Jurisprudencia

Ahora sin matices -no como en la sentencia de 27 de septiembre de 2017-, para imposición directa e indirecta, al cuantificar las operaciones descubiertas sin declarar, el IVA se entiende incluido en la base imponible de la operación

Se publicó en el día de ayer una batería de sentencias del Tribunal Supremo, de 19 de febrero de 2018, con idéntico contenido interpretativo sobre el art. 78.Uno de la Ley 37/1992 (Ley IVA), que fijaban jurisprudencia dentro del entorno del recién estrenado recurso de casación para la formación de jurisprudencia, en lo que tiene que ver con la determinación de la base imponible de las operaciones no declaradas, que son descubiertas por la Administración tributaria y que debe proceder a regularizar.

Duro varapalo del TJUE a Portugal por vincular el derecho a la deducción del IVA en las operaciones de arrendamiento de inmuebles a su suerte en el mercado inmobiliario

La sentencia de 28 de febrero de 2018, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea supone un duro golpe para la Administración tributaria lusa y para las arcas públicas del país vecino.

Los hechos se resumen en que las autoridades fiscales portuguesas regularizaron las deducciones por IVA practicadas por una entidad con el argumento de que los inmuebles que le dieron derecho a deducción, por los que había renunciado a la exención del impuesto, estaban desocupados desde hacía más de dos años, lo que le hacía considerar que ya no se utilizaban para cubrir las necesidades de sus operaciones gravadas, y ello aun cuando está demostrado que dicha sociedad, durante este período, tuvo permanentemente la intención de arrendar dichos bienes con sujeción al IVA y llevó a cabo las gestiones necesarias a tal efecto.

• La repercusión del tributo indebido es la única causa por la que se puede denegar al sujeto pasivo la devolución de un impuesto anticomunitario
• Dictar una providencia de apremio sin haberse resuelto sobre la solicitud de suspensión es un acto nulo de pleno Derecho
• La jurisprudencia comunitaria obliga al TS a relajar la suya en cuanto al incumplimiento del suministrador de gasóleo bonificado de su obligación de acreditar la condición de consumidor final
• Para evitar el abuso en la figura del consejero-delegado el Supremo equipara su régimen de retribuciones al de los administradores
• La responsabilidad patrimonial del Estado legislador por la discriminación de las herencias transfronterizas se amplía a los residentes en terceros Estados
• ¿El principio de igualdad obliga a la Administración a extender de oficio los efectos de la anulación de una liquidación a situaciones idénticas?
• Es procedente la comprobación de valores respecto a una subasta notarial
• Recargo por declaración extemporánea presentada para corregir una deducción por inversiones en el IS aplicada indebidamente
• Renuncia parcial al diferimiento por reinversión de beneficios extraordinarios en ejercicio prescrito
• El socio y administrador que no ejerce funciones directivas se incluirá en la plantilla a efectos de aplicar el tipo reducido en el IS por creación o mantenimiento de empleo

Primero señaló que imponer al prestatario el Impuesto, sin posibilidad de negociación, era abusivo; ahora señala que el reparto debe recaer sólo en la cuota fija del Impuesto porque la cuota variable incumbe al prestatario en exclusiva

En comunicado de prensa publicado por parte del Consejo General del Poder Judicia sobre los recursos de casación núms. 1211/2017 y 1518/2017, planteados ante la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, se anunció que el Pleno de la Sala había revisado su jurisprudencia anterior –Véase sentencia de 23 de diciembre de 2015–, en la que señalaba que obligar al prestatario/consumidor a asumir los gravámenes –como un gasto más de los de constititución- que lleva asociados el otorgamiento de un préstamo hipotecario mediante el uso de cláusulas en los contratos bancarios tipo, que no permitían negociación alguna, era una práctica abusiva y por esa razón nula, para matizarla ahora concretando cuál debe ser el reparto entre las cargas impositivas que se devengan por ese tributo en la realización de este tipo de operaciones.

Según informó el propio Tribunal Constitucional mediante su NOTA INFORMATIVA nº 17/2018, el Tribunal ha declarado en su sentencia de 18 de febrero de 2018 inconstitucional y nulo el art. 4.Dos de la Norma Foral de Gipuzkoa 13/2012 (Modificaciones tributarias), que eliminó la exención del pago del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados para “la Iglesia Católica y las iglesias y confesiones y comunidades religiosas que tengan suscritos acuerdos de cooperación con el Estado español” recogida en el art. 41.I.A).d) Norma Foral 18/1987 de Guipuzkoa (ITP y AJD), bajo el argumento de que la dimensión externa del derecho fundamental a la libertad religiosa, que se traduce en la posibilidad de ejercicio de aquellas actividades que constituyen manifestaciones o expresiones del fenómeno religioso, se encomienda al legislador estatal y no sólo en la tarea de materializar los Acuerdos con las diferentes confesiones religiosas reconocidas en nuestro ordenamiento jurídico, sino también en la de facilitar la práctica efectiva de las creencias religiosas y de sus actos de culto, así como la participación de los ciudadanos en los mismos, a través de medidas, como son la concesión de un régimen fiscal especial para las iglesias, confesiones y comunidades que las representan.

