Jurisprudencia

A juicio de la AN, la motivación ofrecida por la Administración tributaria en relación a que los márgenes son demasiado amplios no se estima suficientemente expresiva de las razones que avalarían la aplicación de la mediana en el sentido que se ha expresado. Por todo ello, se estima el motivo en este punto y se considera procedente la aplicación del punto más bajo del rango de plena competencia determinado por la Administración tributaria

La Audiencia Nacional, en su Sentencia de 31 de mayo de 2023, analiza el ajuste sobre precios de transferencia efectuado por la Inspección, en concreto en lo que atañe al rango de plena competencia y al punto en el que se debe situar la regularización dentro de ese rango.

Así pues, la Inspección consideró que la valoración de las operaciones vinculadas con las entidades italianas del grupo no respetaba el principio de plena competencia, dado que el precio determinado por la compañía se encontraba fuera del rango de plena competencia determinado por la Administración tributaria.

El Tribunal General se ha pronunciado por segunda vez y declara que la Comisión consideró acertadamente, en 2016, que el régimen fiscal belga relativo a los beneficios extraordinarios infringe las normas de la Unión Europea en materia de ayudas de Estado, ya que la Comisión demostró efectivamente que el régimen controvertido concedió ventajas fiscales a sus beneficiarios, pues las entidades que formaban parte de un grupo multinacional y se acogieron a la exención de los beneficios extraordinarios recibieron un trato diferenciado frente a otras entidades sujetas al impuesto de sociedades en Bélgica que no disfrutaron de dicha exención.

El Tribunal General de Justicia de la Unión Europea en dos sentencias de 20 de septiembre de 2023, asuntos T-131/16  y T 263/16 , T 265/16, T 311/16, T 319/16, T 321/16, T 343/16, T 350/16, T 444/16, T 800/16 y T 832/16 (acumulados) ha confirmado que la Comisión consideró acertadamente, en 2016, que el régimen fiscal belga relativo a los beneficios extraordinarios infringe las normas de la Unión Europea en materia de ayudas de Estado, contrariamente a lo que había concluido en su resolución inicial y que fue anulada por el Tribunal de Justicia de la Unión mediante la STJUE de 16 de septiembre de 2021,  asunto C‑337/19 P (NFJ083333), pues el TJUE declaró que la sentencia inicial adolecía de errores de Derecho al concluir que la Comisión había errado al considerar que en este caso existía un régimen de ayudas y fue anulada, concluyendo que el régimen de exención de los beneficios extraordinarios podía considerarse un régimen de ayudas, en el sentido del art. 1.d) del Reglamento 2015/1589, y le devolvió los asuntos para que se pronunciase nuevamente sobre la calificación de dicho régimen como ayuda de Estado en el sentido del art.107 TFUE.

• El TJUE declara que procede la devolución conforme al art. 110 TFUE del impuesto de matriculación recaudado en contra del Derecho de la UE a un adquirente posterior si las normas nacionales procesales dificultan o impiden la devolución
• La sanción al Reino Unido por el incumplimiento en materia de impuestos especiales aplicables al carburante usado en las embarcaciones privadas de recreo debe atender a su capacidad de pago (PIB) respecto a todo el período de la infracción
• El TJUE estima que se opone a la ejecución de una orden de detención europea cuando la persona buscada ya ha sido juzgada en otro Estado miembro y cumple en él una pena de prisión por el delito declarado en esa sentencia, siempre que sea perseguida en el Estado miembro emisor por los mismos hechos
• El TJUE afirma que el Tribunal General deberá resolver si la deducción de los gastos derivados de las operaciones comerciales aplicable a los casinos públicos alemanes constituye una ayuda de Estado contraria al art. 107 TFUE
• A efectos de la determinación del valor en aduana, la comercialización del lote de mercancías importadas mediante una venta a pérdida constituye un indicio serio del carácter artificialmente elevado del valor de transacción declarado si no se aporta prueba documental de su veracidad
• La AN afirma que la Administración ha rebasado los límites de la potestad prevista en el artículo 13 de la LGT al calificar a los pagos a los Agentes por el Club como rendimientos de trabajo de los jugadores pagados por el Club por cuenta de los jugadores
• Al objeto de admitir la deducibilidad de los gastos por retribución de los administradores en una empresa familiar en el IS, la aprobación de la Junta General es una mera formalidad
• El TSJ de las Islas Baleares señala que, para probar la deducción por gastos de investigación y desarrollo e innovación tecnológica (I+D+i), un informe del Ministerio competente no es la única vía de prueba de la cual dispone el contribuyente
• La consecuencia de no presentar la comunicación de no aplicar el régimen especial de fusiones, escisiones, aportaciones de activos y canje de valores del IS no es su inaplicación, sino la posible comisión de la infracción tributaria
• Se anula la sanción por aceptar pagos en efectivo ya que ante la decisión de pago en metálico de la sociedad alemana no cabía otra opción y la cantidad recibida fue contabilizada y declarada en el IS
• No está justificado negar el acceso a la información relativa al número de entidades, sociedades públicas u organismos obligadas a implantar el nuevo de sistema de facturación TicketBAI, pues no afecta a la intimidad de los obligados tributarios, ni da a conocer datos reservados de estos

