Doctrina Administrativa

Ninguna norma requiere que se agoten todos los trámites del período ejecutivo con respecto de todas y cada una de las deudas.

El Tribunal Económico-Administrativo Central, en su Resolución de 30 de mayo de 2018, resuelve en recurso extraordinario de alzada para la unificación de criterio que para la declaración de fallido del deudor principal, en relación con la posterior declaración de responsabilidad subsidiaria, le corresponde a la Administración tributaria constatar si existen o no bienes y si los mismos son o no realizables de manera inmediata en el momento en que se lleva a cabo la investigación. Una vez constatado por la Administración que los bienes no son realizables de inmediato y por ello suficientes para hacer frente a la deuda, se procederá a la declaración de fallido, total o parcial, sin perjuicio de que los órganos de recaudación vigilen la posible solvencia sobrevenida de los obligados al pago declarados fallidos y se proceda a la rehabilitación de los créditos declarados incobrables si se diera tal circunstancia dentro del período de prescripción.

• Competencias de las Unidades de Módulos en relación a contribuyentes que han renunciado al régimen de estimación objetiva
• Ejercicio del derecho a compensar cuando no se ha presentado la declaración-liquidación susceptible de generar el derecho
• Periodo en que deben cumplirse los requisitos para aplicar las reducciones en la donación de una empresa familiar
• Validez de un informe técnico de valoración para impugnar un valor catastral notificado
• Las adquisiciones realizadas por la entidad absorbente con anterioridad a la inscripción de la operación no son válidas a efectos de la deducción por reinversión de la absorbida
• Fecha de eficacia de la rectificación de oficio del domicilio fiscal
• El intercambio de monedas virtuales por otras como método de inversión se califica como permuta y da lugar a ganancias o pérdidas patrimoniales
• Cuál es el valor de adquisición de las viviendas leasehold a efectos del cálculo de amortización en los rendimientos del capital inmobiliario
• El desempeño de un trabajo en el establecimiento de una entidad andorrana en España con vuelta a Andorra cada día no tributa en España
• La constitución de un trust no tiene consecuencias tributarias para el beneficiario vinculado con España, salvo que le otorgue facultades de disposición

Se plantea en esta consulta de la Dirección General de Tributos, de 27 de marzo de 2018, la cuestión de si un contribuyente, ante la negativa o la dificultad de obtener la información de los contribuyentes afectados, puede acudir en auxilio a la Administración tributaria, con el objeto de que le informe sobre si una determinada renta ha sido declarada o no y, en respuesta negativa, practicar en su propia declaración un determinado beneficio fiscal.

Pues bien, reconoce la Dirección General de Tributos que, ciertamente, no existe una obligación de índole tributaria para que el contribuyente aporte esa información a otro que se lo solicita, sin perjuicio de que esa actividad entre particulares se pueda desarrollar conforme al resto del ordenamiento jurídico, y le pueda ser aportada voluntariamente por dichas personas físicas, incluso porque se obligue a ello la persona física en el ámbito de su autonomía de voluntad.

Pero es que, además, la Administración tributaria no podría atender una petición de auxilio para que, como en ese supuesto, los contribuyentes reclamen de otros obligados tributarios datos tributarios que se niegan a facilitarles directamente, dado el derecho de los mismos al carácter reservado de sus datos tributarios.

A este tipo de contratos, por su similitud, se les aplica el mismo tratamiento tributario, pues se caracterizan por liquidaciones derivadas en ambos casos de variaciones, ya sea en el valor de índices o en el tipo de cambio. 

La consulta de la Dirección General de Tributos, de 6 de marzo de 2018, se recoge el análisis de dos tipos de operaciones financieras: contratos por diferencias (CFD) y contratos sobre pares de divisas (FOREX).

La situación de hecho de la que se parte es la de un banco extranjero que ofrece, a través de una empresa que presta servicios en España y que opera mediante una plataforma informática, servicios financieros a sus clientes, entre los cuales se encuentran los que se acaban de señalar, que se estudian desde el punto de vista conceptual y tributario.

No cabe la aceptación tácita de la modificación de la cuenta de domiciliación de pagos. 

El Tribunal Económico-Administrativo Central, en su Resolución de 26 de abril de 2018, en recurso extraordinario de alzada para la unificación de criterio resuelve que la modificación de la cuenta de domiciliación bancaria de pagos solo puede hacerse por los medios y en la forma establecidos, siendo necesaria la aceptación expresa de la Administración para que la modificación surta efectos y sin que la solicitud efectuada por medios distintos genere derecho o expectativa alguno. 

