varios errores de Derecho y anula la sentencia recurrida. Por lo que respecta a la prueba de la existencia de un «patrón de conducta sistemático», el Tribunal de Justicia considera que la muestra de decisiones examinadas por la Comisión (22 rulings del total de 66 seleccionadas de forma ponderada) puede, por su propia naturaleza, ser representativa de un «patrón de conducta sistemático» de las autoridades fiscales belgas. Sin embargo, declara que el litigio no está en condiciones de ser resuelto en lo que respecta a los motivos basados, sustancialmente, en la calificación errónea de la exención de los beneficios extraordinarios como ayuda de Estado, habida cuenta, en particular, de la inexistencia de una ventaja o de selectividad, ni en lo que respecta a los motivos basados, en particular, en la vulneración de los principios de legalidad y de protección de la confianza legítima, en la medida en que se erró al ordenar la recuperación de las supuestas ayudas.

En un comunicado de prensa, se ha compartido el fallo de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 16 de septiembre de 2021, en el asunto C-341/20 (que no se ha publicado en castellano) en la que concluye que el hecho de que el fletamento de una embarcación constituya una actividad comercial para la persona que la pone a disposición de terceros no justifica la exención fiscal en cuestión y por tanto la República Italiana al conceder la exención del impuesto especial a los combustibles utilizados por embarcaciones de recreo privadas exclusivamente en el caso de que dichas embarcaciones sean objeto de un contrato de fletamento, independientemente de la forma en que se utilicen realmente, vulnera la Directiva 2003/96/CE del Consejo, de 27 de octubre de 2003, por la que se reestructura el marco comunitario para la fiscalidad de los productos energéticos y la electricidad.

• El Derecho de la UE exige que a la devolución del impuesto sobre la electricidad indebidamente recaudado por la aplicación errónea de una disposición nacional que excede de las facultades conferidas por la Directiva 2003/96 se le debe sumar los intereses
• Una disposición de Derecho nacional que impone una obligación de pago del IVA por la adquisición intracomunitaria de carburantes antes de que dicho impuesto resulte exigible se opone a la Directiva del IVA
• A efectos del IBI, la superficie de las marquesinas de las estaciones de servicio de carburantes, constituyen un elemento singular y no se computa al 50%
• El Ayuntamiento está legitimado para impugnar la ponencia de valores del municipio, mediante el al requerimiento del art. 44 LJCA o interponiendo directamente recurso contencioso administrativo
• No cabe la rectificación de la declaración del IS de 2006 para rebajar el importe de la ganancia patrimonial en 2010, aunque la Ley del Suelo excluyera las expectativas urbanísticas
• Las dotaciones a fondos internos por compromisos de pensiones y prejubilaciones dan lugar a un crédito por impuesto diferido (DTAs), en el IS con independencia de la denominación del convenio
• No se admite el ajuste negativo en la base imponible del IS de la adquirente por las pérdidas producidas en los créditos de clientes que carecen de valor que correspondían a la transmitente
• Remitidas las actuaciones para su tramitación como delito, la Administración no recupera la competencia hasta que exista decisión jurisdiccional firme indicando que no existe delito
• El TSJ de la Comunidad Valenciana admite la deducción en el IRPF de los gastos del vehículo del agente comercial agente o corredor de seguros sin exigir la afectación exclusiva del mismo a la actividad económica
• Procede la devolución del IBI de los ejercicios no prescritos ante la declaración del Catastro de la naturaleza rústica de un terreno