Doctrina Administrativa

• No existe exigencia temporal o acotación temporal relativa al momento en que se han de producir los hechos determinantes de la responsabilidad solidaria -art. 42.2.a) de la LGT-: unificación de criterio
• Renta percibida por un socio al cesar de tal condición, por un pacto de no competencia durante 3 años ¿Cabe la reducción por rendimientos obtenidos de forma irregular en el tiempo?
• Relación laboral especial de alta dirección: calificación del trabajador como alto directivo
• Consecuencias de la reproducción en alzada de las alegaciones formuladas ante el Tribunal de instancia
• El TEAC en contra de la AN, que señala que la orden de carga en plan debe respetar el límite temporal del año para el inicio de las actuaciones inspectoras
• Los servicios de hostelería prestados en una discoteca, bar musical, café teatro, café concierto y establecimientos de características similares pasan a tributar, en todo caso, al tipo reducido
• La venta de un libro en formato electrónico no sufre cambios a efectos de su tributación en el IRPF
• Legar al cónyuge viudo el producto de un alquiler no es un gasto deducible del inmueble arrendado

Para la exacción por la vía de apremio de las cantidades adeudadas por responsabilidad civil derivada de la comisión de un delito contra la Hacienda Pública, no es preciso requerimiento de pago alguno o providencia de apremio.

La asistencia jurídica gratuita no está sujeta en virtud de la última modificación de la Ley 1/1996 (Asistencia jurídica gratuita).

Hasta la fecha, la doctrina más reciente de la Dirección General de Tributos sobre la materia estaba recogida en la contestación a la consulta de 25 de enero de 2017, donde se concluyó que los servicios prestados por abogados y procuradores a los beneficiarios del derecho a la asistencia jurídica gratuita estaban sujetos y no exentos del Impuesto, debiéndose repercutir en factura el IVA al tipo impositivo general del 21 por ciento a su beneficiario, destinatario de la prestación de tales servicios.

La declaración extemporánea de la declaración de bienes y derechos situados en el extranjero –modelo 720– sí lleva sanciones y consecuencias añadidas

La consulta de 6 de junio de 2017, adelantada por la Dirección General de Tributos, contiene un dictamen valorativo importantísimo en lo que tiene que ver con las consecuencias derivadas de la presentación extemporánea de la declaración sobre bienes y derechos situados en el extranjero.

Como ella misma expresa, contiene la interpretación sistemática y teleológica que se requiere hacer de los preceptos afectados –los generales en la materia, el art. 27 Ley 58/2003 (LGT), frente a los específicos en la materia, la Disposición Adicional Decimoctava de la misma norma y el art. 39.2 Ley 35/2006 (Ley IRPF)–, donde a la postre, se termina por aplicar uno de los principios básicos del Derecho, cual es que la ley especial puede a la ley general –lex specialis derogat lex generali–.

• Cómputo de la base de la deducción para evitar la doble imposición interna sobre las rentas derivadas de la transmisión de participaciones
• La transmisión inter vivos de  un vehículo para personas con discapacidad antes del plazo de 4 años determina la pérdida del beneficio fiscal disfrutado en su adquisición -tipo superreducido- aunque dicho vehículo se haya adquirido a su vez mortis causa 
• Adquirir un vehículo híbrido subvencionado te obliga a tributar en IRPF
• Diferente tratamiento de la devolución del céntimo sanitario según se determine el rendimiento de la actividad económica por el método de estimación directa u objetiva
• Discreto reconocimiento de que el envío al extranjero por nuestras consultoras de asesores fiscales para orientar sobre nuestro Derecho Tributario no genera rentas obtenidas en España
• El tiempo transcurrido desde la pérdida de la residencia fiscal en España no limita la exención por reinversión de la vivienda habitual de los no residentes
• Cambio de criterio de la DGT respecto de la inembargabilidad de los ingresos procedentes de las actividades profesionales y mercantiles
• El cambio de empleador no excluye al contribuyente del disfrute del régimen de trabajadores desplazados del IRPF
• Declaración de bienes en el extranjero: la adquisición de la titularidad de bienes inmuebles situados en el extranjero se rige por las normas del país de situación
• No procede devolver la garantía asociada a un almacén fiscal de productos sometidos a II.EE. en el momento del cese de su actividad en tanto no prescriban las deudas tributarias devengadas por su existencia