La AN anula un requerimiento de información dirigido a un Colegio de Abogados, destinado a recopilar información acerca de todos los informes y dictámenes emitidos por el Colegio referentes a las minutas de sus colegiados

La AN en su sentencia de 29 de junio de 2023 considera que son contrarios a derecho los requerimientos de información, no individualizados, dirigidos a los Colegio de Abogados destinados a recopilar información acerca de todos los informes y dictámenes emitidos por el Colegio referentes a las minutas de sus colegiados, sean como consecuencia de procedimientos de jura de cuentas, reclamaciones judiciales o extrajudiciales, o determinación de costas procesales, pues se trata de requerimientos de información abstractos, genéricos e indiscriminados cuya información no versa sobre las relaciones económicas, profesionales o financieras del Colegio con sus abogados adscritos, sino porque el Colegio tiene ese conocimiento como depositario o conocedor de la información y datos de los colegiados.

Se vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva cuando en los recursos interpuestos desde Canarias contra actos dictados por los órganos administrativos de Canarias, el registro electrónico común de la Agencia Tributaria toma en consideración únicamente la hora peninsular y no la hora de Canarias.

El TSJ de Canarias en su sentencia de 20 de diciembre de 2022 considera que se vulnera el principio de seguridad jurídica, de igualdad y el derecho a la tutela judicial efectiva cuando en los recursos interpuestos desde Canarias contra actos dictados por los órganos administrativos de Canarias, el registro electrónico común de la Agencia Tributaria toma en consideración únicamente a la hora peninsular y no la hora de Canarias, ya que en España, tan oficial es la hora peninsular como la hora de Canarias.

• El TJUE estima que la sanción pecuniaria y la revocación de la autorización de un depósito fiscal ante no se opone al principio de proporcionalidad en caso de una infracción del régimen de impuestos especiales grave
• El TJUE afirma que la salida irregular del régimen suspensivo de un producto sujeto a impuestos especiales impide la concesión de una franquicia del pago del impuesto al depositario autorizado
• El TJUE afirma que la falta de devolución del IVA indebidamente recaudado en un plazo razonable por la Administración debe compensarse mediante el pago de intereses de demora
• Vulnera la Directiva IVA denegar automáticamente la exención de los servicios de transporte relacionados con la importación de bienes y se opone a la libre prestación de servicios exigir únicamente a los no residentes una retención a cuenta del IRNR
• El TJUE se pronuncia sobre la exención en el impuesto sobre la renta de los trabajadores adscritos a proyectos de ayuda al desarrollo financiados con recursos presupuestarios nacionales
• El TS afirma que dada la naturaleza sustancialmente penal de la sanción impuesta y la existencia de una injustificada y extraordinariamente larga dilación en el ejercicio de la potestad sancionadora  se ha vulnerado el principio non bis in ídem
• El TS estima que vulnera el principio de proporcionalidad la sanción por no consignar en la autoliquidación del período correspondiente las cantidades de las que sea sujeto pasivo el destinatario de las operaciones
• El TS reitera que a los rendimientos del trabajo de los administradores y miembros de los consejos de administración sí les resulta aplicable la reducción del 40% (ahora 30%) del art. 18.2 Ley IRPF
• Las remuneraciones de los Consejeros no residentes satisfechas por un establecimiento permanente ubicado en el extranjero no están sujetas a tributación en España
• La AN considera que cuando se anula una liquidación por razones de fondo o sustantivas, la Administración no puede completar lo ya actuado, ni llevar a cabo nuevas comprobaciones o nuevos requerimientos para integrar sus actuaciones
• El traslado del domicilio a la sede de la organización internacional donde se prestan servicios no determina que se adquiere la residencia fiscal allí, pues es preciso que el empleado quede sometido a imposición por obligación personal en ese país
• El TSJ de Canarias rechaza la derogación tácita de la obligación de notificar la inclusión obligatoria en la DEH pese a la entrada en vigor de la obligación de relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas

Durante este mes de agosto, además de la sentencia que anula la obligación para todos los contribuyentes de presentar la declaración del IRPF por medios electrónicos se han publicado numerosos autos planteando nuevas cuestiones al Tribunal entre los que destacamos los siguientes:

