Doctrina Administrativa

Exigencia de cumplimiento intachable de las obligaciones derivadas de la declaración de bienes y derechos en el extranjero

La consulta de la Dirección General de Tributos, de 21 de mayo de 2018, analiza un supuesto de hecho muy peculiar -el de la obligación de consignación en la declaración de bienes y derechos en el extranjero de una cuenta inactiva con saldo 0- que pone de manifiesto el nivel de exigencia hasta el extremo que nuestra Administración tributaria requiere respecto de este tipo de obligación tributaria.

Es una cuestión de máximo interés para nuestras autoridades fiscales la de que todo aquello de lo que son titulares los contribuyentes residentes en el extranjero esté informado y por tanto controlado. Así, la omisión en la declaración de la consignación de una cuenta inactiva sin saldo debe ser solventada mediante la correspondiente declaración complementaria, pudiéndole –no se manifiesta la DGT en términos imperativos sino condicionales- incluso ser aplicada la correspondiente sanción tributaria.

• El desistimiento expreso sin ingreso de una solicitud de aplazamiento en periodo voluntario determina el inicio del periodo ejecutivo al día siguiente del plazo de ingreso en voluntario
• La única actuación de un tercero obligado, ante cualquier modificación respecto del deudor principal o de la relación que mantiene con él, es la de comunicarla a la Administración tributaria
• La inadmisión de la solicitud de suspensión sin garantía determinará la inmediata reanudación del procedimiento de recaudación, considerándose no producida la suspensión cautelar
• La suspensión cautelar concedida con la solicitud de suspensión inicial del contribuyente, debe mantenerse hasta la resolución del incidente por el Tribunal Económico-Administrativo competente
• La mera participación en los préstamos vinculados en el crowdlending no obliga presentar el modelo 720
• Contratar un productor ejecutivo o "por encargo" no supone actuar mediante establecimiento permanente
• El traspaso del Plan Universal de la Mutualidad de la Abogacía a un plan de pensiones está sometido a retención
• Indemnización satisfecha por accesión invertida u ocupación del terreno ajeno
• Compensación de pérdidas patrimoniales de ejercicios anteriores derivadas de operaciones en bolsa realizadas a través de una cuenta bróker
• Aplicación del art. 1.227 CC y prescripción del ITP que gravaba una compraventa realizada mediante documento privado por fallecimiento del vendedor

Ni supone el inicio del procedimiento que habría de resolver la Administración concediendo o denegando el aplazamiento ni la suspensión del inicio del período ejecutivo.

El Tribunal Económico-Administrativo Central, en su Resolución de 28 de junio de 2018, en recurso extraordinario de alzada para la unificación de criterio resuelve que, la mera manifestación de la intención de solicitar un aplazamiento, acreditada en el propio documento de presentación de la autoliquidación en plazo, no puede tenerse por una solicitud de aplazamiento -aunque defectuosa-, al no ir acompañada de los datos y documentos exigidos por el art. 46 del RD 939/2005 (RGR), razón por la cual no puede producir los efectos propios de ella.

Consecuencias de optar por la regla de amortización introducida con la modificación de 2016 del Plan General de Contabilidad relativa al fondo de comercio

La Dirección General de Tributos en su consulta de 22 de junio de 2018 analiza en el ámbito de un grupo de consolidación fiscal, la modificación de 2016 del RD 1514/2007 por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad, relativa al fondo de comercio y su incidencia en el caso de que el mismo no se hubiera amortizado contablemente, pero sí se quiera amortizar posteriormente en la forma específica introducida por la modificación.

Para que no exista ganancia patrimonial es preciso que no haya alteración del patrimonio y no resulte un exceso de adjudicación.

El Tribunal Económico-Administrativo Central, en su Resolución de 7 de junio de 2018, en recurso extraordinario de alzada para la unificación de criterio resuelve que con carácter general, el ejercicio de la acción de división de la cosa común o la disolución de las comunidades de bienes no implican una alteración en la composición del patrimonio, ya que su finalidad es únicamente especificar la participación indivisa que correspondía a cada uno de los copropietarios o comuneros, y a efectos de futuras transmisiones la fecha de adquisición no es la de la adjudicación de los bienes a los comuneros, sino la originaria de adquisición de los mismos. No obstante, la transformación en el patrimonio de la cuota indivisa de la que se era titular al fin en el patrimonio del sujeto pasivo debe transformarse en el valor actualizado de aquella, pero no en más cantidad, porque en ese caso sí existe una alteración de patrimonio.

