Jurisprudencia

Primero les tocó el turno a los dividendos de los fondos de pensiones, luego a las fundaciones y a las entidades sin fines lucrativos… Ahora la sentencia de la Audiencia Nacional, de 23 de julio de 2015, pone de manifiesto que la tributación de los dividendos de las instituciones de inversión colectiva residentes en otros Estados de la Unión Europea con anterioridad a la reforma introducida por la Ley 2/2010 en el RDLeg. 5/2004 (TR Ley IRNR) -que introdujo la letra l) al art. 14.1 y estableció la exención de esos dividendos en la parte que superase la tributación que esas mismas instituciones, pero residentes, tuvieran que soportar en España- vulneraba la libertad de establecimiento y la libre circulación de capitales, lo cual es tanto como decir que era anticomunitaria.

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en su sentencia de 20 de mayo de 2015, con base en  la declaración de inconstitucionalidad del inciso «que tengan su residencia habitual en la Comunitat Valenciana» declarado inconstitucional y nulo por la STC 60/2015, de 18 de marzo, [Vid STC, nº 60/2015, de 18 de marzo de 2015],  respecto de las sucesiones mortis causa anula ahora la resolución del TEAR así como la liquidación impugnadas referidas a una donación, entendiendo que no es legítima la exclusión del derecho a la aplicación de la reducción de la base imponible con motivo de la residencia del donante, que en este caso sí residía en la Comunidad Valenciana pero por error consignó su domicilio en Madrid, puesto que conforme a dicha sentencia el tratamiento desigual en la bonificación fiscal que deriva del elemento de la residencia no responde a ningún fin constitucionalmente legítimo, y que por tanto, al introducir tal elemento diferencial en la regulación del beneficio, se vulneran los arts. 14 y 31.1 CE y es contrario a lo dispuesto en el art. 139.1 CE.

Si la compra de un inmueble en la época de precios más elevados de la burbuja se vende en la actualidad no ha existido incremento de valor de los terrenos entre la fecha de adquisición y la fecha de transmisión, no se habrá realizado el hecho imponible y no procederá la liquidación por el IIVTNU.

Así lo entiende acreditado el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo N.º 3 de Zaragoza en su sentencia de 13 de julio de 2015, que afirma que n lo que se grava el impuesto es el incremento del valor del terreno, el cual, además, se debe poner de manifiesto con ocasión de una transmisión. 

El Juzgado no comparte la argumentación del Ayuntamiento sobre la circunstancia de que art. 107 del RDLeg 2/2004 (TR LHL) prescinde de la realidad y establece una plusvalía ficticia, por referencia a criterios objetivos, independientes del valor real de los terrenos y de la existencia o no de un efectivo incremento patrimonial, añadiendo además que en todo caso el valor catastral es muy inferior al de la venta gravada. Si no hay incremento de valor, el gravar con independencia de ello supondría "inventar" un impuesto, pervirtiendo la regulación.

• La independencia, clave en la sujeción al IVA de las sociedades públicas para el TJUE
• El condenado en costas debe asumir como coste el IVA de los honorarios del letrado contrario 
• Regularizar facturas que no diferencian los correspondientes tipos de IVA obliga a la Inspección a ajustar íntegramente la situación tributaria del sujeto pasivo
• Tanto el método del precio de reventa como el del margen neto operacional son adecuados para determinar el valor de mercado.
• Las pólizas intervenidas por notario no están sujetas al Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados 
• El plazo de prescripción del derecho a determinar la deuda tributaria no comienza hasta que no concluye la prórroga del plazo para presentar liquidación del ISD, que no se interrumpe por la presentación de la declaración por el contribuyente 
• Para valorar una vivienda convertida en oficina hay que restar el valor de las obras para su conversión en vivienda
• Necesidad de intervención de la administración concursal para recurrir ante los Tribunales Económico-Administrativos

El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, en una sentencia de 15 de junio de 2015, ha concluido que procede la sujeción al ITP y AJD, en su modalidad de Actos Jurídicos Documentados de la transmisión de la participación indivisa de una oficina de farmacia, aun no existiendo inmuebles, aunque la Ley 37/1992 (Ley IVA) declara no sujeta por este tributo tales transmisiones, y el RDLeg 1/1993 (TR Ley ITP y AJD), según interpretación de la STS de 17 de diciembre de 2012 en un recurso de casación en interés de ley, [Vid., STS, de 17 de diciembre de 2012, recurso n.º 1846/2011], la declara no sujeta al ITP si no existen inmuebles que resultarían gravados.

El Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en una sentencia de 17 de junio de 2015, al contrario de lo afirmado por el TEAR y TEAC, ha estimado que si bien la sociedad no cerró ventas ni arrendamientos de inmuebles hasta bien entrado el 2003, cuando recibió las edificaciones de otra sociedad del grupo en virtud de la permuta celebrada en noviembre de 2000 y una serie de inmuebles por ampliación de capital de febrero de 2003 (días antes del fallecimiento del causante), en ese periodo estaba acometiendo todas las actividades necesarias para ejercer la de arrendamiento sobre los bienes inmuebles que iba a recibir que constituyen los eslabones de la cadena de actuaciones en que se configura el ejercicio de una actividad económica, como lo evidencia la venta de pisos y locales pocos meses después de acaecido el fallecimiento del causante.

• El principio de no concurrencia en la aplicación de las sanciones impide declarar responsable solidario a quien colaboró en la emisión de facturas falsas y ha sido condenado por ello
• Antes de acudir a la notificación edictal hay que notificar al domicilio conocido del extranjero y utilizar los mecanismos de colaboración internacional administrativa
• La Audiencia Nacional estudia el valor legal de los Comentarios al Modelo de Convenio de la OCDE y antepone el principio de seguridad jurídica a los mismos en lo que a la atribución de beneficios al EP se refiere
• Requisitos para admitir la deducción del fondo de comercio generado en una fusión por absorción de una participada al cien por cien
• Se consideran realizados en España los servicios prestados a través de páginas webs por una entidad no residente
• Provisión por responsabilidades por proceso penal de condena por accidente laboral
• No cabe ampliar el plazo de actuaciones inspectoras si al acordarlo ya está cuantificada la deuda
• El principio de seguridad jurídica y de actos propios impide liquidar a la Inspección unas retenciones declaradas exentas en un procedimiento de gestión
• Concesión retroactiva de exención en el IBI a una Universidad
• Deducción por inversiones de ejercicios anteriores en el IS
• Deducción por inversiones medioambientales en el IS

La sentencia de la Audiencia Nacional de 9 de julio de 2015 pone de manifiesto una mala práctica administrativa que tiene que ver con las deudas tributarias cuya ejecución está suspendida y que, a lo largo del procedimiento administrativo o el posterior proceso contencioso son parcialmente aceptadas por el obligado tributario, deudas que algunos órganos administrativos declinan ejecutar en esa parte, en tanto no se resuelve definitivamente sobre la licitud de la totalidad de la deuda.

Tal y como pusimos en antecedentes en la noticia publicada en esta página web bajo el título El TJUE afirma que la normativa italiana sobre la prescripción puede afectar a los intereses financieros de la Unión al impedir en materia de fraude grave del IVA su imposición efectiva,  el Tribunal de Justicia de la Unión Europea adelantó, vía comunicado n.º 95/15, la publicación de su sentencia de 8 de septiembre de 2015, sobre las consecuencias que la regulación -en este caso italiana- de la prescripción de los delitos derivan para la correcta recaudación del IVA, pronunciamiento que no puede pasarse por alto tanto por lo inédito del juego jurídico que contiene como por la trascendencia última que se adivina en lo que tiene que ver con la lucha contra el fraude y con la seriedad y ultraprotección que a la recaudación del IVA se quiere dar a nivel comunitario.

• La presentación del justificante de pago de la tasa judicial tras finalizar el plazo para presentar recurso de apelación no hace perder el derecho al recurso
• La norma administrativa permite interpretar que la exigibilidad del ITP por la constitución de concesiones administrativas se retrase hasta la formalización del contrato
• El sujeto pasivo en la hipoteca unilateral a favor de la AEAT es el Estado, no el deudor hipotecario
• La reducción en el ISD por adquisición de la empresa familiar sólo se practica sobre el valor de los bienes afectos y no sobre el total de la empresa
• La presentación tardía de la documentación justificativa del derecho a la devolución del no establecido no le priva del derecho a la devolución
• El principio de la íntegra regularización también opera en el ámbito del fraude carrusel
• Deducibilidad en el IS de la participación en beneficios pagada a un cuentapartícipe
• Dies ad quem del plazo de las actuaciones inspectoras
• Ampliación del plazo e interrupción injustificada de las actuaciones inspectoras
• Competencia para dictar la declaración de fraude de ley
• Efecto preclusivo de las comprobaciones inspectoras anteriores