Jurisprudencia

• El TJUE vuelve a señalar que discriminar a las rentas provenientes de Estados extracomunitarios lesiona la libre circulación de capitales
• Las Comunidades autónomas no pueden solicitar al Estado transferencias con cargo a la recaudación de las tasas judiciales para financiar la justicia gratuita
• El Supremo fijará jurisprudencia sobre si es posible ampliar de facto la extensión de un procedimiento de inspección
• A debate si el responsable solidario puede impugnar la responsabilidad subsidiaria que fundamenta la suya por no haberse declarado fallido al deudor principal
• El Supremo determinará si las prestaciones recibidas de los planes de pensiones se pueden minorar en las cantidades que se pudieron reducir y no redujeron
• Calificación, conflicto y simulación no son intercambiables para el Supremo, que fijará jurisprudencia sobre los límites de la Inspección en su aplicación
• Se pueden modificar las reglas de reparto de las UTEs pero, si no se elevan a escritura pública, no afectan a la Administración tributaria
• Las limitaciones reglamentarias a la deducción en IRPF de los gastos de los vehículos de uso mixto no son un exceso
• Condena en costas al Estado y a la CAM por insistir en incluir en las herencias de los inversores fallecidos el total de los fondos depositados en Fórum Filatélico
• El último saldo conocido no puede servir de base para liquidar el Impuesto sobre el patrimonio

La sentencia del Tribunal Supremo, de 5 de septiembre de 2018, ha establecido que no concurren los requisitos legales para que las Diputaciones forales vascas respondan, en concepto de responsabilidad patrimonial, frente a empresas que fueron beneficiarias en su día de las denominadas ‘vacaciones fiscales vascas’ y que se vieron obligadas a su reintegro con intereses en ejecución de la Decisión de la Comisión Europea, de 2001, que las consideró ilegales. Los magistrados argumentan que “la devolución de los importes a que se vio obligada la recurrente, no constituyen un daño que la misma no tuviera el deber de soportar, sino el mecanismo de regreso a la situación de la equidad empresarial y competencial”.

Si la desidia no es por mala fe o abuso del Derecho procesal, y así lo justifica la Administración, la prueba deberá ser aceptada. Además, aunque el procedimiento se centra en la revisión administrativa, el TS lleva los límites de su respuesta hasta la revisión en sede jurisdiccional

La sentencia del Tribunal Supremo de 10 de septiembre de 2018 echa por tierra el planteamiento de la Audiencia Nacional en la instancia quien, en términos muy contundentes, se mostró reacia a que se admitieran pruebas en la revisión económico-administrativa que no se hubieran aportado por el interesado en el procedimiento de gestión tributaria en actuación negligente, y ello con fundamento en los términos del art. 112 Ley 30/1992 (LRJAP y PAC) que señala que “no se tendrán en cuenta en la resolución de los recursos hechos, documentos o alegaciones del recurrente cuando, habiendo podido aportarlos en el trámite de alegaciones, no lo haya hecho”.

A juicio del Alto Tribunal, los datos escriturados deberían ser suficientes para desplazar al Ayuntamiento liquidador la carga de acreditar en contra, de modo bastante, que los precios inicial o final son mendaces o falsos, o no se corresponden con la realidad de lo sucedido

La sentencia del Tribunal Supremo, de 17 de julio de 2018, repasa su propia jurisprudencia, compendiada en su reciente pronunciamiento de 9 de julio de 2018 sobre el tratamiento legal que se hace en el RDLeg. 2/2004 (TRLHL) de las transmisiones con pérdida de valor en el Impuesto sobre Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana y las consecuencias de su inconstitucionalidad parcial declarada por la STC 59/2017, de 11 de mayo. Así, señaló que:

El TSJ de Castilla-La Mancha considera que no se puede alterar un acto administrativo, dictado con plenitud de sus presupuestos legales y de hecho como fue la liquidación provisional del ICIO partiendo de interpretaciones jurisprudenciales ulteriores, cuestión sobre la que el TS deberá manifestarse debido a la existencia de interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia en esta cuestión.

La sentencia del TSJ de Castilla-La Mancha de 23 de abril de 2018 confirma la sentencia de instancia por cuanto el recurrente no ha logrado con este recurso de apelación desvirtuar su fundamentación jurídica. Esta Sala ha venido posibilitando que la Administración local pueda modificar, con ocasión de la liquidación definitiva, y en tanto no se haya superado el plazo prescriptivo, la base imponible del impuesto, si se ha realizado una actuación de comprobación e investigación en orden a determinar los costes reales y efectivos de la obra, en el sentido de comprobar sí el coste previsto en cada una de las partidas del presupuesto visado, se corresponde finalmente con el coste en que realmente se ha incurrido en cada partida; o sea, si una vez finalizada la obra, el coste real y efectivo de cada partida ejecutada ha sido mayor o menor del presupuestado, pero no se puede alterar un acto administrativo, dictado con plenitud de sus presupuestos legales y de hecho; partiendo de interpretaciones jurisprudenciales ulteriores.

