Jurisprudencia

• Una suerte de estimación indirecta para determinar la base imponible del IVA en supuestos de fraude fiscal no vulnera el principio de neutralidad fiscal
• No es posible exigir intereses suspensivos, y habría que ver de demora, al responsable subsidiario que se ve obligado a acudir a los Tribunales para que se le notifique correctamente la deuda
• Tributación en el IVA de las actividades realizadas en los colegios por los clubes de fútbol en aras del fomento del deporte
• Reacción en cadena de los Tribunales en lo que se refiere al carácter no interruptor de las valoraciones solicitadas a otros órganos dentro de un procedimiento de comprobación de valores
• Reserva para Inversiones en Canarias (RIC) y sociedades patrimoniales
• Obligación de tener en cuenta la declaración extemporánea de bases negativas, posterior también al inicio de otro procedimiento en el que se pretenden deducir tales bases

• En tanto no haya decisión del tribunal que conoce de la suspensión, no prescribe el derecho de la Administración a recaudar 
• El TS se niega a excluir del cálculo del ajuar doméstico bienes que por definición no pueden generarlo
• Acordar la ampliación de las actuaciones sin hacer referencia a por qué aún no se han realizado actuaciones respecto de un impuesto rompe el carácter unitario del procedimiento de inspección
• Los ingresos financieros no ordinarios no forman parte de la cifra de negocios a los efectos de la aplicación del régimen de empresas de reducida dimensión
• Plazo de mantenimiento de la reinversión en caso de renuncia al régimen  de diferimiento 
• Principio de comprobación íntegra en caso de revalorización contable 
• Plazo para volver a reinvertir en caso de incumplimiento del requisito de mantenimiento de la reinversión
• La previsión de una ordenada sucesión empresarial es motivo económico válido para la aplicación del régimen especial de  fusiones, escisiones, aportaciones de activos y canje de valores
• Mientras que la parte de la  indemnización percibida en metálico está exenta en ITP y AJD no lo está la parte recibida en especie mediante la entrega de cocheras
• Amortización del fondo de comercio: Decisión de la Comisión Europea de 28 de octubre de 2007 
• El Ayuntamiento debe respetar las exenciones del IIVTNU establecidas en el TRLHL 
• Comprobación de valores de un inmueble derrumbado 
• Imposibilidad de aportar documentación con posterioridad al trámite de audiencia del procedimiento administrativo 
• Se condena a un asesor fiscal por manipular con la firma electrónica las relaciones entre su cliente y la Administración tributaria y apropiarse del dinero destinado al pago de sus impuestos

• No permitir la deducción del IVA en el ejercicio de devengo de la operación sino en el de la rectificación de la factura es una “sanción” no permitida por la Directiva IVA 
• No da derecho a deducción del IVA soportado una factura por servicios jurídicos “desde una fecha hasta otra”, salvo que se complete con información extra 
• No se puede adelantar la valoración sobre la procedencia de la suspensión sin garantías a la fase de solicitud
• Con el alta médica cesa la obligación de retener de la Mutua y no puede ser declarada responsable solidaria 
• Carácter no excluyente de los medios de recuperación del IVA soportado: compensación y devolución
• El TSJ de Madrid aclara que a las parejas de hecho se les aplican los beneficios fiscales previstos para la sucesión de los cónyuges 
• Para determinar el  valor real de los valores de Forum Filatélico debe acudirse a una comprobación de valores y no a la verificación de datos 
• Si el Ayuntamiento no restaura la legalidad urbanística no cabe exigir la tasa por aprovechamiento especial de la vía pública para estacionamiento de vehículos
• Es ilegal exigir el  recargo del IBI para viviendas desocupadas en tanto no se desarrollen las condiciones para ello reglamentariamente
• Carácter vinculante de las valoraciones solicitadas a la Administración tributaria a pesar de errores en los datos suministrados por la Administración

A costa de la sentencia de la Audiencia Nacional de 7 de julio de 2016, de escaso interés en si misma (no contiene el suficiente relato fáctico) si no es por el hecho de que le sirve al Tribunal para reiterarse en sus palabras anteriores respecto de las notificaciones electrónicas defectuosas practicad s desde la sede electrónica de la Agencia Tributaria, se recupera una sentencia de ese mismo Tribunal, de 28 de mayo de 2015 que, como tantas veces con la Audiencia Nacional, supone un nuevo exponente de pronunciamiento en defensa de los derechos del contribuyente.