Se aclara la confusión en la interpretación del art. 89.Cinco Ley 37/1992 (Ley IVA) planteada por la demanda, señalando que existen dos plazos sucesivos: uno para rectificar las cuotas impositivas repercutidas (4 años, con independencia de si la rectificación es al alza o a la baja), y otro, para que el sujeto pasivo regularice su situación tributaria (1 año si la rectificación es a la baja y regulariza mediante declaración-liquidación)

El Tribunal Supremo, en su sentencia de 5 de febrero de 2018 aclara la confusión de plazos que se le plantea por la recurrente, esquematizando el art. 89 Ley 37/1992 (Ley IVA) y asociando a cada uno de los supuestos que se regulan en él, el plazo a que están sometidos en orden a la regularización del IVA que se requiere ejecutar tras la modificación de la base imponible por las causas del art. 80 de la norma.

Aunque la inexistencia de incremento de valor del terreno es la cuestión más discutida y sin duda la más importante en las numerosas causas que se vienen resolviendo acerca del IIVTNU, coloquialmente conocido como plusvalía, existen otros muchos aspectos de este tributo que los contribuyentes están cuestionando ante los tribunales

Sobre el tema estrella, la inexistencia del incremento de valor del terreno y más concretamente, debido a la imposibilidad de su determinación, se pronuncia el Juzgado de lo Contencioso Administrativo n.º 6 de Las Palmas en su sentencia de 29 de enero de 2018, que no admite otra solución distinta a la anulación de las liquidaciones y reitera la necesidad de que el legislador reformule el impuesto.

En otra sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón de 15 de noviembre de 2017, se aborda el tema del devengo del impuesto anulando el precepto de la ordenanza aplicado en las liquidaciones impugnadas.

Las modificaciones introducidas a raíz del incumplimiento de España que declaró la STJUE de 26 de septiembre de 2013 no han ajustado correctamente nuestra norma interna a las directrices comunitarias. Un nuevo pronunciamiento en un asunto entre Comisión/Alemania pone al descubierto normas que deben modificarse en el futuro inmediato

La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 8 de febrero de 2018, da la razón a la Comisión Europea y declara que la República Federal de Alemania ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del art. 73 así como de los arts. 306 a 310 de la Directiva 2006/112/CE del Consejo (NFL010148) (Sistema Común del IVA), al excluir del régimen particular de las agencias de viajes los servicios de viaje prestados a sujetos pasivos que utilizan estos servicios por necesidades de su empresa y al permitir a tales agencias, en la medida en que se les aplica el citado régimen particular, determinar de manera global la base imponible para grupos de servicios y por cada periodo imponible. Lo que supone este pronunciamiento, al igual que ya sucediera en un caso similar con España, es que no se puede determinar de manera global la base imponible.

• Si un Estado miembro ha elegido un sistema de tanto alzado para calcular los intereses de demora de las devoluciones de IVA, no cabe corregir a la baja si resultan excesivos
• Los préstamos intragrupo entre sociedades establecidas en diferentes Estados miembros deben gozar del mismo régimen fiscal que si la operación fuera interna
• La Administración carga contra la AN por no considerar dilación indebida la ampliación de un plazo hasta su máximo concedida a un contribuyente inspeccionado
• Hay que aclarar si la extinción del condominio con adjudicación a uno y reembolso al resto de su parte tiene o no coste en ITP y AJD
• ¿Hay una indemnización mínima obligatoria con derecho a la exención en el IRPF asociada a los contratos de alta dirección?. El TS acepta dirimir entre la doctrina social y la contenciosa
• La falta de acuerdo de ampliación de las actuaciones y la buena fe reiterada del obligado tributario confirman la prescripción de la deuda y la condena en costas a la Administración
• No es deducible el fondo de reversión si supone un doble cómputo de las amortizaciones, pero sí hay que tener en cuenta los gastos
• Los plazos establecidos para la continuación de las actuaciones tras la retroacción son también aplicables cuando son devueltas por el Ministerio Fiscal tras su remisión
• Si se concedió la exención en el IBI a la fundación también debe reconocerse en el IIVTNU
• No están exentos del IBI los monumentos históricos en los que se desarrollen actividades económicas

Según el Tribunal Supremo no tiene legitimación quien no soporta la carga fiscal

En sentencia de 13 de febrero de 2018, el Tribunal Supremo ha formado jurisprudencia sobre la cuestión de si procede o no la devolución del Impuesto sobre Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos, coloquialmente conocido como “céntimo sanitario”, cobrado indebidamente en función de lo señalado por la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 27 de febrero de 2014 por el sujeto pasivo «repercutidor».