Es inadmisible que una sociedad del grupo deba tributar por el recurso cameral permanente sobre una base irreal, que no se corresponde con importe líquido teórico que se habría ingresado de haberse tributado individualmente, y que no haya mecanismos tributarios para fijar cuál es el correcto importe líquido teórico.

En la sentencia de 25 de mayo de 2018, el TSJ de Baleares considera que debe anularse la liquidación impugnada ya que como argumenta la empresa recurrente no está abonando el recurso cameral permanente que le correspondería individualmente sobre la base de los importes líquidos teóricos que habrían de ser ingresados en régimen de tributación independiente en el Impuesto sobre Sociedades, pues en ningún caso tributaría por el IS/2008 con una base líquida de 3.193.891,53 €, sino que al tributar el IS por régimen de consolidación fiscal se operaría el ajuste contable declarado en el modelo 220.

No se puede asumir, es que anulada la imputación de un rendimiento en un ejercicio, no se corrija correlativamente la cuota que se hubiera correspondido con una menor base imponible provocada por el cambio tarifa. 

La sentencia de la Audiencia Nacional de 16 de mayo de 2018 anula la resolución impugnada pues la Administración revisora no debió desplazar al contribuyente la rectificación de las declaraciones de otros dos periodos impositivos para modificar la imputación de los rendimientos y con ellos la de los ingresos a cuenta, con el límite de la prescripción. Le correspondía y corresponde a la Administración llevar a cabo esta tarea a través de los diversos procedimientos de aplicación de los tributos de los que dispone. Lo que no se puede asumir, es que anulada la imputación de un rendimiento en un ejercicio, no se corrija correlativamente la cuota que se hubiera correspondido con una menor base imponible provocada por el cambio tarifa.

La necesidad permanente de desplazamiento en las tareas comerciales o de representación existe con independencia de que sean realizadas por autónomos o por trabajadores por cuenta ajena

La sentencia del Tribunal Supremo, de 19 de julio de 2018, se reafirma en el planteamiento vertido en sus sentencias del pasado mes de febrero en el sentido de que las presunciones de deducción -total o parcial- del IVA asociado a la adquisición de vehículos afectos a las actividades económicas contenidas en el art. 95.Tres.2.º de la Ley 37/1992 (Ley IVA), no son más que eso, y no una suerte de determinación apriorística del porcentaje de deducción.

En consecuencia, la afectación podrá ser probada por el interesado, pudiendo llegar a demostrar incluso una afectación total, más allá de los supuestos que la norma entiende –presumiblemente- afectados en su totalidad (vehículos mixtos para transporte de mercancías, para transporte de personas mediante contraprestación, para la enseñanza de conductores, para la realización de pruebas o publicidad, los asociados a servicios de vigilancia…y los utilizados para los desplazamientos profesionales de los representantes o agentes comerciales).

Según el Supremo es de obligada aplicación, pero ni reinicia ni suspende el plazo de prescripción, que sigue teniendo origen en la liquidación tributaria

Según la sentencia del Tribunal Supremo de 11 de junio de 2018, bien es verdad que el efecto directo del Derecho Comunitario y de las sentencias del Tribunal de Justicia no solo autoriza, sino que obliga, a tomar en consideración sus decisiones y, por tanto, si se declara que un determinado régimen de una institución es contrario al Derecho de la Unión, debe surtir sus efectos, entre los que se encuentran el de reparar el perjuicio ocasionado a los ciudadanos por dicho incumplimiento de la norma de la Unión.

Pues bien, es patente que la identidad entre la regulación de la consolidación fiscal en los Países Bajos –declarada contraria al Derecho de la Unión en la STJUE de 12 de junio de 2014- y España era de todo punto similar cuando condicionaban su aplicación a que los domicilios sociales de las sociedades vinculadas estuvieran sujetas, en todo caso, a sociedades principales con domicilio en España -art. 67.1. RDLeg. 4/2004-.

Para el Supremo es del todo imposible imputar infracciones, del tipo que sea, a la sociedad si concurre dolo, aunque sí mediando negligencia

Así de contundente se muestra el Tribunal Supremo en su sentencia de 17 de julio de 2018 en la que los hechos se resumen en que una sociedad contabilizó facturas irregulares -por cuanto no se correspondían con bienes adquiridos realmente-, que fueron confeccionadas a sus espaldas por el Director General de la compañía, quien tenía plenos poderes tanto para la emisión de aquellos documentos como para ordenar el pago. La jurisdicción penal sobreseyó el procedimiento penal abierto por delito contra la Hacienda pública contra la sociedad, al no considerar su participación en los hechos, si bien el procedimiento sancionador también abierto en vía administrativa y posterior contencioso-administrativo culminó en imposición de sanción tributaria.