• Exención de los intereses indemnizatorios por retraso en el pago correspondiente a una indemnización exenta
• La regularización de una ganancia patrimonial derivada de la transmisión de valores no cotizados y el procedimiento de comprobación limitada
• Operaciones vinculadas: límites de la sanción por no aportar documentación o aportarla de forma incompleta, cuando proceda efectuar correcciones valorativas por la Administración
• Ante una domiciliación realizada por el obligado al pago en una entidad de crédito no atendida a su vencimiento, es preceptivo que acredite la existencia de saldo el día del adeudo
• Fecha de cese de la actividad a partir de la cual se determina el alcance de la responsabilidad exigible al administrador
• Requerimiento para subsanar una solicitud de aplazamiento y efectos del incumplimiento de dicho requerimiento
• Requisitos que deben reunir las cuentas bancarias designadas para la domiciliación de los pagos de un aplazamiento y/o fraccionamiento
• No es admisible a trámite un recurso extraordinario de alzada para la unificación de criterio si se aprecia incongruencia entre lo solicitado por el Director recurrente y los criterios aplicados por el TEAR
• El régimen especial para trabajadores desplazados que haya impedido la práctica de la deducción por inversión en vivienda habitual en un período impositivo anterior a 2013, no justifica su aplicación posterior
• En caso de acceso diferido a la propiedad de la vivienda, la fecha de adquisición, a efectos de IRPF, no es cuando se adjudica la mera posesión, sino cuando se otorga escritura pública de compraventa

El Tribunal Económico-Administrativo Central, en su resolución de 19 de abril de 2018, resuelve que, teniendo en cuenta que estamos ante una regla excepcional y por tanto de aplicación restrictiva, así como los requisitos o condiciones que la doctrina del TJUE exige para que exista un pago anticipado que de lugar a la exigibilidad del impuesto, se considera que cuando existe una asunción de deuda anterior al momento de la realización del hecho imponible, sin que tenga efectos liberatorios para el deudor primitivo no hay cobro y, por tanto, no resulta de aplicación la regla de los pagos anticipados.

No se discute en esta reclamación, debiendo entenderse que se conocen todos los elementos relevantes del devengo, esto es, de la futura entrega de la vivienda, y por consiguiente, en particular, que el bien está identificado con precisión en las escrituras de diciembre de 2012, que es cuando la sociedad cooperativa considera que se efectúa el pago a cuenta.

• La solicitud de rectificación de autoliquidación presentada por quien soporta la repercusión del IVA debe notificarse al empresario que lo repercutió
• El procedimiento de comprobación censal no interrumpe la prescripción del derecho a liquidar el IVA
• La declaración de un valor de mercancías importadas anormalmente bajo en relación con el valor estadístico medio de mercancías comparables constituye duda fundada sobre su exactitud
• Incompatibilidad de los gastos de patrocinio tenidos en cuenta a efectos del cálculo del límite de la deducción por apoyo a acontecimientos de excepcional interés público con su consideración de gastos fiscalmente deducibles
• El recurso extraordinario de alzada para la unificación de criterio no afecta a la situación jurídica particular que deriva de la resolución recurrida
• No toda utilización indebida del procedimiento de verificación de datos comporta la nulidad de pleno derecho de aquél
• La modificación de la propuesta inicial del acuerdo sancionador por apreciar comisión repetida no requiere dar trámite de audiencia al interesado
• Criptomonedas: imputación temporal en IRPF teniendo en cuenta que la emisión de la orden de venta de la moneda virtual y la percepción del dinero se producen en momentos diferentes
• Aplicación de la exención por reinversión por unos cónyuges en régimen de separación de bienes y con porcentajes de participación en la vivienda habitual distintos
• Adquirir acciones de la empresa en que se trabaja, si están depositadas en el extranjero, obliga a presentar el modelo 720

La DGT analiza pormenorizadamente el régimen tributario aplicable a este tipo de rendimientos en el entorno de la no residencia y especialmente desde el punto de vista de la intervención que las webs especializadas realizan en el sector 

La consulta de la Dirección General de Tributos, de 12 de febrero de 2018, recuerda en primer lugar que el arrendamiento para uso vacacional de inmuebles por sus propietarios no residentes en territorio español puede dar lugar a la calificación como renta obtenida mediante establecimiento permanente cuando, conforme a lo previsto en el art. 27 Ley 35/2006 (Ley IRPF), quepa calificar los rendimientos como derivados del ejercicio de una actividad económica -porque se tenga al menos una persona empleada con contrato laboral y a jornada completa-. Y que la calificación de las rentas como derivadas de actividades económicas  será aplicable cuando el alquiler de la vivienda de uso turístico se complemente con la prestación de servicios propios de la industria hotelera tales como «restaurante, limpieza, lavado de ropa y otros análogos», criterios ya sentados en consultas anteriores.

Dicha posibilidad se establece expresamente en el Rgto. Régimen Sancionador Tributario.

El Tribunal Económico-Administrativo Central, en su resolución de 5 de abril de 2018, resuelve que, debe aplicarse la reducción por conformidad, a pesar de haber suscrito el sujeto pasivo acta de disconformidad, respecto de las regularizaciones a las que expresamente dio conformidad en las alegaciones formuladas frente a tal acta.

En primer lugar, en el caso analizado, en relación al elemento subjetivo de las sanciones, considera el contribuyente que no está suficientemente motivado.