Doctrina Administrativa

Según nos recuerda la consulta de 3 de agosto de 2017, de la Dirección General de Tributos, ni la Disposición Adicional Decimoctava de la Ley 58/2003 (LGT), ni su normativa de desarrollo contenida en el RD 520/2007 (RGAT), vinculan bienes como el oro, las joyas o las obras de arte a la obligación de declarar la titularidad de bienes y derechos en el extranjero que se formaliza en el modelo 720. Efectivamente, sólo deben ser objeto de declaración las cuentas financieras, de cualquier tipo, y los bienes inmuebles y derechos sobre los mismos de los que sean titulares los residentes en España.

Así las cosas, la adquisición de oro en el extranjero y su depósito fuera de nuestras fronteras, no genera obligación ninguna a este respecto. Y ello aunque la gestión se haga desde una cuenta en la que se depositen los fondos necesarios para la adquisición y se recojan los beneficios derivados de la venta del oro; eso sí, siempre que esté situada en España, ya que ni compra de oro en el extranjero a través de la misma ni el depósito del metal precioso en el extranjero suponen –según la DGT- disponibilidad de fondos monetarios fuera de España por parte de su titular.

• La responsabilidad solidaria -art. 42.2.a) de la Ley 58/2003 (LGT)-, no circunscribe la conducta del responsable a más elemento temporal que el que se deriva de la propia finalidad de la conducta: impedir la traba del patrimonio del deudor
• Responsabilidad solidaria de una entidad, administradora concursal, representada a través de persona física
• Posibilidad de suspender el procedimiento de recaudación al haberse presentado una solicitud de compensación en periodo voluntario tras la denegación de una solicitud de aplazamiento
• Los expedientes que contienen, en relación con los acuerdos de resolución de los procedimientos sancionadores, exclusivamente los documentos derivados de la comprobación inspectora son causa de nulidad absoluta
• Separación de socio y amortización de acciones mediante reducción de capital ¿rendimiento de capital mobiliario o ganancia patrimonial?
• Retenciones sobre rentas obtenidas por sociedades anónimas estatales
• El pacto expreso de no inscripción de una operación no evita el devengo de AJD
• Tener que declarar el saldo de una cuenta a 31 de diciembre en el IP por haberse obtenido un premio de lotería no vulnera la capacidad económica

Siempre y cuando hablemos de un “tiempo breve” la finalidad última del régimen -atraer a España a estos colectivos- justifica que a pesar del incumplimiento de sus requisitos, no se produzca la exclusión

La consulta de la Dirección General de Tributos, de 6 de julio de 2017, cierra el círculo que ya abrieran las anteriores de 17 de febrero y de 4 de mayo de 2017 con un último supuesto de hecho, sobre el que quedaba por manifestarse, que nos permite aunar la doctrina del órgano consultivo al respecto de las consecuencias derivadas del incumplimiento puntual de los requisitos legales establecidos para poder acogerse al régimen especial establecido en el art. 93 Ley 35/2006 (Ley IRPF).

La opción del art. 167.Dos de la Ley 37/1992 (Ley IVA) supone el diferimiento del ingreso de una cuota ya liquidada por la Aduana.

El Tribunal Económico-Administrativo Central, en su Resolución de 28 de septiembre de 2017, en recurso extraordinario de alzada para la unificación de criterio resuelve la cuestión relativa a si la falta de inclusión en la declaración-liquidación correspondiente de IVA -cuando se haya elegido esta opción- de una cuota de IVA a la importación liquidada por la Aduana supone el inicio del período ejecutivo de recaudación al día siguiente del vencimiento del plazo de ingreso voluntario de esa declaración-liquidación sin que a ello obste el derecho del obligado tributario a la deducción del importe de dicha cuota.

Efectivamente, puede ser enervada en aquellos casos en los que “no obstante el escrupuloso cumplimiento de las formalidades legales” el interesado acredite suficientemente que, pese a su diligencia, el acto no llegó a su conocimiento o lo hizo en una fecha en la que ya no cabía reaccionar contra el mismo.

El Tribunal Económico-Administrativo Central, en su Resolución de 28 de septiembre de 2017, en recurso extraordinario de alzada para la unificación de criterio resuelve si la presunción “iuris tantum” de la validez de la notificación formalmente correcta, efectuada por la Administración en el domicilio del deudor, recepcionada por persona que declara ser “empleado”, podría ser enervada en el caso de que a la vista de las circunstancias concretas concurrentes en la fecha de recepción, se alegue y acredite que su intervención en la recepción de la misma fue incorrecta, así como la prueba o pruebas de esa falta de adecuación.