Afirma la Sala que la Administración determinó, de hecho, que el proceder del obligado tributario no presentaba ninguna objeción, pese a disponer de la documentación precisa para objetarla en su momento y no lo hizo. De ello, señala la Sala, por pura lógica, la hoy demandante debió inferir que su proceder era correcto, pues, en otro caso, se hubiese dado lugar a la oportuna rectificación impuesta por la administración.
El TSJ de Castilla y León (Valladolid), en su Sentencia de 20 de abril de 2023, analiza si se ha vulnerado por parte de la Administración el principio de seguridad jurídica, contradiciendo sus propios actos y criterios.
Comienza la Sala recordando que no hay una sujeción total a lo actuado, ni al precedente administrativo, de tal manera que es dado a la Administración, en aras de un más adecuado cumplimiento de sus finalidades, alterar sus criterios siempre que ello esté debidamente justificado, es decir, el cambio es posible, pero no llevarlo a cabo de manera arbitraria o sin causa justificada, pues ello determinaría un claro problema de tratamiento indebido con graves posibilidades de tratamiento contrario a los deberes de un criterio objetivo e igualitario para todos, abriéndose camino a la arbitrariedad; el cambio es posible, ciertamente, pero cuando está justificado.
Ahora bien, lo que no es admisible es que se cambie de manera injustificada de criterio, pues cabe que con ese actuar se lesionen los derechos en que se fundamenta todo el ordenamiento jurídico y se entre en un claro ámbito de inseguridad jurídica, al no saberse a qué atenerse en cada momento.
Pues bien, en el caso de autos la discrepancia sobre la que se está tratando deriva de que la Administración valora unos bienes de una determinada manera, mientras que quien es obligada tributaria sostiene que ha venido aplicando el mismo criterio y que el mismo fue puesto en conocimiento de la demandada en otros ejercicios en que se regularizó su situación por el mismo impuesto, sin que ello resultase de ninguna manera alterado o modificado por la Administración, a la que se aportó la documentación correspondiente en lo que atañía a los bienes litigiosos.

A juicio de la Sala, el sustento de la regularización practicada se encuentra plenamente motivado y justificado, siendo sin duda extensas y exhaustivas las actuaciones realizadas con carácter previo a la regularización de la que se extrae la condición de la otra entidad como sociedad instrumental, simulando su condición de importador y asumiendo el riesgo de declarar en aduanas unos valores de mercancías muy inferiores a los reales. Siendo la recurrente la verdadera importadora de los 25 contenedores que constan identificados respecto de ésta al ser descargados en su domicilio social.

El TSJ de Valencia, en su Sentencia de 25 de abril de 2023, analiza si resulta suficientemente probada la existencia de simulación apreciada por la Inspección.

La Inspección consideró que se había simulado que la importación de productos procedentes de China era realizada por una empresa distinta al obligado tributario cuando la realidad es que dichas importaciones eran realizadas por otras empresas distintas, entre las cuales se encuentra el obligado tributario, simulación con la que se pretendía adquirir las mercancías de forma oculta para poder posteriormente realizar la venta también de forma opaca.

En cuanto a la prueba por parte de la Inspección de la simulación de las importaciones realizadas por las citadas empresas y su imputación al importador real, el obligado tributario, se debe tener en cuenta que al no existir una prueba directa se debe acudir a la prueba mediante las presunciones, teniendo en cuenta que la presunción en sí no es propiamente un medio de prueba, sino un mecanismo para la fijación de los hechos relacionados con la prueba, que facilitan el acceso a la prueba a una de las partes, en este caso a la Inspección.

Afirma la Sala que choca frontalmente con el concepto de dietas la fijación de una cantidad fija y diaria, cuando se trata de compensar a quien asume unos gastos que por esencia son variables e indeterminados ab inicio. Por ende, establecer una cantidad fina y periódica para responder más al intento de encubrir una retribución a los administradores, por las tareas de un cargo que es gratuito.
El TSJ de Asturias, en su Sentencia de 19 de mayo de 2023, analiza si son deducibles las  dietas abonadas a los administradores.
Comienza la Sala afirmando que, concretándonos en el concepto de dietas, para poder determinar que el gasto es deducible, lo determinante es acreditar el concepto de dependencia de quien lo origina y tiene derecho a percibirlo, lo que no ocurre si quien los percibe ostenta la condición de administrador con cargo gratuito, pues dicha situación es incompatible con aquélla vinculación que le es demandable, lo cual impide apreciar el beneficio fiscal que, además, requiere ser interpretado de forma restrictiva, sin que sea admisible la analogía.
Cuestión distinta es que se hubiera acreditado debidamente que la actividad desarrollada por los administradores, a las que se vincula la percepción de dietas, fuera distinta a la que es propia y se incardina dentro de las funciones del cargo de administrador, que conllevarían la realización directa y personal de las que son propias del objeto social, lo que choca con la propia exposición fáctica que contiene la demanda en el tercer apartado referido a la deducción por dietas abonadas al trabajador.