Jurisprudencia

El TJUE anula parcialmente la Decisión de la Comisión sobre Ayudas de estado relativa al «sistema español de arrendamiento fiscal» ya que la recuperación de la totalidad del importe de la ayuda contemplada en dicha Decisión fue ordenada sobre la base de una identificación errónea de los beneficiarios.

En un comunicado de prensa se adelanta el fallo del TJUE en los asuntos acumulados C-649/20 P; C-658/20 P y C-662/20 P que anula parcialmente la Decisión 2014/200/UE de la Comisión, de 17 de julio de 2013, relativa a la ayuda estatal SA.21233 C/11 (ex NN/11, ex CP 137/06) ejecutada por España — Régimen fiscal aplicable a determinados acuerdos de arrendamiento financiero, también conocidos como sistema español de arrendamiento fiscal en la que la Comisión consideró que tres de las cinco medidas fiscales que conformaban el «sistema español de arrendamiento fiscal» (en lo sucesivo, «SEAF») constituían una ayuda estatal, en el sentido del art. 107.1 TFUE, que revestía la forma de ventaja fiscal selectiva, parcialmente incompatible con el mercado interior. Y dado que la ayuda en cuestión se había ejecutado desde el 1 de enero de 2002 sin haberse cumplido la obligación de notificación, la Comisión instó a las autoridades nacionales a recuperarla de los inversores, esto es, de los miembros de las agrupaciones de interés económico (en lo sucesivo, «AIE»), tal y como había apuntado el Abogado General en sus conclusiones.

Según la Comisión el objetivo del SEAF consistía en proporcionar ventajas fiscales a las AIE y a los inversores que participaban en ellas, las cuales transferían posteriormente una parte de tales ventajas a las empresas navieras que compraban un buque nuevo, pues este régimen permitía que las empresas navieras obtuvieran unos descuentos de entre un 20 % y un 30 % del precio al adquirir buques construidos por astilleros españoles, en detrimento de las ventas de los astilleros de otros Estados miembros.

Durante esta segunda quincena del mes de enero de 2023, el Tribunal Supremo, además del cambio de criterio respecto a los intereses de demora contenido ene su sentencia de 12 de enero de 2023, y el auto de 18 de enero de 2023, planteando la cuestión referida a los efectos de la inconstitucionalidad del IIVTNU de la STC 182/2021 a efectos de considerar una situación consolidada que impida su revisión con base a dicha sentencia ha publicado distintos recursos de casación para aclarar determinadas cuestiones fiscales sobre las que no existe jurisprudencia o es necesario que el Tribunal se pronuncie para fijar un sentido unívoco respecto así como ha resuelto distintas cuestiones que se le habían planteado.

Cambiando su criterio anterior, que consideraba afirmó que los intereses de demora abonados por la Agencia Tributaria al efectuar una devolución de ingresos indebidos no están sujetos al IRPF, el Tribunal fija como doctrina que "los intereses de demora abonados por la Agencia Tributaria al efectuar una devolución de ingresos indebidos se encuentran sujetos y no exentos del impuesto sobre la renta, constituyendo una ganancia patrimonial que constituye renta general.

El Tribunal Supremo en su sentencia de 12 de enero de 2023,  cambia su doctrina que consideraba que los intereses de demora abonados por la Agencia Tributaria al efectuar una devolución de ingresos indebidos no están sujetos al IRPF, el Tribunalfija como doctrina que "los intereses de demora abonados por la Agencia Tributaria al efectuar una devolución de ingresos indebidos se encuentran sujetos y no exentos del impuesto sobre la renta, constituyendo una ganancia patrimonial que constituye renta general.

Hasta ahora, el Tribunal Supremo estimaba que los intereses de demora abonados por la Agencia Tributaria al efectuar una devolución de ingresos indebidos no están sujetos al IRPF, tal y como se puso de manifiesto en la STS de 3 de diciembre de 2020, recurso n.º 7763/2019.

La difícil conciliación de los efectos de la declaración de inconstitucionalidad declarados en la en la STC 182/2021, de 26 de octubre de 2021, en relación con las liquidaciones que, a pesar de no haber adquirido firmeza, a esta fecha no habían sido impugnadas debiendo precisarse si ha de estarse a la fecha del dictado o de la publicación de la citada sentencia para discernir si se trata una situación consolidada o no y si procede su impugnación.

El auto del Tribunal Supremo de 18 de enero de 2023,  se pone de relieve la necesidad de que el Tribunal precise si ha de estarse a la fecha del dictado o de la publicación en el BOE (25 de noviembre de 2021) de la STC 182/2021, de 26 de octubre de 2021, para discernir si se trata una situación consolidada o no y si procede su impugnación con fundamento en la declaración de inconstitucionalidad que realiza.

