Jurisprudencia

Se ha dado una última vuelta de tuerca al debate generado por la modificación del régimen de las tasas judiciales operado por la Ley 10/2012 (Tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses), que tantas idas y venidas ha suscitado en los últimos meses en todo tipo de estamentos: judiciales, políticos, sociales…

Pues bien, hoy toca hacer referencia a la valoración que sobre esta regulación ha hecho el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, a través de su sentencia de 27 de marzo de 2014, o más bien a su falta de valoración, en tanto cuestiones procedimentales le han impedido entrar a valorar.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en respuesta a cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo (Vid., auto TS, de 9 de febrero de 2012, recurso nº  7199/2004) a raíz de un recurso planteado por una de nuestras más importantes entidades bancarias, ha hecho pública su sentencia de 20 de marzo de 2014, en la que viene a dar luz verde al régimen de las transmisiones patrimoniales por equiparación (las transmisiones de inmuebles solapadas a través de transmisiones de participaciones en entidades cuyo activo está principalmente compuesto por bienes inmuebles) establecido en el art. 108 Ley 24/1988 (Mercado de Valores), conforme al cual se habilita a someter ese tipo de operaciones al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, privándoles de la exención reconocida a las transmisiones de valores en general.

El Tribunal Supremo, mediante auto de 4 de marzo de 2014, ha señalado que el recurso de revisión de sentencias firmes, no cabe en el concepto general de procesos declarativos utilizado por la Ley 10/2012, de 20 de noviembre en su artículo 2 a), para definir el hecho imponible de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional, por la naturaleza extraordinaria y excepcional de dicho recurso, que viene determinada por la exigencia de un presupuesto esencial y a la vez excepcional como es la presencia de una resolución judicial firme dictada en un procedimiento anterior, es decir, dado que la tasa judicial es un tributo, su aplicación debe partir de un criterio de interpretación restrictiva de los supuestos constitutivos del hecho imponible, lo que afectara a todos los órdenes jurisdiccionales.

La Audiencia Nacional (AN), que hasta ahora había mantenido una posición contraria a la posibilidad de que la Administración pudiera modificar, con ocasión de la comprobación del ejercicio en que se compensan, las bases imponibles negativas (BIN) de ejercicios prescritos -ver, entre otras, las sentencias de 19 de diciembre de 2013, recurso nº 89/2011, de 24 de octubre de 2013, recurso nº 358/2010, y otra de misma fecha, recurso nº 410/2010, acoge la reciente jurisprudencia del TS (6 de noviembre, 14 de noviembre y 9 de diciembre de 2013 que se citan en la sentencia de la AN) que admite la posibilidad de corregir las BIN de periodos prescritos y otorga a la Administración, en toda su extensión, sin límite por razón de la prescripción, la facultad de comprobación de las mismas.

• Si se conocen los datos necesarios para regularizar una situación tributaria se debe formalizar acta aunque las actuaciones continúen respecto de otros ejercicios o impuestos
• La pertenencia a un grupo de sociedades no supone una limitación a la exención en el IAE por inicio de actividad
• Las deudas asumidas por un pariente en ejercicio de sus obligaciones como tutor del causante son deducibles de su herencia
• La reducción por arrendamiento de vivienda también se aplica a los rendimientos negativos
• Solicitud de división de la obligación tributaria: excepción a la regla de la solidaridad que vincula a todos los sucesores mortis causa
• Designar a la pareja de hecho como beneficiaria de una póliza de seguros sirve como prueba de la convivencia

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, de 11 de diciembre de 2013, aborda una situación curiosa, cual es la de la consolidación de la deducción por inversión en la construcción de la vivienda habitual dándose la circunstancia de que el contribuyente -y adquirente- ha ocupado la vivienda antes de la finalización de la construcción, al no hacerse cargo la promotora del remate final de la misma.

Acaba de hacerse pública la sentencia del Tribunal Supremo, de 30 de enero de 2014, en la que se analiza la cuestión del devengo de las entregas de bienes en el Impuesto sobre el Valor Añadido, en operaciones en las que no coinciden la entrega de la posesión y el otorgamiento del título de adquisición.

Recuerda el Tribunal Supremo algo incuestionable por su constante reiteración y es que en nuestro Derecho interno la transmisión de la propiedad se produce con la conjunción del título y el modo (art. 1462 CC) de tal modo que, o tienen lugar ambas, o la transmisión no se entiende producida.

• Una factura emitida de manera errónea supone la pérdida del derecho a la deducción de un IVA indebidamente pagado 
• El retraso en la inscripción de una operación societaria no evita la vinculación que se deriva de ella
• La existencia de sentencias en el sentido de la actuación del obligado tributario eliminan la sancionabilidad de su conducta
• El pago por un tercero de la deuda por IVA impide la exigencia de intereses de demora al sujeto pasivo por inversión
• La prueba de la afección total de los vehículos a la actividad en el IRPF es complicada pero posible
• No procede la adición a la herencia de los bienes que el heredero demuestra no han llegado a su poder
• Transmisión por telefax de escritos: la fecha y hora de recepción es la que se entiende como válida a efectos del cómputo de plazos 
• Lo verdaderamente importante del “certificado de estar al corriente de las obligaciones tributarias” es su realidad material, no la formal
• La revisión de las notificaciones de deudas tributarias que se recaudan en asistencia a otro Estado miembro no compete a los tribunales españoles
• El vínculo por afinidad desaparece con la muerte del pariente consanguíneo  

La sentencia del Tribunal Supremo, de 12 de enero de 2014, dictada en recurso de casación para la unificación de doctrina, concluye que al abordar la concurrencia de la aplicación de la deducción de I+D nos enfrentamos con conocimientos de carácter científico y técnico en orden a determinar cuándo estamos ante la novedad de un proyecto, producto o sistema, lo cual descansa sobre nociones que poseen un decisivo componente técnico valorativo que, evidentemente, sobrepasa el ámbito de los conocimientos científicos o técnicos que cabe presumir, en primer lugar, en los funcionarios de los servicios de Inspección, y después, en los encargados de las funciones de revisión, con carácter general.

Por fin hoy ha sido publicada oficialmente la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 27 de febrero de 2014, que contiene el pronunciamiento del Tribunal al respecto de la eventual vulneración, confirmada categóricamente, del Derecho de la Unión de nuestro Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos (en adelante, IIVTNU).

Comienza el Tribunal por recordar que la norma que ampara su establecimiento, el art. 3 Directiva 92/12/CEE del Consejo (Régimen general, tenencia, circulación y controles de los productos objeto de II.EE.), señala que los hidrocarburos podrán estar sujetos a impuestos indirectos distintos del impuesto especial establecido por dicha Directiva si, por una parte, esos impuestos indirectos persiguen una o varias finalidades específicas, y, por otra parte, respetan las normas impositivas aplicables en relación con los II.EE. o con el IVA para la determinación de la base imponible, la liquidación, el devengo y el control del impuesto, requisitos que tienen carácter cumulativo.