• La comprobación parcial de la veracidad de determinadas operaciones en IVA interrumpe la prescripción de la sanción por emisión de facturas falsas
• Beneficio fiscal condicionado al cumplimiento posterior de un requisito futuro que luego no se cumple generando inaplicabilidad sobrevenida del beneficio
• Al Tribunal Central no le compete revisar la tasa de regularización catastral liquidada por una Gerencia Territorial
• Impugnación indirecta de las ponencias de valores en el momento de concretarse la asignación individual de valores: nuevo cambio de criterio del Tribunal Central
• Prueba por testigos: no hay indefensión del contribuyente por no haber estado presente en las manifestaciones ante la Inspección de un tercero
• Requisito previo para aplicar la corrección fiscal prevista en el art. 18 del RDLeg. 4/2004 al tiempo de transmisión de las acciones adquiridas por canje de valores
• No se infringe la libertad de establecimiento por retener al arrendador no residente sin establecimiento permanente sobre su retribución bruta y no sobre la retribución neta como a un residente
• No todo lo patentable se puede acoger de forma automática a la deducción por I+D+i
• A la indemnización satisfecha por cancelación anticipada de Planes de Stock Options, decidida por la entidad ante su fusión y posterior salida a bolsa, no le corresponde reducción
• Solo procede la aplicación del método de estimación indirecta en el curso de las actuaciones de comprobación e investigación desarrolladas por los órganos de inspección

La comunicación de inicio de un procedimiento de comprobación de carácter parcial no tiene naturaleza de requerimiento previo respecto de la regularización posterior de otras obligaciones tributarias aun cuando se puedan entender relacionadas.

El Tribunal Económico-Administrativo Central, en su Resolución de 21 de septiembre de 2017, en recurso extraordinario de alzada para la unificación de criterio fija como criterio que, tratándose de un requerimiento o de procedimiento de comprobación de cualquier índole de carácter parcial, respecto de determinado concepto tributario, en el alcance del procedimiento o actuación no puede entenderse incluido más que el concepto expresamente definido, por lo que en su caso se consideraría voluntaria la regularización practicada por un obligado tributario con posterioridad a la notificación de ese requerimiento o comunicación de inicio, en relación con otras obligaciones aun cuando se pudieran entender relacionadas con la primera.

• A la emisión de facturas falsas por quien no ejerce actividad económica también se le aplica el tipo sancionador
• Facturas por operaciones que no se han realizado: presunciones basadas en hechos constatados
• Aunque el procedimiento de devolución a no establecidos no contempla la exigencia del trámite de audiencia previo, este podrá exigirse si el procedimiento es alterado de oficio
• La atribución de la condición de empresario o profesional por actuaciones de urbanización está íntimamente ligada a la intención de venta
• Obligación de emisión de factura por una aseguradora a un comerciante minorista por los servicios que le son prestados
• Declaración de bienes en el extranjero: los productos financieros complejos exigen declaración separada de valores y efectivo
• Si al enajenarse el bien que da lugar a una reducción del ISD no es posible la reinversión en otro semejante, sirve para mantener el beneficio el ingreso del importe obtenido en algún tipo de inmovilización
• La participación indirecta a través de holding computa a la hora de determinar la normativa de la CC.AA aplicable a la sucesión de un no residente

• Impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica (IVPEE): compatibilidad con normativa UE y competencia en relación con la constitucionalidad de las disposiciones tributarias de carácter general
• Plazo para iniciar un nuevo procedimiento de inspección tras una resolución estimatoria de las pretensiones de los obligados tributarios por razones sustantivas o de fondo, anulando el acto impugnado
• Exención en el IP de la transmisión lucrativa de participaciones en una empresa familiar: cálculo del requisito de remuneración superior al 50% de los rendimientos del trabajo y de actividades empresariales y profesionales
• No resulta procedente la desestimación de una solicitud de rectificación de autoliquidación con el único argumento de la no firmeza de la liquidación
• Obligaciones formales de una organización sindical, que realiza operaciones sujetas y exentas junto con otras sujetas y no exentas por las que repercute el Impuesto, en el marco del nuevo sistema de Suministro Inmediato de Información (SII)
• La anulación de una compraventa de acciones de Bankia instada por los herederos del comprador tributa por IRPF
• Fallecido el comprador que firmó en escritura privada, si han transcurrido más de 4 años, prescribe el ITP de la operación
• La exención de presentación del modelo 720 del titular de un bien sometido a esa obligación supone la exención para el resto de los obligados por el mismo
• Reinversión en vivienda habitual: La compra de una vivienda habitual en el extranjero no es obstáculo para la exención
• Inversión en vivienda habitual: No se pierde el derecho a la deducción cuando se disfruta de otra vivienda por razón de cargo o empleo

Sabemos que el productor es aquél que decide realizar la obra, o no -iniciativa- asumiendo los riesgos económicos -responsabilidad- y ostentando la titularidad del principal derecho de propiedad intelectual de la misma: su explotación mediante su emisión.

De acuerdo con lo anterior, podemos comprobar que, en el caso analizado, a los pocos días de celebrar los primeros contratos de coproducción, entre 10 y 12 días, se suscribieron otros nuevos contratos entre el obligado tributario y los mismos productores en virtud de los cuales les cedió los derechos de explotación de las mismas películas, objeto de esos primeros contratos, por un periodo de 10 años a cambio de unas importantes cantidades de dinero, reservándose solamente la explotación en determinados países que pueden considerarse residuales desde el punto de vista de la explotación de las películas, y así lo ha corroborado la Inspección comprobando que no han dado lugar a acción comercial alguna, pudiéndose determinar que el obligado tributario no explota sus derechos como propietario de las películas a través de otras entidades que se dedican a la comercialización, distribución o exhibición, sino que lo que hace es ceder prácticamente en bloque y por una cantidad fija esos derechos de explotación a los mismos productores que pocos días antes se los habían transmitido.