• El alcohol etílico utilizado en aromatizantes (y en su preparación) para bebidas no alcohólicas con grado alcohólico inferior 1,2 %, está exento de los Impuestos especiales sobre el alcohol y las bebidas alcohólicas de la Directiva 92/83/CEE
• El TGUE considera que supone una ayuda de Estado prohibida por el TFUE la exención sueca en los impuestos especiales aplicable a la compra de biogás que sí se exigen a la compra de gases fósiles, como el gas natural, destinados a los mismos usos
• La eventual labor de la socia no era la propia de alguien subordinado y dependiente de la sociedad sino la propia de un socio, propietario del negocio, por lo que se trata de una retribución de fondos propios
• Una avería que reduzca la actividad de la refinería no permite inaplicar el método de estimación objetiva del impuesto castellanomanchego sobre determinadas actividades que inciden sobre el medio ambiente sin sistemas de medida y registro de emisiones
• Debe aplicarse la compensación de la base imponible negativa, aun sin figurar en la liquidación, ya que la entidad recurrente no podía conocer la BIN hasta la liquidación practicada por la Administración a la entidad participada
• Tras analizar las circunstancias concurrentes en el presente caso, se concluye que había una expresión inequívoca de voluntad de la recurrente de presentación temporánea de la autoliquidación, no procediendo recargo alguno
• El informe pericial aportado por la recurrente, que concluye que la operación de canje de valores realizada tuvo motivos económicos válidos extrafiscales, no ha sido desvirtuado por las actuaciones de la inspección, aunque exista ahorro fiscal
• Procede la devolución como ingreso indebido del embargo derivado de la deuda del ISD ante la indeterminación de los bienes que constituían el caudal hereditario y sobre el que se calculó dicha cuota
• La calificación del crédito derivado del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) debe ser como privilegio general y no como privilegio especial
• La limitación de efectos de la declaración de inconstitucionalidad del IIVTNU de la STC 182/2021 debe interpretarse de forma estricta y no puede entrar en vigor antes de la publicación de dicha sentencia en el BOE

A juicio de la Sala la inclusión de los rendimientos obtenidos por las actividades realizadas por “El Rubius” en la declaración de la sociedad y no en la del socio persona física -único que los generó-, determinó una tributación inferior a la que correspondía por aplicación del valor de mercado, toda vez que la persona física no tributó por esos ingresos en el IRPF, lo que no se compensa con la cuota que corresponde a la entidad vinculada por el Impuesto sobre Sociedades.

El TSJ de Madrid, en su Sentencia de 26 de octubre de 2022, analiza si fue correcta la tributación que realizó el youtuber conocido como “El Rubius” a través de su sociedad SNOFOKK, S. L. (anteriormente denominada EL RUBIUS OMG SL,). La Sala estima que correspondían al socio los ingresos percibidos por la sociedad vinculada en virtud de la actividad realizada por aquél, siendo indudable que lo que vale el servicio prestado por dicha persona física es el valor del servicio facturado por la entidad actora a terceros. La sociedad carecía de medios personales y de estructura organizativa propia, al margen del socio, para prestar los servicios antes reseñados, que era una actividad personalísima de aquel.

La Sala, tras hacer un breve resumen de los hechos acontecidos hasta la fecha y de las posiciones de las partes, comienza poniendo de manifiesto que en el ejercicio 2013 los ingresos percibidos por la entidad con motivo de las actividades en las que intervino el socio como elemento esencial de la prestación de los servicios ascendieron a 230.344,00 euros.

La parte actora alega que una parte de los ingresos de la sociedad que se imputan al socio son abonados en el ejercicio siguiente al que son declarados por la sociedad. Pero, considera la Sala, este argumento no permite alterar el importe antes reseñado, que se corresponde con los ingresos obtenidos y declarados por la entidad recurrente en el ejercicio objeto de comprobación.

Y en ese mismo periodo, la sociedad retribuyó a su socio con 98.760,58 euros por la prestación de sus servicios profesionales, coincidentes con los que la sociedad prestaba a terceros independientes, que consisten en la intervención directa y personal del socio al realizar y participar en los vídeos que incorpora al canal de Youtube "EL RUBIUS OMG SL", siendo la retribución un importe por un número determinado de visitas, redireccionamientos a otras web al entrar en los vídeos de "El Rubius", promoción de determinados productos en los referidos vídeos, participación en eventos relativos a videojuegos, etc.

Considera la Sala que el acuerdo de la Junta general fijando la retribución de los consejeros no puede equipararse a la fijación de las retribuciones en los estatutos, pues tal acuerdo no supone una modificación de los estatutos y, como se ha indicado, en el presente caso no se han aportado por la sociedad los estatutos, por lo que no puede suponerse que en ellos se hayan fijado unas retribuciones a los administradores.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en su Sentencia de 3 de noviembre de 2022, analiza por un lado si son deducibles las retribuciones satisfechas a los consejeros de la sociedad y por otro lado la regularización de la deducción por reinversión de beneficios extraordinarios.

Comienza la Sala analizando las retribuciones satisfechas a los consejeros de la sociedad, dejando constancia de que, en el presente caso, la determinación de la retribución de los consejeros por un máximo del 10% de los beneficios se realiza, según la documentación aportada, mediante acuerdo de la Junta General.

La Audiencia Nacional considera que no cabe incluir una deuda en el listado de deudores relevantes de la Hacienda Pública cuando para la fecha de elaboración del listado, la deuda estaba suspendida a causa de una solicitud de aplazamiento, aunque con posterioridad se haya ordenado su archivo a causa del incumplimiento de un requerimiento de documentación.

En el caso analizado, la controversia versa sobre la inclusión de la recurrente en el listado de deudores relevantes de la Hacienda Pública que se hace todos los 31 de diciembre.

• El Derecho de la UE se opone a un impuesto sobre actos jurídicos documentados que grave la remuneración de los bancos por los servicios de comercialización de nuevas suscripciones de participaciones en fondos comunes de inversión
• La Directiva 2003/96 se opone a denegar, de forma automática la exención del impuesto de la electricidad solicitada dentro del plazo de liquidación aunque el solicitante no haya respetado el plazo para la presentación de tal solicitud
• Vulnera del derecho a la tutela judicial efectiva la notificación electrónica únicamente por parte de la Agencia Tributaria si ésta resulta infructuosa
• La AN modifica su criterio y resuelve que la producción de software, salvo excepciones, no puede considerarse incluida en el concepto de ingeniería de procesos de producción, ni tampoco en el de diseño industrial
• La Inspección ha aplicado "automáticamente" la mediana, sin explicar y razonar la concurrencia de "defectos de comparabilidad", carga que le corresponde, por lo que debe aplicarse el rango inferior intercuantílico
• La AN confirma que la valoración indiciaria realizada por la Administración tributaria permite sostener razonadamente que la apariencia de préstamo encubría una ampliación de capital
• La Inspección puede acudir a los valores ya comprobados por la Junta de Castilla y León en unas actuaciones de comprobación de valores seguidas en relación con uno de los adquirentes de los inmuebles
• Como la entidad no tiene su domicilio en España, no puede ser la sociedad dominante de un grupo fiscal, de modo que las sociedades que integran ese grupo deben tributar de forma individual
• Quien ostenta la firma electrónica de una sociedad es quien la representa, por lo tanto, no es necesario acreditar la representación de la entidad utilizando los medios que la Administración sugirió en su requerimiento de subsanación
• Aunque la liquidación del IIVTNU no es firme esta debe confirmarse, pues el recurso es posterior a la STC 182/2021 y se debe excluir los efectos de su fallo y el sujeto pasivo no acreditar la posible minusvalía del terreno

Afirma la AN que el hecho de que las sociedades españolas hayan asumido las pérdidas en virtud de los negocios realizados no excluye de plano la posibilidad de la recalificación de estos últimos a efectos fiscales si la naturaleza del negocio que subyace a la forma elegida por las partes es un contrato de mandato y si, como aquí sucede, a través de esa elección las pérdidas se han imputado fiscalmente al mandatario y no al mandante.

La Audiencia Nacional, en su Sentencia de 11 de octubre de 2022, analiza dos operaciones distintas. Por una parte la venta de las participaciones en la filial brasileña y por otra parte la posible deducibilidad de las retribuciones a administradores y consejeros.

Respecto de la primera cuestión, se pone de manifiesto que la regularización tributaria puede efectuarse sin necesidad de acudir a los medios previstos para determinar el valor de mercado de las operaciones vinculadas. [Vid., STS, de 5 de noviembre de 2020, recurso n.º 3000/2018].

Señala la Sala que la regularización controvertida se ha ajustado al esquema fijado por el Tribunal Supremo, pues la Inspección ha fundamentado aquella, por una parte, en el artículo 9 del Convenio entre España y Suecia para evitar la doble imposición, por entender que las operaciones objeto de comprobación carecía de una lógica económica que las justificase. Y, por otra parte, la aplicación de la norma convencional no se ha agotado en sí misma, sino que ha venido acompañada del recurso de la Inspección a la calificación, en la consideración de que los negocios realizados por las empresas asociadas respondían a un contrato de mandato, por lo que su resultado debía imputarse a la mandante y no a las mandatarias.

Se comprueba así que el procedimiento en que se ha fundamentado la regularización que nos ocupa resulta perfectamente acomodado a la normativa y jurisprudencia de aplicación.