La DGT  modifica su criterio respecto de la obligación de llevar el libro registro de facturas recibidas una vez que entre en vigor el SII,  para los sujetos a los que les resulte aplicable o se acojan al mismo, aunque únicamente se realicen operaciones exentas

En una consulta de la DGT recientemente publicada de fecha de 20 de junio de 2017,  la DGT responde sobre el nuevo sistema de llevanza de libros a través de la Sede electrónica respecto  de una entidad que únicamente realiza actividades sujetas y exentas.

A partir del 1 de julio de 2017, esta entidad deberá llevar los libros previstos en el art. 62.1 Rgto IVA, a través de la Sede electrónica de la AEAT, en el caso de que el periodo de liquidación coincida con el mes natural o en caso de que opte voluntariamente por la llevanza de los mismos a través del nuevo sistema. La llevanza de libros a través de la Sede electrónica se basa en el envío automatizado de registros de facturación, de forma que no es necesario el suministro o envío de la propia factura, pues los registros contenidos en la misma son el fundamento de la información a suministrar.

• La presentación del modelo 390 no tiene virtualidad interruptiva del plazo de prescripción
• Ante un acto administrativo distinto del acto firme que dio lugar a la regularización ahora efectuada, el interesado tiene derecho a conocer, los documentos y pruebas en los que la Administración fundamentó su decisión
• Una matriz establecida en Suiza que opera en España a través de dos filiales sobre las que ejerce el control, lo hace con establecimiento permanente aun cuando haya dotado a dichas filiales de personalidad jurídica independiente 
• El albacea no tiene competencia alguna de representación ante la Hacienda Pública en el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los herederos
• Cómo tributa la transmisión de participaciones sociales cuando forman parte de la masa activa del concursado
• Explotación de apartamentos turísticos: ¿se puede hacer factura de un anticipo sin tener los datos fiscales del cliente?
• Las diferencias derivadas de la fluctuación de la moneda extranjera respecto del euro en las actividades económicas tienen consecuencias tributarias
• La opción por el régimen de trabajadores desplazados supone perder el derecho a las deducciones por maternidad, familia numerosa y persona con discapacidad a cargo
• Rectificación del pago fraccionado del IVPEE
• Las prestaciones de asistencia sanitaria del Sistema Nacional de Salud no se consignan en la declaración de operaciones con terceros, modelo 347

La responsabilidad solidaria por ocultación de bienes o derechos del deudor no circunscribe la conducta del responsable a más elemento temporal que el que se deriva de la propia finalidad de la conducta: impedir la traba del patrimonio del deudor

El Tribunal Económico-Administrativo Central, en su Resolución de 31 de mayo de 2017, en recurso extraordinario de alzada para la unificación de criterio, resuelve la cuestión consistente en determinar si es conforme a derecho la declaración de responsabilidad solidaria del art. 42.2.a) de la Ley 58/2003 (LGT) al que ha sido adquirente en una operación de compraventa de bienes inmuebles respecto de la deuda por IVA devengada con el negocio traslativo y que no ha sido ingresada por el sujeto pasivo/transmitente.

No es sujeto pasivo, ni en ese momento responsable por el incumplimiento de la diligencia de embargo y, dicha diligencia no es susceptible en ese momento procesal de vulnerar los derechos o intereses del destinatario.

El Tribunal Económico-Administrativo Central, en su Resolución de 31 de mayo de 2017, en recurso extraordinario de alzada para la unificación de criterio resuelve la cuestión relativa a si el obligado a cumplir una diligencia de embargo por las deudas de un tercero del que es acreedor carece de legitimidad para impugnarla en vía administrativa y económico-administrativa. 

Podíamos fácilmente pensar que ya se había dicho todo sobre el céntimo sanitario; sin embargo no es así. La consulta de la Dirección General de Tributos, de 24 de abril de 2017, aborda la cuestión desde un punto de vista inédito hasta la fecha, desde el que tiene que ver con la recuperación del crédito tributario después de fallecido el solicitante.