A este respecto, la Directiva del impuesto sobre el valor añadido es válida

De conformidad con la Directiva del impuesto sobre el valor añadido (en lo sucesivo, «Directiva del IVA»),¹   los  Estados  miembros  pueden  aplicar  un  tipo  reducido  del  impuesto  sobre  el  valor añadido (en lo sucesivo, «IVA»)² a las publicaciones impresas como libros, periódicos y revistas.³

Por el contrario, las publicaciones digitales deben someterse al tipo impositivo normal, con excepción de los libros digitales, en la medida en que se suministren mediante un soporte físico como, por ejemplo, un CD-ROM.⁴

A la espera del pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre las diversas cuestiones de constitucionalidad planteadas acerca de este Impuesto [Vid. Auto n.º 112/2014  del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n° 22 de Madrid; Auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, n.º 3 de Donostia-San Sebastián de 5 de febrero de 2015, recurso n.º 245/2014  y Auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº 1. de Vitoria-Gasteiz de 22 de diciembre de 2015, recurso n.º 82/2015 ] son muchos los pronunciamientos de los Tribunales Superiores de Justicia y Juzgados de lo Contencioso Administrativos en los que se anulan las liquidaciones giradas por los Ayuntamientos casi de forma automática, sin comprobar previamente si se ha producido el hecho imponible del mismo, es decir, si existe un incremento del valor del terreno.

Esta vez es el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en una sentencia de 15 de abril de 2016 el que ha anulado una liquidación  ya que la transmisión que origina la liquidación se ha realizado con pérdidas, lo cual queda constatado  a la vista de las escrituras que documentaron la compra previa y el transmisión se desprende claramente que no ha existido incremento alguno de valor de las fincas.

• La tributación en IVA de las costas procesales en procedimientos acogidos a asistencia justicia gratuita no lesiona la tutela judicial efectiva
• El TC recuerda al Supremo su deber de acatamiento de la jurisprudencia constitucional en materia de interrupción de la prescripción del delito fiscal
• El TC confirma la inconstitucionalidad planteada por el Supremo del tratamiento de la reducción por irregularidad en el IRPF en el ejercicio de las opciones sobre acciones establecido por la Ley de Economía Sostenible
• El derecho a la intimidad de un menor no es obstáculo para cumplir con el deber de contribuir
• Implicaciones, respecto del delito contra la Hacienda pública, de la estafa AFINSA
• El silencio de un Ayuntamiento a una petición urbanizadora no obliga a devolver las cuotas de IVA aunque la edificación no se lleve finalmente a cabo
• Los servicios contratados con terceros, que se refacturan a la matriz siendo los resultados propiedad de la entidad matriz extranjera, no dan derecho a la deducción por I+D+i
• El productor de una serie de televisión, pese a las prevenciones y control que se conceden a la cadena de televisión, puede aplicar la deducción por inversiones en producciones cinematográficas.
• No incluir en la regularización el ajuste secundario en operaciones vinculadas anula la liquidación
• La responsabilidad patrimonial del Estado por aplicar una norma anticomunitaria es declarable más allá de la cosa juzgada

El Tribunal Supremo, en su sentencia de 12 de julio de 2016, dicta una sentencia importantísima en lo que tiene que ver con los derechos del contribuyente, más en concreto, en lo que tiene que ver con su derecho a que los procedimientos caducados por exceder del plazo reglamentario no interrumpan su derecho a la prescripción de la deuda tributaria, incluso cuando él haya interpuesto recursos o reclamaciones con el fin de que se declare esa caducidad.

La norma señala expresamente que los procedimientos caducados no interrumpen la prescripción de la deuda -se trata de una actuación administrativa baldía-, pero ¿qué pasa con las actuaciones del contribuyente tendentes a que se produzca esa declaración, si es que derivan de su posición?.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña considera en su sentencia de 1 de febrero de 2016, que está excluida expresamente en la normativa tributaria de aplicación la deducibilidad de los gastos que tengan su causa en la administración del caudal relicto, equiparando los honorarios del albacea a gastos de administración del caudal relicto.

En dicha sentencia se incluye un voto particular de una magistrada, que no comparte la equiparación de los honorarios del albacea con gastos de administración del caudal relicto, por cuanto el albacea es la persona expresamente designada por el testador para cumplir su última voluntad, custodiando sus bienes y dándoles el destino que corresponda según los términos de la disposición testamentaria. No desempeña su cargo en beneficio de los herederos, a diferencia de lo que ocurre con la administración del caudal relicto, sino que su cometido es específicamente asegurarse de que se cumple lo dispuesto por el causante. Estando su función claramente diferenciada de una mera administración y viniendo impuesto su nombramiento por el propio testador, considera esta magistrada  que la retribución del cargo es un gasto deducible al no ser en modo alguno equiparable a los gastos de administración.

De nuevo se publica una interesantísima y a buen seguro polémica sentencia del Tribunal Supremo en materia de dilaciones dentro del procedimiento inspector; esta vez en lo que tiene que ver con la necesidad de otorgar siempre o no –esa es la cuestión- el plazo de 10 días señalado en el art. 36.4 RD 939/1986 (RGIT) –equivalente al actualmente vigente art. 171.3 RD 1065/2007 (Rgto de gestión e inspección tributaria)- al objeto de que el contribuyente inspeccionado cumpla con su obligación de aportar la documentación que se le pueda requerir a lo largo del procedimiento.