Jurisprudencia

La sentencia de la Audiencia Nacional, de 29 de octubre de 2014, analiza las consecuencias fiscales, tanto en orden a la liquidación de la correspondiente ganancia de patrimonio como en orden a la imposición de la correspondiente sanción, derivadas de un supuesto de hecho en el que el contribuyente, aceptando el consejo de su asesor de banca –al menos según él defiende-, fingió la realización de un préstamo al objeto de obtener una garantía a su favor, al haber avalado diferentes operaciones.

La sentencia de la Audiencia Nacional, de 22 de enero de 2015, representa un nuevo capítulo en lo que a la legitimación de los partidos políticos ante la jurisdicción contencioso-administrativa se refiere.

Realmente, los razonamientos jurídicos en los que se ampara el Tribunal a la hora de juzgar no son novedosos, aunque sí lo son, e incluso curiosos, los planteamientos de parte, que intenta abrir la puerta de la legitimación que cree le asiste como partido político para la impugnación directa de las normas, tal vez impulsado por los votos particulares de una sentencia anterior –STS, de 5 de marzo de 2014-, en que ese mismo partido recurría contra otras normas, que criticaban la falta de reconocimiento de su legitimación.

• Primero la AN y ahora el TS eliminan la posibilidad de inexistencia de culpabilidad en el supuesto de falsificación de facturas
• Puede generarse responsabilidad patrimonial de la Administración de no resolver en plazo la solicitud de alteración catastral de un inmueble, si con ello se priva al sujeto pasivo de la aplicación de una norma más beneficiosa
• El TS distingue respecto de la liquidación y de la sanción las consecuencias que una sentencia penal absolutoria con declaración de hechos probados tiene sobre la Administración tributaria
• Ignorar que se es sujeto pasivo del IVA no amplía de uno a cuatro el plazo para repercutir el impuesto
• La indemnización o resarcimiento derivada de la anulación de la transmisión de la marca puede acogerse a la deducción por reinversión de beneficios extraordinarios
• La compra de activos para realizar una actividad a otra sociedad no implica adquirir la titularidad de la actividad y procede la exención en el IAE
• La materialización de la deducción por reinversión se produce cuando se pongan a disposición los elementos patrimoniales, aunque estos estén en fase de construcción
• Una entidad sin ánimo de lucro debe incluirse en el Censo Cameral
• Seis concretas transmisiones de inmuebles no prueban la existencia de actividad inmobiliaria que motive el alta en el IAE
• Si una finca no es urbana en su totalidad, no podrá valorarse como tal y deberá ser considerada como de naturaleza rústica
• A una entidad urbanística considerada como órgano urbanístico municipal no le resulta aplicable la exención en el lIVTNU establecida respecto a las Administraciones públicas
• Los ingresos financieros pueden ser aptos para aplicar la bonificación de Ceuta y Melilla 
• Delimitación del concepto de renta no declarada o incremento no justificado de patrimonio

Este error es el que ha cometido el legislador foral quipuzcoano al establecer en el art. 26.2 de la ya derogada Norma Foral 8/1998 (IRPF) que “La aplicación de esta modalidad de estimación objetiva nunca podrá dejar sin someter a gravamen los rendimientos reales de la actividad económica.

En el supuesto de producirse diferencia entre el rendimiento real de la actividad y el derivado de la correcta aplicación de ésta modalidad de determinación del rendimiento neto, se procederá al ingreso o devolución de la cuota resultante, sin que resulten exigibles el recargo por ingreso fuera de plazo, los intereses de demora o las sanciones.”.

La sentencia del Tribunal Supremo, de 15 de diciembre de 2014, contiene un nuevo debate en lo que tiene que ver con los requerimientos de obtención de información, cual es el de si el requerido puede declinar su obligación de asistencia a la Administración tributaria a pesar de poseer información de utilidad para ella, al no ser titular de una relación económica, profesional o financiera directa con el obligado tributario.

Es el caso de la gestora de un sistema de tarjetas de crédito y débito –recurrente- al que se habían adherido diferentes entidades bancarias, verdaderas titulares de la relación con el cliente, ahora tornado obligado tributario.

Con la sentencia del Tribunal Supremo de 3 de noviembre de 2014 se pone punto y final al litigio que ha mantenido una de las constructoras más importantes de nuestro país frente a la Administración tributaria, quien a pesar de reconocer que la exigencia de la constancia en la memoria de la información relativa a la reinversión no es equivalente en el régimen de diferimiento que en el de deducción, niega el beneficio fiscal a quien no tuvo tal previsión, aunque lo subsanó en el ejercicio siguiente.

• No cabe la interpretación de la interpretación: El TS confirma la ilegalidad de la Orden EHA/2814/2009 sobre la exención de la Iglesia católica en el ICIO
• El TS vuelve a reiterar que los órganos de recaudación no pueden practicar requerimientos genéricos de información
• A pesar de la fricción en el Tribunal, se afirma la sancionabilidad en los supuestos de simulación
• Valorar a precio de mercado no le exige a la Administración comparar con operaciones similares
• La falta de escrupulosidad tanto en el actuar administrativo como del contribuyente no supone la concurrencia de culpabilidad
• El certificado del arquitecto que señala la fecha del fin de la obra es suficiente para acreditar la prescripción del derecho a liquidar el ICIO

La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 18 de diciembre de 2014, contiene una vuelta de tuerca más en lo que tiene que ver con la persecución de las conductas fraudulentas en el entorno del IVA y más en concreto de las operaciones conocidas como “fraude carrusel”, cual es la de que la inexistencia de norma interna en el Estado miembro en cuestión que sirva de instrumento para la eliminación de las conductas fraudulentas no deja de brazos cerrados a sus órganos jurisdiccionales, sino que estos pueden aplicar directamente los principios informadores del ordenamiento comunitario en la materia, reiteradamente puestos de manifiesto por ese mismo Tribunal, en aras de la denegación del beneficio fiscal que concurra, ya sea derecho a la deducción, a la exención o a la devolución del Impuesto.

• El gasto ha de probarse pero no necesariamente de la forma que exija la Administración
• El Tribunal Supremo se reitera en la defensa del consumidor no contribuyente pero obligado al pago del IIVTNU
• La prueba de la cesión de uso de los objetos publicitarios de escaso valor salva su deducibilidad en el IVA
• El contrato de organización de eventos deportivos tributa como canon en el ámbito de la tributación de no residentes 
• Imposibilidad de comprobar las operaciones realizadas en ejercicios prescritos 
• La imputación de las rentas de las operaciones a plazo solo procede cuando se cobran efectivamente

Debemos situarnos en esta ocasión en el entorno del cálculo de la provisión por depreciación de valores en sociedades no residentes, que lo son en países afectados por la inflación, e incluso por lo que se ha venido en llamar hiperinflación, como fue el caso en su día de la República de Argentina.

El art. 12.3 de la Ley 43/1995 (Ley IRPF), que es la norma aplicable a los hechos analizados en la sentencia del Tribunal Supremo de 6 de noviembre de 2014, tenía la siguiente dicción: