Artículos de Tributación

Javier Eugenio López Candela
Magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional

Este trabajo ha sido seleccionado para su publicación por: don José Andrés Sánchez Pedroche, don Francisco Alfredo García Prats, don Francisco Magraner Moreno, don Juan Mestre Chesa y don Javier Sancho Sebastián.

La Ley Orgánica 1/2010 llevó a cabo una importante reforma del régimen de control jurisdiccional de las normas forales fiscales de los Territorios Históricos vascos, para lo cual modificó, en primer lugar, la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y, junto con ella, la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. En virtud de esta reforma el control jurisdiccional de dichas normas, que anteriormente correspondía a la jurisdicción contencioso-administrativa, ha pasado al Tribunal Constitucional. La anterior competencia de los Tribunales contencioso-administrativos se basaba en la consideración de reglamentos que se atribuía a las normas forales, si bien amplios sectores doctrinales y la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional reconocían la singularidad de dichas normas, que no encajan cómodamente en esa categoría normativa, como tampoco lo hacen en la de ley. Estas dificultades de caracterización originan problemas de constitucionalidad de la Ley Orgánica 1/2010, en las que se han basado las Comunidades Autónomas de La Rioja y Castilla y León, limítrofes con el País Vasco, para interponer recursos de inconstitucionalidad contra ella. El presente trabajo examina los mencionados problemas y llega a la conclusión de que no ofrecen fundamento suficiente a la tesis de la inconstitucionalidad de dicha Ley.

Palabras clave: normas forales fiscales, Ley Orgánica 1/2010 y constitucionalidad.

La responsabilidad prevista respecto de los administradores concursales aparece recogida en el artículo 43.1 c) de la LGT de 2003, ya en su redacción original. Sin embargo, el interés suscitado por el contenido de dicho precepto ha ido ganando relevancia de la mano de la crisis económica que afecta a nuestro país. En el presente trabajo se analizan las principales cuestiones que se suscitan al hilo de la aplicación práctica de ese precepto, problemas en muchos casos derivados de los conflictos surgidos entre normas tributarias y concursales. Algunos de estos conflictos se han solventado a través de importantes modificaciones normativas realizadas en los últimos años, aunque otros siguen existiendo. Muestra de ello son las diferentes opiniones que, respecto de temas muy relevantes, se vienen sosteniendo por la Administración Tributaria, de una parte, y la doctrina y jurisprudencia, de otra.

Palabras clave: responsabilidad subsidiaria, concurso de acreedores y administrador concursal.

En este trabajo se comentan las modificaciones introducidas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) por la conocida como Ley de Emprendedores, que se concretan en la regulación de un doble incentivo fiscal en relación con las inversiones destinadas a la creación de nuevas empresas y en el establecimiento de las especialidades para la aplicación en el ámbito del IRPF de la deducción por inversión de beneficios que, regulada por la normativa del Impuesto sobre Sociedades, resulta de aplicación para las empresas de reducida dimensión.
En cuanto al incentivo fiscal que se establece para fomentar las inversiones en empresas de nueva o reciente creación, indicar que se articula en una doble vertiente:

• En una primera fase, como una deducción en cuota en el momento de materializar la inversión en la empresa de nueva o reciente creación mediante la suscripción de sus acciones o participaciones.
• En una segunda fase, como una exención por reinversión de las ganancias derivadas de la transmisión de esas mismas acciones o participaciones.

Y viene a sustituir al régimen de exención, no condicionada a la reinversión, de las ganancias derivadas de la transmisión de acciones o participaciones en empresas de nueva o reciente creación que, introducido con un carácter de urgencia, resulta suprimido (y mejorado), sin perjuicio de su aplicación en el régimen transitorio que se establece.

Palabras clave: IRPF, deducción, exención, inversión, reinversión y nuevas empresas de reducida dimensión.

El Impuesto sobre Sociedades, regulado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la LIS, se ha visto modificado en algunos de sus preceptos por la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, en sus artículos 25, 26 y disposición final octava.
Las materias modificadas están contenidas en los artículos del Texto Refundido de la LIS, que, por numeración ordinal, hacemos referencia a continuación y van a ser objeto de comentario:

1. Reducción de las rentas procedentes de determinados activos intangibles (art. 23 del TRLIS).
2. Nuevo incentivo fiscal por inversión de beneficios para empresas de reducida dimensión (nuevo art. 37 del TRLIS).
3. Nueva deducción por creación de empleo para trabajadores con discapacidad (art. 41 del TRLIS).
4. Normas comunes a las deducciones por incentivos empresariales (art. 44 del TRLIS). Posibilidad de aplicación de la deducción por I+D+i sin límite sobre la cuota íntegra ajustada positiva y establecimiento de la incompatibilidad objetiva de los incentivos empresariales, salvo disposición expresa.
5. No aplicación de la escala superreducida (primeros 300.000 € al 15 % y resto al 20 %) a las cooperativas de nueva creación (nueva redacción de la disp. adic. 19.ª del TRLIS)

Palabras clave: IS, activos intangibles, inversión de beneficios, I+D+i y deducciones.

El legislador, a través de la Ley de apoyo a los emprendedores (y la modificación operada en el Reglamento del IVA) introduce un nuevo régimen especial en el IVA, el del criterio de caja, ampliamente demandado por determinados sectores empresariales y profesionales, que pretende paliar problemas financieros de estos en relación con este impuesto. Se trata de un régimen voluntario que opta por el «sistema o criterio de caja doble» para los sujetos pasivos cuyo volumen de operaciones no supere los 2 millones de euros: el empresario o profesional retrasa el devengo y la declaración e ingreso del IVA devengado hasta el momento del cobro, total o parcial, a sus clientes, con la fecha límite del 31 de diciembre del año inmediato posterior a aquel en que las mismas se hayan efectuado; y ve retardado también el momento en que nace el derecho a la deducción de las cuotas que soporta en sus adquisiciones hasta el momento en que realiza el pago a los proveedores, con igual límite del 31 de diciembre del año inmediato posterior a aquel en que se hayan efectuado las operaciones. El presente artículo aborda el examen de este nuevo régimen especial en los tres ámbitos básicos del mismo, delimitando su marco subjetivo, el contenido del régimen (que afecta tanto a los sujetos pasivos acogidos al mismo, como a sus clientes o destinatarios empresarios o profesionales) y las obligaciones formales, con especial incidencia en las cuestiones conflictivas que se plantean en su aplicación.

Palabras clave: IVA, regímenes especiales, régimen especial del criterio de caja, devengo, repercusión, deducciones, declaración de concurso, libros registros obligatorios y factura.

A lo largo del presente artículo se irán analizando las modificaciones que la llamada «Ley de Emprendedores» ha introducido en la Ley Concursal.
Que el derecho concursal es una realidad social y dinámica parece evidente. La última gran reforma de la Ley Concursal vino dada por la Ley 38/2011, de 10 de octubre. Dos años después, algunos artículos ya reformados se vuelven a modificar y, como veremos a continuación, se aumenta el articulado y los títulos de la Ley 22/2003.
Los prolegómenos a las modificaciones habidas hay que buscarlos en la Ley 5/2012, de 6 de julio, de Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles. Como podrá observarse no siempre es fácil conciliar dos leyes y en esta ocasión esto no va a constituir una excepción.
Por último, hay que reconocer que siempre es loable la buena disposición del legislador de intentar acortar los plazos y dar soluciones rápidas a temas de tanta relevancia social; como siempre hemos deseado, hacemos votos para que la teoría no choque frontalmente contra la realidad.

Palabras clave: emprendedor, mediación, mediador concursal y acuerdo extrajudicial de pagos.

Se ha aprobado, por fin, y con gran algarabía, la considerada como verdadera «Ley de Emprendedores», la Ley 14/2013, tras una primera versión aguada, la representada por la Ley 11/2013. Ambas leyes hacen un intenso uso instrumental de medidas sociales y laborales para favorecer la actividad de emprendimiento. El propósito de este estudio es ver y analizar, desde el ámbito estrictamente socio-laboral (medidas de empleo, laborales, de seguridad social, de autorización para trabajar), si el estudio jurídico de las nuevas propuestas avala la fe puesta en la Ley 14/2013 para favorecer el crecimiento de nuestro tejido económico o si, al contrario, propicia más bien la multiplicación de situaciones difíciles entre el autoempleo y los «falsos autónomos». Y veremos que no solo el camino emprendido por la Ley 14/2013 es insuficiente para crear las condiciones favorables a la mejora de la actividad empresarial, sino que sigue habiendo zonas muy tortuosas cuando no, al menos algunas, erradas, pues más bien propician el retorno a estrategias de fuga o huida de lo laboral, ahora hacia el autoempleo travestido de un evanescente estatuto jurídico de «actividad emprendedora-sujeto emprendedor».

Palabras clave: políticas de mercado de trabajo, trabajo autónomo, autoempleo y emprendedores.