La cuestión controvertida consiste en determinar si la extinción de un condominio sobre un bien inmueble mediante adjudicación de éste en su totalidad a uno de los comuneros a cambio de la compensación en metálico a los otros determina o no la existencia de una ganancia patrimonial para estos últimos.

Desmarcándose expresamente de lo señalado en consultas anteriores, de 23 de enero de 2017 y 15 de noviembre de 2016, la Dirección General de Tributos entiende que, a efectos de determinar el incremento de fondos propios que establece el art. 25.2 Ley 27/2014 (Ley IS), habrá de atenderse a los fondos propios de las entidades que integran el grupo, es decir, a la diferencia de fondos propios entre el inicio y final del período impositivo en los términos establecidos en el art. 25 LIS existente en el grupo fiscal en el período impositivo de que se trate.

• Valor en aduana cuando existe vinculación entre las partes
• No supone interrupción justificada la solicitud de informe de comprobación de valor no comunicada formalmente al interesado
• En la adjudicación en pago de asunción de deudas, es la transmisión del inmueble y no la cesión de deuda, la que determina el hecho imponible del impuesto
• Bienes adquiridos en régimen de arrendamiento financiero: magnitud sobre la que debe operar el límite del 70% sobre la amortización fiscalmente deducible
• Determinación de la cuantía de la reclamación económico-administrativa cuando en el acto administrativo impugnado se incluyen varias deudas
• Deducción por doble imposición interna: ¿hay que tener en cuenta las participaciones indirectas de las sociedades directamente participadas?
• Posibilidad de modificar el contenido de la Declaración Tributaria Especial -Modelo 750- dentro del plazo que se fijó para su presentación
• No es deducible el IVA soportado por abonos de futbol para clientes
• La devolución del exceso de cotización, en su día deducido fiscalmente, debe imputarse como ingreso del IS en el período impositivo en que se reconoce el derecho a su devolución

La LEC, de aplicación supletoria, daría carta blanca, pero la DGT elude pronunciarse

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 106 Ley 58/2003 (LGT), en los procedimientos tributarios son de aplicación las normas que sobre medios y valoración de la prueba se contienen en el Código Civil y en la Ley 1/2000 (LEC), salvo que la ley establezca otra cosa.Este es el punto de partida de la consulta de la Dirección General de Tributos, de 27 de abril de 2018.

Por otro lado, el art. 299 de la LEC, enumera los distintos medios de prueba, entre los que se encuentran los documentos públicos y, más en concreto, los documentos extranjeros a los que haya de atribuírseles la fuerza probatoria prevista en el art. 319 de la Ley.

La extinción de una comunidad de bienes o condominio está sujeta al IIVTNU cuando la disolución no es total o no se hace de la forma más equitativa

La Dirección General de Tributos en sus consultas 21/2018 y V1001/2018 aclara la tributación correspondiente al IIVTNU en el caso de la disolución de una comunidad de bienes. A pesar de que ambos casos son diferentes podemos extraer como conclusión que en el caso de que se extinga el condominio de todas las fincas, tanto rústicas como urbanas, si la comunidad de bienes se disuelve en su totalidad, sin excesos de adjudicación evitables, y sin compensar con bienes que formen parte de la otra comunidad, no se produciría la sujeción al IIVTNU y por el contrario, si la comunidad de bienes no se disuelve totalmente o si la adjudicación de los bienes no se realiza de la manera más equitativa posible, o  si se producen compensaciones no en metálico, sino con inmuebles de la otra comunidad, nos encontraríamos también ante una permuta, y como tal tributaría en el IIVTNU como transmisión de la propiedad de un terreno a título oneroso. 

• La aplicación del coeficiente de relación al mercado establecido en el ámbito de la normativa catastral resulta inapropiado para la valoración a efectos del Impuesto de Sucesiones
• El inicio del procedimiento de subsanación de discrepancias depende en exclusiva de la decisión interna de la Administración
• La aceptación de la herencia a beneficio de inventario no evita la condición de sucesor del obligado tributario
• Para el cómputo de este plazo del procedimiento inspector no deben descontarse las interrupciones justificadas ni las dilaciones imputables al contribuyente
• Acordada la suspensión del acto impugnado y transcurrido un año desde el inicio de la reclamación económico-administrativa sin notificación de resolución expresa, dejará de devengarse el interés de demora
• Un hórreo de más de cien años está exento del IBI aunque no se haya declarado monumento histórico
• La afección de un inmueble al pago del IBI es compatible con la hipoteca legal tácita
• La DGT apunta un doble gravamen por AJD de los excesos de adjudicación inevitables